Un complejo escenario judicial podrían enfrentar el director de Fonasa, Camilo Cid Pedraza (PC), y la superintendenta de Seguridad Social (Suseso), Pamela Gana Cornejo, luego de que el 7mo Juzgado de Garantía de Santiago acogiera una querella por el delito de incumplimiento de la obligación de denunciar ante la masiva y millonaria estafa de licencias médicas, en que participaron funcionarios públicos que cotizan en Fonasa.
En diciembre, la Fiscalía de Alta Complejidad de Crimen Organizado Oriente desbarató una red de 29 médicos extranjeros, en su mayoría colombianos, que vendieron miles de licencias falsas generando un enorme daño fiscal.
La Fiscalía los formalizó por los delitos de emisión de licencias falsas, estafa, lavado de activos, fraude de subvenciones del Estado y asociación ilícita, y consiguió la prisión preventiva para siete de ellos.
Daño al fisco en licencias falsas supera los $700 mil millones
Los imputados crearon 10 centros médicos falsos para vender los documentos fraudulentos a funcionarios públicos, lo que causó una pérdida para el Estado de $700 mil millones, equivalente al 25% del presupuesto anual de Fonasa para pagar las licencias de sus afiliados, ya que les pagó a los funcionarios su sueldo en forma injustificada.
El médico imputado que menos licencias emitió lo hizo con 800 permisos, mientras que otro realizó al menos 16.000. Es decir, sólo éste último defraudó a Fonasa por $5.000 millones.
El CDE en conjunto con Fonasa, la Superintendencia de Seguridad Social, Compin y el propio Ministerio Público presentó 45 querellas criminales en contra de los médicos.
La responsabilidad penal de los funcionarios que compraron las licencias
Pero no solo los médicos cometen delito, sino también los funcionarios y trabajadores que pagaron por dichas licencias, que es el foco de la querella contra los directivos de Fonasa y la Suseso.
El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Peribonio, dijo que “se comete el delito cuando se emite la licencia médica, el médico que está emitiendo fraudulentamente la licencia médica comete un delito, pero también comete delito quien compra una licencia médica”.
Uno de los delitos materia de la formalización de cargos comunicada a los médicos es el previsto en el artículo 470 No 8 del Código Penal, también conocido como fraude de subvenciones, que sanciona a quien obtenga ayudas o subsidios provenientes de recursos públicos mediante engaños o fraude.
“En el mismo sentido, el Consejo de Defensa del Estado, que representa y protege los intereses del fisco, indicó que aquellos que solicitan, obtienen, y reciben un beneficio económico a través del pago de subsidios por incapacidad laboral también son parte de la participación del delito y que es necesario a lo menos investigar la participación en estas figuras delictivas”, sostiene la querella.
“Los trabajadores que se beneficiaron con engaños de estas licencias médicas, se desempeñan tanto en el ámbito privado y público. Por lo que instituciones públicas como Fonasa y la Suseso, que cuentan con toda la información acerca de la emisión y pago de las licencias médicas, por estar en conocimiento de los hechos, les asiste la obligación, por su calidad de funcionarios públicos de efectuar las denuncias que corresponden con ocasión de estos hechos que son de público conocimiento”, sostiene el abogado querellante, Miguel Cea Bustos.
A su vez, el texto agrega que “reviste la mayor importancia que si existen funcionarios públicos que hayan obtenido licencias médicas otorgadas por estos facultativos, han participado de los hechos que se investigan en sede penal hoy, y que las autoridades indicadas debieron haber denunciado a la justicia para que se investigara oportunamente y así evitar mayores perjuicios fiscales, como los que fueron relatados en la formalización”.
Los eventuales delitos del director de Fonasa y superintendenta de Seguridad Social
El director del Fondo Nacional de Salud y de la Superintendenta de Seguridad Social, por la naturaleza de sus cargos y los presupuestos que manejan, están obligados a observar en su gestión la mayor transparencia, diligencia y cuidado en la gestión de recursos públicos, plantea la querella.
A su vez, explica que existe una mesa de coordinación intersectorial de Fonasa y la Suseso, en la que es posible conocer el detalle de los funcionarios públicos que se han beneficiado con licencias fraudulentas y que habrían cometido el delito del artículo 470 No 8.
“De acuerdo a la doctrina y jurisprudencia, concurren todas las exigencias y presupuestos típicos respecto de los delitos citados, circunstancia que sumada a la gravedad de las conductas y al perjuicio que ocasiona en atención al interés público que revisten estas conductas, corresponde que el Ministerio Público instruya una investigación en relación a la omisión de denuncia por parte de los funcionarios públicos, que detentan la calidad de Director y Superintendenta de Fonasa y Suseso respectivamente, sobre los funcionarios que se han beneficiado de las licencias falsas, obteniendo una prestación financiada con recursos económicos financieros, a la que no tenían derecho», señala el texto.
Las diligencias solicitadas para detectar a los funcionarios públicos involucrados
El abogado querellante solicitó a la justicia una decena de diligencias, como remitir el detalle de los funcionarios públicos que han solicitado licencias médicas con los profesionales médicos imputados desde 2019; y acciones realizadas al interior de sus servicios que den cuenta de procesos disciplinarios iniciados a propósito de la investigación del Ministerio Público.
Además, piden al Contralor General, Jorge Bermúdez, que informe acerca de las medidas adoptadas e instrucciones impartidas a los servicios públicos, para que realicen las investigaciones y procesos disciplinarios que correspondan relacionados con los hechos que se denuncian en la querella.
Así como citar a declarar a Camilo Cid, Pamela Gana, Daniel Martorell, presidente (s) del CDE, y Jorge Bermúdez.
Quién es Camilo Cid, el director de Fonasa que quiere eliminar las isapres
Cid se licenció de ciencias económicas en la quebrada Universidad Arcis -controlada por el Partido Comunista-, y luego hizo estudios de postgrado en las universidades de Georgetown, Washington, y Duisburg-Essen, en Alemania.
Cuando Michelle Bachelet asumió como ministra de Salud el año 2000 en el gobierno de Ricardo Lagos, llamó a Cid para hacerse cargo del recién creado departamento de Economía de la Salud.
De ahí en más la relación con la expresidenta fue estrecha. Estando en La Moneda lo nombró coordinador de la comisión para reformar el sistema. Entonces, ya había sido el principal precursor de un fondo público de salud, que aúne a las prestaciones privadas y públicas, convirtiendo a las isapres en aseguradoras de “segundo piso”, relata el Diario Financiero.
En junio pasado generaron mucha polémica sus declaraciones de que debían desaparecer las isapres, con el nuevo Fondo Universal de Salud que anunció el gobierno.
“La idea es que desaparezcan del mapa de la seguridad social y sólo podrían participar en el mundo de los seguros complementarios”, dijo el director de Fonasa.
La reforma establece la unificación de los recursos para la salud en Chile y eso implica, según contó el mismo Cid en diálogo con la Prensa Austral de Punta Arenas, “reunir los recursos del 7% que las personas deben cotizar, más los aportes fiscales que el país destina a salud, en un solo organismo, para que realice la función de financiar un sistema de salud, que hemos llamado Sistema Universal.
La batalla de Cid por hacer desaparecer las isapres se remonta al menos a 2014, cuando entregó a Bachelet el informe final de la Comisión de Reforma a las Isapres, que a largo plazo proponía terminar con el negocio de las aseguradoras privadas.