Agonía del octubrismo

Como una curiosa casualidad, las elecciones presidenciales y parlamentarias se desarrollarán el 16 de noviembre de este 2025. Se viene a la cabeza aquel ya lejano 15 de noviembre de 2019, cuando las diversas fuerzas políticas convinieron la necesidad de iniciar un proceso constituyente, bajo el argumento de que ya se había iniciado en la calle, de hecho, y como una medida para detener el avance de la violencia, el caos y la destrucción. En esa jornada histórica, vale la pena recordarlo, se restó el Partido Comunista, que no firmó el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución: sí estará este 16 de noviembre, pues la candidata unitaria de la izquierda es precisamente militante del PC. Ironías de la historia.

Es preciso hacer un par de consideraciones. La primera es que hace seis años había un sector importante de la población que efectivamente pensaba que era necesario que Chile tuviera una nueva Carta Fundamental, nacida en democracia y que en su contenido fuera distinta a la vigente. La segunda es que durante noviembre de 2019 se produjo una clara mutación en las convicciones políticas de muchos compatriotas, lo que llevó a que las encuestas reflejaran un creciente apoyo a la necesidad de que hubiera un cambio de Constitución en el país, que aparecía entre los tres primeros problemas nacionales y que representaba toda una novedad, con la aparición de un momento constituyente. Dicha forma de ver las cosas culminó con una gran mayoría de chilenos aprobando el inicio de un proceso constituyente.

A todo lo anterior podemos sumar otros dos aspectos, de carácter político y de naturaleza constituyente. En el primer ámbito, emergió el deseo expreso de cambiar radicalmente el orden existente, reflejado muy bien en una frase del entonces candidato Gabriel Boric (en julio de 2021): “Chile, que fue la cuna del neoliberalismo, será también su tumba”. El segundo aspecto es el carácter que asumió la revolución de octubre, que devino rápidamente en constituyente y que se reflejó de forma clara en el proyecto de la Convención, ajeno a la tradición constitucional de Chile y ciertamente contradictorio con la Carta vigente. Esos excesos, reflexionarían incluso algunos partidarios, terminaron por pasar la cuenta.

¿Por qué volver sobre estas consideraciones este 2025, cuando se ha iniciado un nuevo proceso electoral? La explicación es histórica y de actualidad. Lo que ha ocurrido en estos seis años es que Chile pasó desde una voluntad revolucionaria, de cambios estructurales, hacia una situación que incluye elementos contrarrevolucionarios o posturas más matizadas. De esta manera, podemos considerar que la elección de Gabriel Boric fue el último viento de la revolución de octubre de 2019 y su primer semestre en La Moneda fue el intento más decidido en las últimas cinco décadas por transformar a Chile, como quedó de manifiesto en la voluntad inicial del gobierno y en el proyecto de nueva constitución. El Ejecutivo consideraba que la aprobación del texto de la Convención era una condición de posibilidad para el éxito de su gestión, pero fue derrotado el 4 de septiembre de 2022. Desde ahí en adelante, ha sido otra historia.

En lo esencial, me parece que la clave está en comprender que Gabriel Boric, con las agrupaciones del Frente Amplio y el Partido Comunista, ganó la elección de 2021, pero en la práctica ha perdido o difuminado su propio proyecto político, muchos ideales y ciertamente apoyo popular. Hay una situación que refleja muy bien estos cambios: es la candidatura de Jeannette Jara, sólida e indiscutible triunfadora en las primarias de la izquierda, que definieron quién sería la persona indicada para proyectar la obra del actual gobierno. Candidata comunista, militante de la Jota desde los 14 o 15 años, convencida representante del partido en diversos cargos, partidaria de reformas estructurales y con una carrera política que se inició con fuerza en la Feusach en los años 90, Jara se ha ido convirtiendo progresivamente –en términos prácticos– en una sombra ideológica de lo que fue, una socialdemócrata, como han declarado sus partidarios en ocasiones. En diversos aspectos, se aprecia un abandono de conceptos tradicionales del PC, pero también de lo que fue su coalición con el Frente Amplio y lo que sus representantes promovieron en la Convención Constituyente. Puede ser convicción o conveniencia, pero el cambio es evidente.

Sin considerar la pertinencia de algunas ideas, dejar fuera del programa la nacionalización del cobre o el aborto son solo dos expresiones del mismo asunto: después de tres años de gobierno, la izquierda parece vaciada ideológicamente, o bien se ha convencido de que, al menos en este breve tiempo, más vale conservar el orden existente que transformarlo radicalmente, y esperar una mejor correlación de fuerzas para acometer nuevos impulsos transformadores. Esas referencias han llevado a críticas sobre la confusión, olvido o falsedad propiciada por Jara, pero parece más relevante observar las reacciones y el abandono del horizonte del socialismo. Por cierto, puede también existir una razón táctica para todo esto, un retroceso para acumular fuerzas y no una abdicación para abandonar el proyecto de años.

Como suele ocurrir en los problemas complejos, y la política lo es, resulta preciso revisar las tendencias y no solo los detalles, lo que se oculta y no sólo lo que se expresa públicamente. Haciendo ese ejercicio, parece claro que el cambio no es tan directo, que es posible apreciar cuestiones ideológicas mezcladas con intereses electorales, que serán los más visibles en los próximos meses. Asimismo, hay aspectos en los que es posible apreciar la continuidad del proyecto transformador, sea en el presente o hacia el futuro.

Uno de los temas más relevantes en este sentido es la discusión sobre el FES, que no solo incluye una fórmula distinta de financiamiento de la educación superior, sino también un nuevo impuesto para quienes hayan estudiado con este sistema de gratuidad/crédito/reforma tributaria. Hay otro aspecto que merece ser considerado: que podría producirse la irrupción de una nueva movilización estudiantil a partir de marzo de 2026, en caso de que llegara al gobierno una alternativa de derecha. En este sentido, el actual gobierno no ha tenido a las calles en contra, pero es muy difícil que esta tranquilidad se mantenga en forma permanente, considerando las advertencias que ya han comenzado a circular, en torno a la falta de gobernabilidad que representaría un gobierno de derecha. Por supuesto, el problema está abierto, pero vale la pena incorporarlo al análisis. Los cambios ministeriales –que incluyen la salida del titular de Hacienda Mario Marcel– parecen tener otras explicaciones, que será necesario analizar en su propio mérito.

El momento político de este año es muy distinto al de 2019, pero también es diferente al de fines de 2021. La actual situación del país no se confunde con un rechazo a los 30 años o la necesidad de seguir avanzando en la transformación de Chile, sino que a problemas más prácticos como la crisis de inseguridad y delincuencia (“prioridad” en las más diversas candidaturas y programas), el deterioro de la situación económica y criterios de evaluación que no son necesariamente partidistas. A ello se suma la evaluación del actual gobierno, con sus logros y sus fracasos, con su consistencia o el abandono de su ideario, con sus liderazgos y la reconfiguración de la izquierda. En ese contexto el octubrismo, oculto o venido a menos, libra sus últimas batallas o se prepara para una reaparición más épica, con resultados desconocidos que causan ilusión a algunos y un nuevo temor en otros, como advierten los dirigentes en forma oblicua o directamente. Sin duda, ese será uno de los desafíos de los tiempos que vienen.