Señor Director:
En las últimas semanas se han producido diversos hechos de violencia en comunidades escolares de distintas regiones del país, que son tremendamente preocupantes y no dejan indiferente a nadie, ya que se han vulnerado los espacios educativos con niveles de violencia sin precedentes. Lo anterior exige una reflexión que trasciende lo meramente pedagógico o legislativo; se trata de una responsabilidad que debemos asumir como sociedad en su conjunto, comprendiendo que las comunidades educativas no son espacios aislados, sino lugares donde se configuran las sociedades que proyectamos.
En este sentido, parece injusto responsabilizar únicamente al sistema educativo por estos lamentables sucesos, pues ellos constituyen más bien un síntoma de un sistema que no ha logrado responder adecuadamente a las necesidades de cuidado y formación de niños, niñas y adolescentes.
A propósito de la nueva ley de convivencia escolar, que autoriza algunas acciones remediales, como la posibilidad de uso de pórticos y detectores de metales, esto quizás no sea la solución a un problema que requiere medidas sistémicas urgentes, que aborden múltiples factores donde se involucren diversos actores, como las familias y la comunidad en general. La reflexión, entonces, debe orientarse hacia un replanteamiento integral que considere el acceso a una salud mental, el acompañamiento técnico a los establecimientos educativos en el desarrollo de habilidades socioemocionales a través del curriculum, así como la formación inicial y continua de los docentes.
Se vuelve imprescindible recuperar el sentido y la sensibilidad pedagógica, reconociendo que aspectos como los vínculos saludables, la tolerancia, el bienestar, el diálogo, las habilidades sociales y desarrollo emocional son pilares fundamentales en la formación de estudiantes.
Jorge Varela y Camila De la Fuente – Facultad de Psicología – UDD