Señor Director:
En los últimos días, diversos medios han informado sobre la compleja situación financiera que enfrentan las instituciones estatales de educación superior. Sin embargo, aunque las cifras resultan preocupantes, esta realidad no es nueva. Ya en 2025, un estudio de Acción Educar advirtió sobre la fragilidad financiera de varias de estas casas de estudio.
En dicho análisis se evidenció que una de cada tres universidades estatales y uno de cada cuatro centros de formación técnica (CFT) estatales no contaban con recursos suficientes para cubrir sus obligaciones de corto plazo. Asimismo, una de cada seis universidades estatales y dos de cada cinco CFT estatales presentaban una elevada dependencia del endeudamiento y escasos recursos propios para enfrentar eventuales pérdidas, lo que podría comprometer la continuidad de sus actividades académicas. A ello se suma la elevada dependencia de estas instituciones de los aportes fiscales y de la gratuidad, que las vuelve especialmente vulnerables frente a eventuales fluctuaciones en el financiamiento público y en la matrícula.
En el caso de los CFT estatales, la situación resulta aún más preocupante. Diversos estudios han advertido sobre su escasa vinculación con el sector productivo, una oferta académica poco alineada con las necesidades locales y su instalación en territorios donde la oferta privada ya cubría parte importante de la demanda.
Ante estos antecedentes, cabe preguntarse: ¿Cuántas instituciones más deberán enfrentar dificultades financieras para que se cuestione el diseño de esta política pública? ¿Hasta cuándo seguiremos comprometiendo recursos públicos sin evaluar rigurosamente si estas instituciones están cumpliendo los objetivos que justificaron su creación?
Javiera Pavišić Véliz – Investigadora de Acción Educar
😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