Señor Director:
Gracias a una investigación periodística de El Líbero se reveló que una sociedad conformada por la suegra y los cuñados de la exministra Camila Vallejo facturó $1.209 millones al Hospital Público Herminda Martín de Chillán durante el gobierno de Gabriel Boric.
La Ley de Probidad en la Función Pública obliga a las altas autoridades a declarar el patrimonio, considerando los nombres de familiares directos, cuyas actividades puedan generar un conflicto de interés. Sin embargo, estos antecedentes de acuerdo con la investigación no aparecen en la plataforma oficial infoprobidad.cl, lo que evidenciaría un incumplimiento legal.
Lo señalado no sólo refleja dudas para encubrir posibles prácticas de nepotismo, sino que también afecta la confianza ciudadana en las instituciones de salud pública. Es indispensable que el Hospital Clínico aclare los hechos con relación a la licitación (participación de Raúl San Martín Geisse como parte de la comisión evaluadora y en otros casos como prestador subcontratado) y que la Contraloría General de la República realice a la brevedad la fiscalización correspondiente, adoptando las medidas que el caso amerite, informando de ello a la ciudadanía.
La probidad es pilar fundamental de la democracia. La sociedad merece claridad y quienes ocupan cargos públicos tienen la obligación de actuar con absoluta transparencia, sin privilegiar a familiares o amigos. Ser más que parecer.
Eduardo Villalón Rojas