Certeza jurídica y regulación ambiental

Señor Director:

La columna de Vanessa Kaiser acierta en un punto que merece tomarse en serio: la certeza jurídica se ha transformado en uno de los principales desafíos institucionales del debate territorial y ambiental chileno. El aumento de los procesos judiciales, la expansión del principio precautorio y la dificultad para prever el impacto real de algunas restricciones reguladoras crean una incertidumbre que un Estado de Derecho liberal no puede pasar por alto.

Sin embargo, precisamente desde una tradición liberal clásica, resulta problemático reducir el debate sobre humedales a una simple confrontación entre “la izquierda” y “la propiedad”.

Autores como Friedrich Hayek nunca entendieron la libertad como ausencia absoluta de regulación. Por el contrario, insistieron en que una sociedad libre requiere reglas generales, previsibles y conocidas ex ante. El problema no es la existencia de límites ambientales, sino que dichos límites terminen dependiendo crecientemente de interpretaciones administrativas o judiciales variables y difíciles de anticipar razonablemente por los ciudadanos.

Y ahí, efectivamente, Chile enfrenta un problema serio.

La evolución reciente de la jurisprudencia ambiental muestra una expansión de criterios funcionales y precautorios que, en ocasiones, desplazan la certeza jurídica desde normas relativamente claras hacia evaluaciones dinámicas posteriores. Esa tendencia merece discusión y corrección institucional.

Sin embargo, reconocer aquello no obliga a desconocer otra realidad igualmente relevante: los humedales del sur de Chile corresponden a ecosistemas complejos, interdependientes y difíciles de delimitar bajo categorías rígidamente estáticas. Países como Nueva Zelanda, Canadá o Australia enfrentan debates similares precisamente porque la ciencia ecológica contemporánea ha demostrado que ciertos sistemas naturales no operan conforme a fronteras simples o inmutables.

Por eso el verdadero desafío no consiste en negar la complejidad ambiental ni en transformar cualquier regulación en una ofensiva ideológica contra la propiedad. El desafío consiste en construir instituciones capaces de compatibilizar protección ecosistémica con estándares suficientemente claros y previsibles para resguardar la confianza jurídica que toda sociedad libre requiere.

La libertad, después de todo, no depende únicamente de limitar al Estado. También depende de que las reglas bajo las cuales convivimos sean comprensibles, estables y razonablemente anticipables para todos.

Jessica Cuadros Ibáñez – Economista