Credit: Cámara de Diputados

En Chile existe una peligrosa tendencia a asumir que toda ley, por el solo hecho de haber sido aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, es necesariamente buena, justa o intocable. Esa lógica, profundamente equivocada, nos ha llevado en más de una ocasión a sostener normativas que, con el paso del tiempo, demuestran ser deficientes, ideologizadas o derechamente dañinas para la vida cotidiana de las personas.

Hoy esa discusión vuelve a instalarse con fuerza a propósito de la Ley de Humedales.

Durante los últimos días hemos visto una fuerte polémica luego de las críticas formuladas por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, respecto de los efectos prácticos que esta legislación está generando para la materialización de proyectos inmobiliarios, pero particularmente para dar soluciones habitacionales. El diagnóstico del ministro fue cuestionado por algunos senadores, incluyendo a la presidenta de la Corporación, Paulina Núñez, quien, además de pedir mejorar el tono del debate (el ministro pidió disculpas), salió a realizar una defensa institucional de una norma transversalmente aprobada.

Qué apoderado de colegio público o particular subvencionado no experimentó el caos que significó la N° 20.845, conocida como Ley de Inclusión Escolar. Presentada en su momento como un avance modernizador del sistema educacional, terminó introduciendo el mecanismo de asignación aleatoria de vacantes —la llamada “tómbola”— que privó a miles de familias de la posibilidad de elegir el proyecto educativo para sus hijos.

Los resultados fueron tan absurdos como indignantes: padres y apoderados obligados literalmente a acampar afuera de establecimientos educacionales para intentar asegurar un cupo, comunidades escolares fragmentadas y una creciente frustración frente a un sistema que reemplazó el mérito, la libertad de elección y la vinculación con los proyectos educativos por un algoritmo burocrático.

¿Era ley? Sí.

¿Fue aprobada democráticamente? También.

¿Eso la convirtió en una buena ley? Evidentemente no.

Dicho sea de paso, ahora en abril, en el Senado aprobamos modificaciones sustanciales al sistema de admisión escolar, pero eso es materia para otra oportunidad.

Volviendo a la Ley de Humedales, esta normativa nació bajo una supuesta lógica de proteger ecosistemas relevantes para la biodiversidad, pero lo cierto, es que su lógica representa una página más de un guion bien aprendido por la izquierda para destruir el derecho de propiedad, su gran enemigo de siempre.

El socialismo progresista ha decidido echar mano a todo lo que es la permisología, leyes de medio ambiente, leyes de emisión de CO2, leyes como la de humedales, para articular este objetivo de fondo.

De hecho, hay abundante literatura al respecto. Es cosa que revisen las obras de Kohei Saito, un filósofo japonés que revolucionó el marxismo contemporáneo con su obra centrada en la ecología, incluso reinterpretando los manuscritos Marx para argumentar que el capitalismo genera una «ruptura metabólica» entre humanos y naturaleza.

De esta manera, y bajo esta ideología, en muchos países incluido Chile, se construyen marcos regulatorios tan rígidos y desconectados de la realidad territorial, que terminan transformándose en una amenaza para otros derechos esenciales, como por ejemplo una casa para quienes no la tienen.

En regiones como Los Ríos, La Araucanía o Magallanes, donde las condiciones climáticas y geográficas son radicalmente distintas a las del centro del país, la aplicación extensiva de criterios de humedal está generando restricciones desproporcionadas sobre terrenos privados y fiscales.

Tal ha sido esta irracionalidad, que incluso un senador del Partido Socialista como Fidel Espinoza, que, al margen de solidarizar con su compañero de bancada, de Alfonso de Urresti, por razones obvias, señaló igualmente: “Comparto con que la ley de humedales debe ser modificada. En el sur llueve tres días como hoy y se inunda un terreno. Lo declaran humedal y no se puede hacer nada”.

Consultada por esta polémica, la senadora Balladares, presidenta de Renovación Nacional hizo énfasis en que “lo más importante es cuidar las formas”. Siempre las formas son importantes, y por eso bien que el ministro Poduje haya aclarado que no quiso ofender al senador de Urresti, sin embargo, lo verdaderamente medular es el fondo, y hasta aquí, nadie ni en Chile Vamos ni en Republicanos ha sido enfático en señalarlo.

Lo verdaderamente preocupante es que sectores de la propia derecha hayan entregado sus votos para aprobar una legislación que hoy demuestra atentar contra el derecho de propiedad, uno de los valores más distintivos de cualquier proyecto político de derecha. ¿Cuándo se van a dar cuenta que esta es precisamente la estrategia? Los sectores de izquierda nos empujan a avanzar en su agenda, mediante permisología, restricciones administrativas y regulaciones aparentemente técnicas pero que debilitan libertades esenciales para nuestro sector.

Esa desconexión explica el nuevo mapa político que vive Chile. No es casualidad que hoy el partido de derecha con mayor militancia sea el Partido Nacional Libertario. La ciudadanía está cansada de que se aprueben leyes que vienen de afuera, que no dialogan con nuestra realidad territorial y que terminan afectando la vida concreta de las personas. Más que cuidar las formas, lo que se espera de la derecha es convicción para defender el fondo.

PhD en Filosofía y en Ciencia Política

Participa en la conversación

2 Comments

  1. Ummm, me parece muy claro y coherente lo expuesto. Me está convenciendo….

Deja un comentario
Debes ser miembro Red Líbero para poder comentar. Inicia sesión o hazte miembro aquí.