Señor Director:
No es desconocido que en el pasado enfrentamos como nación, un escenario complejo en nuestra historia, con efectos que persisten hoy en día, con heridas aun no cerradas. Cada sector tiene visiones, normalmente opuestas e incluso algunas en forma diametral, respecto de lo ocurrido el año 1973 y los años posteriores, así como acerca de los verdaderos orígenes de este grave conflicto social.
De allí, se deriva entre otros, asuntos vinculados a Derechos Humanos enfoques y tratamiento jurídico y político con clara preponderancia en una visión más bien unilateral.
Es del caso abordar específicamente el rol que cumplían en ese tramo de la historia, personal de escasa graduación jerárquica y especialmente un segmento de jóvenes que a la época cumplía con la obligación legal de su Servicio Militar.
Hoy, a más de 50 años de los hechos, se responsabiliza -en procesos y resoluciones judiciales parciales y en un número no menor con fundamentos que no cumplen ningún estándar del debido proceso- a algunos de ellos, por actos que escapaban de modo incuestionable de su posibilidad de decisión: se les procesa, se les castiga y algunos -hoy más de diez- cumplen condenas en diversos recintos penitenciarios. Además, se debe agregar que existen numerosos procesos en curso, que dada la jurisprudencia instalada irredargüiblemente engrosarán este cuadro de alta injusticia.
Todos aquellos, ya no con los 18 años -incluso menos- que tenían en esos tiempos, sino ahora con 53 años más, es decir, con 71 años en promedio. Adultos mayores, con enfermedades físicas, con situaciones familiares y económicas adversas, con afectación sicológica, y consecuentemente con severos sentimientos de injusticia, pena y abandono, a quienes la sociedad definitivamente les ha dado la espalda del olvido.
Esta realidad no impacta sólo a ellos, como destinatarios de un accionar ilegítimo, duro e injusto en su perjuicio, sino también a sus familias. Allí hay hijos, padres de familia, abuelos, sometidos a una suerte de “pago de Chile”. No están a la vista, porque se encuentran encarcelados en recintos que la mayor parte de nuestros ciudadanos sólo han conocido en filmes u obras con marcado sesgo, o definitivamente a través de propaganda política, relatos literarios o periodísticos de idéntico corte.
No se trata de personas que hayan actuado por su cuenta, o impartido órdenes indebidas, ni hayan tenido responsabilidades inherentes a algún cargo o puesto en la línea jerárquica, sino que eran sólo eso: jóvenes soldados que cumplían con la ley de Servicio Militar Obligatorio.
Lo que hubieren cometido -que en algunos casos no fue ni siquiera debidamente probado- no tuvo espacio siquiera para la reflexión ética, sino que se trató del cumplimiento inmediato de alguna disposición superior -base esencial del funcionamiento de las FF.AA.- en un contexto que hoy se olvida o tergiversa.
Estamos convencidos que hay consecuencias evidentes que son claras de deducir, de ahí surgen algunas cuestiones relativas a: Cómo puede impactar esta realidad a las nuevas generaciones de jóvenes que deban cumplir con las normativas del servicio militar; probables dilemas éticos al instante de cumplir órdenes y obligaciones militares; niveles de riesgo para la Seguridad Nacional al momento de afrontar algún eventual conflicto bélico de alta intensidad o bien uno de baja intensidad en el marco de un conflicto híbrido.
No hay que olvidar que el Estado ha llevado una práctica sistemática de persecución y castigo para con estos jóvenes, que cumplieron su deber; un deber no elegido, pero fielmente asumido cuando les correspondió.
Se trata de contingentes de la menor graduación: soldados conscriptos, que han debido obedecer y cumplir con su Juramento a la Bandera, en contextos extremos para un ser humano, que se vieron impedidos de objetar o eludir decisiones -eventuales- de sus respectivos mandos, a riesgo -es probable- de pagarlo incluso con sus propias vidas.
A pocas semanas de conmemorar un nuevo aniversario del Combate de la Concepción, en la que jóvenes oficiales, suboficiales y soldados chilenos entregaron heroicamente sus vidas por la Patria, parece oportuno reflexionar sobre este sensible asunto.
