Señor Director:
El debate sobre un nuevo estado de excepción acotado que propone el gobierno para enfrentar el avance del crimen organizado obliga a reflexionar con responsabilidad sobre el empleo de las Fuerzas Armadas y Carabineros en tareas de seguridad pública.
Tras 42 años de servicio en el Ejército, tengo la convicción que la formación, doctrina y cultura militar está orientada principalmente a la defensa de la soberanía nacional y a enfrentar amenazas propias de su misión constitucional. En cambio, el Carabinero ha sido preparado para actuar permanentemente en medio de la sociedad, distinguiendo entre quienes cometen delitos y los ciudadanos que requieren protección.
En este escenario, no parece razonable que, mientras miles de ciudadanos demandan mayor presencia policial en sus barrios, existan numerosos funcionarios de la policía uniformada cumpliendo tareas que no corresponden a su función principal: proteger a la ciudadanía y combatir el delito en las calles. Para ello, debe realizarse una revisión estricta con criterios de prioridad nacional del personal destinado a labores de: oficinas, comisiones, servicios de protección de autoridades y exautoridades, protección en dependencias gubernamentales e institucionales, Palacio de la Moneda, orfeón, matinales de televisión, rescate en montaña (debería ser responsabilidad del Ejército) entre otros. No puede ser que estas necesidades administrativas terminen debilitando la capacidad operativa de la institución llamada constitucionalmente a prevenir y detener el delito. La primera obligación del Estado debe ser fortalecer a Carabineros y disponer que sus funcionarios estén donde la ciudadanía más los necesita.
No obstante lo señalado y si el Estado decide emplear a las Fuerzas Armadas en el crimen organizado o protección de infraestructura crítica, puede ser —muy excepcional— bajo el mando militar y no policial como se ha insinuado, sin embargo, se deben establecer con absoluta claridad las Reglas de Uso de la Fuerza, que protejan decididamente al personal Militar, de Orden y Seguridad y no abandonarlos como ocurrió en la época del 73 al 90 y a partir del 18 de octubre del 2019.
Por otro lado, considero que no corresponde transformar al Ejército en un actor permanente de seguridad interior ya que puede afectar su misión fundamental y desnaturalizar la función para la cual existe: la defensa de la soberanía nacional. Chile necesita respuestas firmes frente al crimen organizado, pero también instituciones utilizadas de acuerdo con su propósito. La seguridad del país requiere claridad, responsabilidad política, apoyo jurídico y respeto por la naturaleza de cada institución.
Eduardo Villalón Rojas – Coronel en retiro de Ejército
Concuerdo con el autor. Presenta interesantes factores que ameritan discusión y definiciones claras. Esperemos que durante el debate parlamentario se produzcan aportes inteligentes y bien intencionados. También es de esperar que el presupuesto 2027 sea coherente con el incremento de tareas adicionales asignadas al Ejercito, que ya cumplen un extenso tiempo, lejos de ser algo excepcional.