Señor Director:
En la última semana de febrero, el Concejo Municipal de Santiago aprobó un pago de 268 millones de pesos para cubrir una de las muchas deudas de la Corporación para el Desarrollo de Santiago (CORDESAN). Se trata del no pago de varias cuotas de un contrato de leasing, deuda originada en septiembre de 2024. El caso tiene dos causas distintas pero complementarias.
La primera se debe a la irresponsable y -quizá- malintencionada gestión anterior. La administración comunista de Hassler dejó de pagar arriendos, contratos, impuestos y hasta las cotizaciones de los trabajadores de la CORDESAN. El no pago de diversas obligaciones facilitó la liberación de recursos para seguir contratando operadores políticos -trajeron alrededor de mil funcionarios-, para impulsar proyectos ideológicos como la Casa Igualdad o para hacer contratos inflados como ocurrió con la Clínica Sierra Bella.
La segunda causa se debe a la misma CORDESAN, que se ha vuelto una verdadera caja negra, donde ingresan los recursos de los vecinos pero no se sabe en qué ni cómo se gastan. La verdad es que las distintas administraciones han usado la excusa de que se trata de una corporación privada para no tener que abrir sus cuentas. Hoy, CORDESAN no hace efectivo el derecho de los ciudadanos a revisar qué ocurre con los recursos públicos, siendo un espacio idóneo para la corrupción.
Es hora de replantear la existencia de CORDESAN y avanzar hacia una estructura más eficiente y transparente en la gestión de los recursos públicos. Urge hacer una auditoría externa, examinar la Corporación “a corazón abierto” e investigarlo todo. Luego, tal como Camila Merino acabó con las corporaciones “Vita” usadas por Torrealba para desviar recursos, el alcalde Desbordes debe cerrar CORDESAN y reemplazarla por una corporación nueva y limpia, creada al amparo de la ley de corporaciones municipales.
Por Vicente Martínez, concejal de Santiago