Necesitamos recobrar la certeza que nadie continuará siendo vulnerado en sus derechos, para alcanzar de este modo la ansiada paz social, cimiento elemental para que efectivamente se vuelvan a generen reales condiciones para alcanzar una efectiva “Unidad Nacional”; no es sano para nuestra convivencia social, que la cultura del odio y el revanchismo sigan haciendo prevalecer su sesgada e ideologizada visión.
José G. Gaete Paredes – General de Brigada. Presidente Centro de Generales de Ejército
Todos los militares que están cumpliendo condenas de privación de libertad —ya sea en la cárcel o recluidos en sus domicilios— deberían ser liberados, porque son inocentes, están libres de culpa o exentos de responsabilidad criminal.
Todos ellos fueron condenados arbitraria, ilegal e inconstitucionalmente; como resultado de sentencias dictadas contra leyes expresas y vigentes.
Resulta demencial condenar a quienes en la época en que ocurrieron los supuestos hechos delictivos eran jóvenes oficiales o soldados conscriptos que cumplían órdenes o sin habérseles acreditado participación en acto reprochable alguno; solo porque iban conduciendo un vehículo o porque estaban en el lugar de los hechos; a quienes no les son otorgados indultos o concedidos los beneficios penitenciarios que legalmente les corresponden.
Por otra parte, cabría considerar que, según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”.
No es razonable mantener encarcelados a militares ancianos, muchos de ellos gravísimamente enfermos —física y mentalmente; que no controlan esfínteres y que no saben en qué mundo viven— cuya peligrosidad como reincidentes es absolutamente inexistente, si es que efectivamente hubiesen cometido delitos, los que habrían sido de naturaleza política, de contexto social histórico; situación que no es tomada en consideración por los sentenciadores, quienes los juzgan como si los hechos hubiesen ocurrido durante una época de plena normalidad institucional. Peor aún, si entre la fecha de ocurrencia del supuesto hecho delictivo y la fecha de su sometimiento a proceso, varias décadas después, han observado una conducta intachable.
La pena de cárcel es innecesaria para quienes no representan peligro, además de su alto costo. No se aprecian motivos de política criminal para que a estas personas se les deje con un régimen de encierro.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Así es. La situación descrita tiene caracteres de inaudita y abominable. En efecto, el Estado de Chile diseñó y promulgo una ley de Servicio Militar Obligatorio, SMO, para jóvenes de 18 años, en esa época obligatorio, no era voluntario. En ese tiempo la mayoría de edad era a los 21 años, no 18. En otras palabras, el Estado de Chile reclutó a jóvenes menores de edad para cumplir el SMO. En ese contexto, a esa generación de soldados conscriptos, los sorprendió el Pronunciamiento o Golpe Militar del 11 septiembre de 1973. El Gobierno Militar decretó Estado de Sitio en Situación de Guerra Interna y funcionamiento de los tribunales militares en estado de guerra. Alguna persona normal, bien nacida puede pensar que un joven soldado de 18 años, con el país en estado de sitio y con tribunales militares en tiempo de guerra podría oponerse, objetar o siquiera titubear en cumplir una orden??????? Obvio que no. Salvo para algunos satrapas y desquiciados. El Estado de Chile que funcionó tan mal para resguardar los derechos de niños haitianos, para estos casos de procesar responsabilidades de años 73, funciona muy coordinadamente y sin fallas, INDH, tribunales, Cortes, CDE, Ministerio de Justicia, entre otros, parecen maquinaria Suiza, alemana, todo perfecto para condenar con pruebas dudosas, débiles, sin contrastar. Que los motiva a funcionar tan bien????? Posterior a cada fallo por temas ddhh años 73, le sigue un fallo civil con jugosas condenas al Estado de Chile a pagar en beneficio de familiares de afectados, de abogados que han «sacrificado su vida» litigando solo en éstos casos y quien sabe que otros estamentos tocan vidrio……. Es indignante la falta de criterio, de objetividad, de verguenza, de rigurosidad intelectual y moral de esta maquinaria de defraudar al Estado y hacerlo mediante condenas truchas a soldados conscriptos, ya no les queda a quienes más condenar. Les falta condenar a los hijos y nietos de supuestos abusadores para seguir mamando…..