Señor Director:
El gasto en Subsidios de Incapacidad Laboral o licencias médicas está fuera de control. A partir del 2020 con la incorporación al sistema de las licencias médicas precautorias Covid-19 estos subsidios crecieron considerablemente. Sin embargo, a pesar de la evolución de la pandemia, este gasto no se detuvo.
Una parte del problema es el crecimiento explosivo de las licencias por concepto de salud mental y las dificultades para fiscalizarlas y protocolizarlas, tema aún pendiente y sin fecha de reforma.
Otra variable es el surgimiento de grandes emisores de estos beneficios, algunos de ellos partícipes de verdaderas industrias de compra y venta de licencias. Para estos casos se discute actualmente en el Senado un proyecto de ley para fortalecer la fiscalización y aumentar las penas en el cual el Ejecutivo no ha querido incorporar indicaciones para aumentar las penas y sanciones a los afiliados que adquieren dichos instrumentos en forma fraudulenta.
En este escenario legislativo, la denuncia que ha hecho su medio referente a la grave abstención de persecución de los “clientes” o compradores de licencias falsas por parte de las autoridades del Fonasa y de la Suseso es de extrema gravedad.
Lo anterior porque adquirir estos instrumentos en forma fraudulenta es actualmente un delito y ambos directores al estar en su conocimiento, deben activar las medidas persecutorias establecidas.
Al parecer se ha normalizado el razonamiento de que sólo hay que castigar al que vende o lucra con la falsificación del documento y no aquel que se beneficia utilizando los recursos de todos los chilenos.
Lamentablemente, para los citados directores de servicio la aplicación de la ley actual no da espacio para hacer diferencia alguna entre quien vende y el que compra. Es más, siendo ellos los responsables de los recursos esta inacción atenta contra la probidad que se espera de un servidor público.
De acuerdo con la demanda presentada, el perjuicio fiscal debido al fraude en licencias médicas alcanzaría los 700.000 millones de pesos. Esta cifra representa el 36% de los recursos destinados por el Estado a los Subsidios de Incapacidad Laboral. Cifra que alcanzaría para financiar el 67% de las listas de espera declaradas por el ministerio de salud al 30 de septiembre del 2022.
Claramente la discusión del proyecto de grandes emisores tendrá que considerar este nuevo antecedente publicado en su medio y construir un texto legal que sea capaz de proteger efectivamente los recursos de los chilenos y asegurarse que las autoridades administrativas, sean del signo político que sea, cumplan con su deber de velar por el buen uso y la probidad.
Victoria Beaumont Hewitt, directora Fundación Politopedia, Movimiento Ciudadano Salud Libre