La usurpación es uno de los delitos que más se reitera en La Araucanía, principalmente en la provincia de Malleco. Datos de la Multigremial de La Araucanía indican que ocurren alrededor de 150 usurpaciones por año, un promedio de 3,5 por semana, pero solo tienen condena el 1% de los casos, con multas muy bajas, menores a los 20 mil pesos.
Mientras tanto, muchas de las víctimas llevan años esperando recuperar su campo; y lograr un desalojo efectivo y duradero, es decir, que no vuelvan a usurpar el predio horas después de haber sido retirados del lugar. Por eso, figuras políticas, gremios y agricultores insistieron en la necesidad de aumentar las penas de este delito.
“Tengo mi predio tomado desde 2021. He hecho denuncias por doquier y claro, llega Carabineros, los saca pero vuelven a tomarse mi campo y cada vez más armados (…). Cuando aprobaron la ley de usurpaciones dijimos con mi familia que habrá menos impunidad y hasta pensamos en que podríamos recuperar nuestro campo, pero finalmente se presentó este veto y acá estamos, igual que siempre”, relata una víctima con residencia en Victoria -y que prefiere resguardar su identidad-; era uno de los tantos que estaban atentos a lo que ocurría en el Congreso respecto a esta ley.
Hoy en día la tensión y preocupación del sector rural gira en torno a lo mismo: que grupos o comunidades usurpen terrenos ad portas de la temporada de cosecha. Sobre todo porque la ley de usurpaciones aún no ha sido promulgada por el Gobierno, pese a que el veto que interpusieron ya fue aprobado.
Ley de usurpaciones aún no es promulgada por el Gobierno
El 8 de noviembre se aprobó en el Congreso el veto presidencial a la ley de usurpaciones, pero el Gobierno aún no la promulga. Si bien el Presidente Gabriel Boric tiene 30 días para hacerlo, los parlamentarios consideran que es importante que se le dé prioridad.
La senadora Carmen Gloria Aravena, autora del proyecto de usurpaciones que fue vetado por el Gobierno, señala que «el gobierno no quería que se resolviera este tema y quería que fuera solo una falta y eso es evidente al haber presentado un veto que no permitió sacar la ley como había salido del Congreso. Independiente de esa situación, es muy importante que esta ley se promulgue pronto«.
La senadora advierte que esto es así porque se avecinan momentos complejos, con las cosechas, el verano, los incendios forestales, entre otros, «todos con riesgo de que este delito aumente durante este tiempo, por lo tanto, es primordial que el gobierno apure la causa y esto salga pronto».
El diputado Miguel Mellado coincide. El legislador por La Araucanía cuestiona: “¿Qué espera el Presidente Boric para promulgar una ley que salió a la pinta de él al final? La ley de usurpaciones la aprobamos en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados, como quería la gente, como quisimos los diputados y senadores, como debe ser en democracia. Pero el Gobierno no quería, colocó un veto y ganó gran parte de su veto, pero ahora no quiere promulgar la ley con la rapidez que debe ser. Hay tantos agricultores que tienen sus predios usurpados, pagando contribuciones, que esto sería quizás una posibilidad de recobrar los predios haciendo un desalojo inmediato, con la flagrancia permanente que tiene esta ley”.
Plan de Seguridad Agroalimentaria
El gobierno ha sostenido reuniones tanto con policías, el Ejército y gremios para trabajar en conjunto en un nuevo “Plan de Seguridad Agroalimentaria”, también conocido como “Plan Cosecha”.
Esta iniciativa ha generado resultados positivos gracias al trabajo coordinado que se ha desarrollado entre el sector público-privado para resguardar el proceso de cosecha, época donde parceleros y agricultores sufren extorsiones o la quema de su campo.
José Montalva, delegado presidencial de La Araucanía, señala que el Plan de Seguridad Agroalimentaria tiene varios componentes. Dentro de los que destaca a Carabineros (COP) con la colaboración del Jefe de Defensa Nacional y también con agricultores de la región, tanto de Cautín como Malleco. “El trabajo ya se está haciendo y obviamente cuando empieza las cosechas estas reuniones se hacen más intensas. Lo importante es estar muy bien coordinados y que este trabajo se haga de forma tal que pueda dar resultados respecto a las necesidades que se van llevando a cabo día a día”.
