Señor Director:
La reciente columna del embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, referida a la retención y secuestro de la Flotilla Global Sumud, de la cual formaban parte ciudadanos y ciudadanas chilenas, que fueron detenidos y secuestrados por las autoridades de Israel, ha creado preocupación en nuestro país.
Pero esa preocupación se torna inoficiosa cuando el representante de Israel en Chile se esfuerza por desacreditar lo que era una acción solidaria y pacífica. entregando informaciones falsas y distorsionadas. Incluso antes de la arbitraria detención, los representantes del gobierno israelí buscaban deslegitimar una misión como esta. En días recientes, el propio embajador Lewi difundió en redes sociales imágenes que insinuaban que las embarcaciones transportaban drogas y preservativos, con el fin de ridiculizar públicamente a quienes participaban en ellas.
Paralelamente, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, calificó a los integrantes de la flotilla como “terroristas”. Ese tipo de discurso no es inocuo: contribuye a poner en peligro a civiles desarmados y a justificar posteriormente los abusos cometidos contra ellos.
La verdad es que esta flotilla, que navegaba por aguas internacionales, tenía un motivo justo y pacífico. Se trataba de una acción civil destinada a denunciar ante el mundo el bloqueo y el castigo colectivo impuesto sobre la población palestina en Gaza. La Flotilla Global Sumud fue interceptada por fuerzas israelíes en aguas internacionales y sus integrantes fueron secuestrados. Entre ellos había ciudadanos chilenos, que luego denunciaron tortura psicológica y agresiones físicas contra parte de los activistas detenidos.
Presentar a esas mismas víctimas como provocadores o terroristas constituye una inversión moral de la realidad demasiado habitual en la narrativa oficial israelí. El embajador Lewi y su gobierno pretenden ignorar que Chile tiene el mayor número de habitantes de origen palestino de cualquier país del mundo más allá del Medio Oriente. Acusar a jóvenes chilenos que sólo pretenden reclamar los derechos de su pueblo ofende a ellos y a sus familias.
El embajador afirma, además, que la crisis humanitaria en Gaza “ya está resuelta” porque existiría ingreso suficiente de ayuda humanitaria. Basta revisar los informes de Naciones Unidas, OCHA, UNICEF, Amnistía Internacional o Human Rights Watch para comprobar lo contrario. Organismos internacionales llevan meses denunciando hambruna, colapso sanitario y bloqueo sistemático de ayuda esencial para la supervivencia de la población civil. Resulta falsa la cifra entregada por la embajada de “1,5 millones de toneladas” de ayuda ingresadas a Gaza. Los propios reportes humanitarios internacionales muestran números muy inferiores y, sobre todo, insuficientes frente a la magnitud de la devastación provocada tras más de dos años de ofensiva militar y asedio. Las cifras oficiales de la ONU y otros organismos internacionales de los últimos meses hablan de 25.000 toneladas, cifra aún muy insuficiente. Los civiles, en especial las mujeres y los niños, han sido los más afectados por la devastación de la guerra, con más de 42.000 muertos y más de 96.000 heridos. Tres cuartas partes de la población aún depende de la asistencia alimentaria y muchas de las personas más vulnerables han perdido la vida a causa de la hambruna.
El embajador sostiene que la flotilla intentaba violar un bloqueo “reconocido por el derecho internacional”. Nadie ha hecho jamás ese reconocimiento, en los 19 años que ya tiene el bloqueo de Gaza, que constituye una forma de castigo colectivo incompatible con el derecho internacional humanitario. Los activistas de la flotilla no se dirigían a territorio israelí, sino a Gaza, territorio palestino sometido a bloqueo. Israel no es hoy un Estado cualquiera ejerciendo controles fronterizos ordinarios: enfrenta acusaciones por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia y sus principales autoridades enfrentan órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional.
Los participantes de la flotilla nunca ocultaron el carácter político de su acción. Por supuesto que buscaban llamar la atención internacional sobre Gaza. Por supuesto que sabían que podían ser interceptados. Pero nada de eso convierte en legítimo el secuestro de civiles en aguas internacionales ni invalida el carácter humanitario de la misión. La historia está llena de actos de desobediencia civil destinados precisamente a desafiar injusticias que los gobiernos del mundo prefieren tolerar.
La paz exige diálogo, ciertamente. Pero exige también honestidad frente a lo que ocurre en Gaza. La solidaridad internacional con Palestina podrá incomodar al embajador y su gobierno. Lo que no podemos aceptar es que se pretenda transformar esa solidaridad en una amenaza, criminalizar a quienes la ejercen o reducir toda crítica a Israel a una expresión de odio.
José Miguel Insulza – Ex canciller de Chile, ex secretario general de la OEA y ex agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia
Bueno, entre la version expuesta por ud y la versión entregada por el embajador de Israel en Chile, no tengo donde perderme, me quedo con la versión del Embajador.