Señor Director:

Parlamentarios oficialistas y de oposición hoy rasgan vestiduras a propósito del caso del subsecretario de Hacienda, pero buena parte de este desaguisado se podría haber evitado legislando bien, y no para tiktok. Y es que el famoso artículo 110 que obliga a los exámenes de pelo en búsqueda de posible consumo de drogas es un ejemplo de manual de lo que no hay que hacer.

La indicación de autoría de los diputados Santana, Cicardini y Manouchehri no creó el control de drogas a autoridades, este ya existía. Lo que sí hizo fue hacerlo aplicable a Ministros y delegados presidenciales (antes excluidos), subir el estándar del análisis (de test de orina a test de pelo) y señalar explícitamente que sus resultados serían públicos.

La dependencia de drogas ya era una causal de cesación (artículos 40 y 55 bis de la Ley 18.575). Si se quería ampliar a las autoridades sometidas a control, bastaba con un cambio quirúrgico al artículo 61, incluyendo así a Ministros y delegados presidenciales. Si se buscaban procesos más rigurosos para detectar consumo, el instrumento correcto era el Reglamento, o una simple mención en esa misma norma.

Pero no se hizo así. Se hizo metiendo a la fuerza este artículo dentro de la Ley de Reajuste del Sector Público. Se hizo sin información respecto a cómo ha funcionado el sistema que ya existe, sin evaluaciones que justificaran innovar, y sin un informe financiero que estimara su costo. La ley vigente castiga la dependencia, no el consumo; en vez de cambiar eso se obligó a hacer públicos resultados que muestran consumo, no dependencia. Finalmente, la normativa previa, dado lo sensible del tema, contaba con reglas que velaban por el debido proceso, la protección de la honra de las personas y, por sobre todo, la posibilidad de impugnar los resultados de forma previa a una sanción. Todo eso quedó sin efecto cuando los honorables transformaron los resultados del test de pelo en “información pública”.

Regular bien importa, transformar la legislación en una forma de atacar al contrincante político, de generar titulares en prensa y virales en redes sociales genera efectos, daña a personas e instituciones. El gobierno lleva semanas en un entuerto que en buena parte ayudó a construir durante el período de campaña. Que sirva de lección sobre los peligros de legislar para tiktok.

José Antonio Valenzuela – Director Ejecutivo de Pivotes

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