Señor Director:
Con ocasión de la investigación que se sigue la tráfico de influencias en el MOP salta la vista la urgencia de revisar la ley 20.730 Sobre Audiencias de Lobby y Gestión de Interés lo que requiere considerar una mayor precisión de la actividad, mejoras de transparencia y visibilizar su aptitud para representar intereses de grupos desprotegidos y en condición de vulnerabilidad.
La actividad debe transitar desde la percepción de competencia desleal, de opacidad y de privilegio del sector privado y la industria para ser referente colaborador del ejercicio de derechos fundamentales y de la participación ciudadana en la gestión pública. Y en ello, relevar el rol de los abogados como usuarios de la ley y a quienes se les exige una contribución en el derecho a la justicia y un compromiso con la democracia. Sea personalmente o, a través de los estudios de abogados, de los departamentos jurídicos de asociaciones gremiales, sindicales, organizaciones sin fines de lucro o empresas de lobby, la actividad profesional de abogado resulta fundamental en la implementación de la ley 20.730.
Así lo ha entendido el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en su cuenta pública 2017-2018 donde definió robustecer la función pública de la abogacía como colaborador de la Justicia en el fortalecimiento de una cultura de transparencia y de respeto de los derechos humanos y, en concreto, promover una evaluación de la Ley con el objeto de fortalecer la autorregulación sectorial y la promoción de buenas prácticas de la profesión como sujeto activo calificado de la actividad.
Tal contribución en sus resultados fortalece la generación de estándares de servicios profesionales para un desarrollo sostenible de calidad e impacto en la gestión de intereses y el lobby y, por cierto, requiere para ser efectiva del apoyo decidido de la profesión, a través de las Escuelas de Derecho y los Colegios de Abogados.