Por su parte, Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, explica que ya comenzaron la coordinación mensual para la planificación de esta nueva temporada que «requiere de medidas de seguridad para cosechar considerando que el año pasado se logró, pese a la intensidad de los incendios forestales que fueron muy crudos. Esperamos este año mantener la misma coordinación y así poder seguir produciendo el alimento para todo Chile con el mismo éxito que en las temporadas anteriores bajo este plan».
Por otro lado, Naveillan recalcó que es una época en que «se intensifica la extorsión a los agricultores, poniendo en riesgo la producción».
Decisiones judiciales: un factor que puede aumentar la violencia
Al contexto estacional, se suma el escenario judicial que enfrentan comuneros que se encuentran en prisión preventiva o condenados, cuyas reivindicaciones aumentan la violencia.
Uno de estos casos es la reciente sentencia de la justicia contra Ernesto Llaitul, hijo de Héctor Llaitul, quien fue condenado a 15 años de cárcel junto a otros cuatro comuneros por un atentado ocurrido el año 2021 en Los Ángeles.
La noche del domingo la ORT Nagche Mañil Wenu de la CAM se adjudicó la quema del Restaurante Nueva Italia en Capitán Pastene, precisamente por esta condena que también involucró a otros tres integrantes de la coordinadora.
Por otro lado, Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), se mantiene desde el 25 de agosto de 2022 en prisión preventiva y el pasado 13 de noviembre se retomó la audiencia de preparación de juicio en su contra.
Se suma el inicio de huelga de hambre que anunció el werkén de la comunidad Temucuicui, Mijael Carvones, quien también se encuentra tras las rejas por el robo de un camión y un aserradero en Quilleco. Carvones exige al Gobierno que retire las querellas presentadas en su contra y ser trasladado al módulo de comuneros en el Centro Penitenciario de Temuco.
Además, está en desarrollo el juicio contra Luis Tranamil, acusado por el homicidio al suboficial de Carabineros, Eugenio Naín; un homicidio frustrado a un particular y por porte ilegal de arma de fuego. Según lo informado por Fiscalía, el veredicto se conocerá durante los primeros días de diciembre.
Urquízar: «La entrada en vigencia de la ley de usurpaciones debería contribuir a la disminución de la violencia»
En este sentido, Pablo Urquízar, coordinador de seguridad durante el gobierno de Sebastián Piñera, afirma que “si bien hay una disminución objetiva de los hechos de violencia en virtud del Estado de Emergencia, las distintas detenciones, condenas y próximos juicios vinculados a integrantes de orgánicas radicalizadas y terroristas en la Macrozona Sur, pueden provocar reacciones con diversos atentados y actos delictuales para ejercer el control territorial y mostrar fuerza”.
Urquizar cree que “la entrada en vigencia próximamente de la ley de usurpaciones debería contribuir también a esa disminución de la violencia con mayores facultades para las policías y mayores sanciones”.
Por su parte, Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de La Araucanía, plantea que “el panorama en los próximos días es un asunto de gran preocupación. Tenemos varios factores en juego aquí que podrían aumentar la violencia. En primer lugar, la acusación contra Llaitul y la sentencia de su hijo son señales de que finalmente la justicia está cumpliendo su rol, y eso es algo que celebramos como Multigremial. Sin embargo, es una realidad que cada vez que la justicia avanza, el terrorismo busca intensificar su violencia como una forma de presión desde la cárcel”.
Desde la Multigremial informaron que tras la detención de Héctor Llaitul los actos de violencia aumentaron en un 44% al mes siguiente. “Esto nos deja claro que debemos estar preparados para un posible aumento en los hechos de violencia en los próximos días”, expresa Santibáñez, quien agrega que “es fundamental que el gobierno y las Fuerzas Armadas tengan en cuenta este escenario y tomen medidas de seguridad adicionales para evitar nuevos desastres en el sur. La aplicación de la justicia es esencial, pero también lo es garantizar la seguridad de la población”.