Avanzar al máximo con los proyectos ideológicamente clave para la derecha durante el primer año fue la consigna con la que comenzó a trabajar el equipo del Presidente José Antonio Kast desde la campaña y, especialmente, tras ganar la segunda vuelta. La estrategia apuntaba a que los primeros doce meses no podían terminar sin haber dado una señal en el Congreso en materia económica, de seguridad y educacional.
Esta semana el Ejecutivo se anotó su primera gran victoria -y quizás la más relevante en el plano económico- al despachar el corazón de su proyecto de Reconstrucción Nacional, incluida la rebaja del impuesto corporativo, en un tiempo récord de tres meses.
Aunque aún queda pendiente la aprobación en el Senado del mecanismo de compensación para los municipios y que se pronuncie el Tribunal Constitucional, en el Ejecutivo sacan cuentas alegres y se preparan para los otros proyectos con que buscan cerrar su primer año y cumplir con las claves del programa de Gobierno.
Reinstalar seguridad en la agenda y aprobar proyectos emblemáticos
El Gobierno busca trasladar el relato durante el próximo semestre a los asuntos de seguridad. El viernes, de hecho, el Presidente Kast firmó una serie de indicaciones para mejorar las condiciones de la carrera funcionaria de Carabineros, con el objetivo de aumentar la cantidad de uniformados y, especialmente, la dotación policial en las calles.
En paralelo, durante los últimos días, el ministro de Seguridad Pública Martín Arrau ha activado las conversaciones para potenciar el debate y acelerar la agenda legislativa en la materia. Esto bajo la premisa de que, con la principal reforma económica resuelta, la oposición tiene poco espacio para oponerse a una agenda de seguridad que responde a una demanda marcadamente ciudadana.
El plan de seguridad contempla 26 proyectos priorizados, y tanto el Ejecutivo como el ministro Arrau ya se encuentran desplegados para darle celeridad y despachar, de aquí a fin de año, al menos las iniciativas clave de cada uno de los ejes.
Respecto de la prevención del delito, el Gobierno busca tener promulgadas las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) -que se encuentran en tercer trámite constitucional a la espera de la conformación de la comisión mixta- y la Ley Antiencapuchados, que ya fue aprobada en la Cámara y cursa su segundo trámite legislativo en el Senado.
Se trata de dos proyectos emblemáticos que en el oficialismo consideran un golpe al corazón de la «izquierda radical»: el primero, al proteger el accionar de las fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas; el segundo, por perseguir el principal modus operandi de la violencia en protestas y liceos emblemáticos.
En paralelo, durante las próximas semanas, la Segpres y el Ministerio del Interior activarán también el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, anunciado por el Presidente en su cuenta pública y presentado al Congreso en junio. El Ejecutivo busca reactivar ese debate que, de prosperar, implicaría también un duro golpe a los sectores más duros de la izquierda, ya que establece la pérdida de beneficios estatales y restricciones administrativas para quienes deterioren el espacio público o cometan delitos graves.
Migración: La gran promesa de campaña
En materia migratoria el Gobierno también pretende anotarse un triunfo legislativo y político en su primer año, con la aprobación de «las nuevas reglas migratorias». El proyecto se hace cargo de una las principales promesas de campaña y busca agilizar los procesos de expulsión administrativa de extranjeros irregulares.
El proyecto ya fue despachado por la Cámara y el Senado, sin embargo pasó a comisión mixta luego que el Senado eliminara una norma aprobada previamente por la Cámara que fijaba en cinco años el período mínimo de prohibición de reingreso para los migrantes expulsados administrativamente.
Un poco más rezagado se encuentra otro proyecto en esta materia: el que amplía el plazo de retención en las fronteras, anunciado también en la cuenta pública. La iniciativa se mantiene en su primer trámite constitucional, actualmente en etapa de revisión técnica.
Educación: otro golpe a una reforma de Bachelet
En educación, el Gobierno del Presidente Kast podría dar otro golpe a una de las reformas de la ex Presidenta Michelle Bachelet, si es que logra aprobar la reforma al Sistema de Admisión Escolar, iniciativa que busca terminar con el actual modelo mayoritariamente aleatorio de selección escolar conocido popularmente como «tómbola».
La iniciativa mantiene una plataforma única de postulación y, según ha señalado el propio Gobierno, su objetivo es reincorporar el mérito académico y dar mayor participación a los colegios y familias en el proceso de selección.
Tanto en la Segpres como el Ministerio de Educación aseguran que sacar adelante este proyecto antes del término del año legislativo es una prioridad, ya que su tramitación se podría complicar en un segundo año de Gobierno. La iniciativa fue aprobada el miércoles en la Comisión de Educación de la Cámara y ahora deberá ser revisada por la Comisión de Hacienda para luego ser despachada a la Sala.
En el Gobierno destacan que el avance de esta reforma ha sido sumamente rápido considerando que se ingresó el 23 de junio. En la votación del miércoles, de hecho, desde la oposición acusaron «falta de tiempo» para una discusión técnica profunda.
Agenda laboral: Sala Cuna Universal y el debate por las 40 horas
Pese a que el Gobierno logró sacar adelante el corazón de la reforma de reconstrucción, en el mundo político y económico se ha instalado la idea de que esta medida no será suficiente para enfrentar la crisis económica.
En ese contexto, el Ejecutivo desplegó una nueva agenda económica enfocada en la reactivación laboral, cuya tramitación, según destacan desde la Segpres, el Ministerio del Trabajo y Hacienda, es urgente acelerar y aprobar en el corto plazo.
Uno de los proyectos clave de esta agenda es el de adaptabilidad y jornada laboral, que comenzó a ser revisado esta semana por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
La iniciativa busca flexibilizar la organización de las horas legales de trabajo. Desde la oposición, en tanto, cuestionan que se trate de un retroceso encubierto a la Ley de 40 Horas, una de las reformas emblemáticas del Gobierno de Gabriel Boric. Sin embargo, el Presidente Kast y el Partido Republicano se han manifestado históricamente en contra de esa norma, argumentando que podría generar efectos negativos en el empleo.
En el Ejecutivo sostienen que, con las actuales cifras de desempleo -que alcanzan el 9,4% en el trimestre móvil marzo-mayo de 2026-, es el momento de acelerar la tramitación de este proyecto.
Dentro del listado que maneja la Segpres también figuran otras iniciativas relevantes en esta materia. Una de ellas es el proyecto de Sala Cuna Universal, que desde el Gobierno destacan por su componente social y de apoyo a la participación laboral femenina. La iniciativa llevaba años estancada, pero en junio el Ejecutivo ingresó una indicación sustitutiva con carácter de “discusión inmediata”, incorporando cambios estructurales a su diseño para reabrir el debate legislativo.
El proyecto dio recientemente un paso clave al ser aprobado y despachado por la Comisión de Educación del Senado, y ahora pasará a la Comisión de Hacienda antes de su votación en la Sala del Senado. En el Gobierno esperan concretar su aprobación durante el segundo semestre y dar una señal en materia de empleo y apoyo a las mujeres.
Medidas sociales y llegar a la clase media
Para el segundo semestre, además, el Gobierno apuesta por aprobar medidas con impacto directo en el bolsillo de las personas.
Una de ellas es la impulsada por el Partido de la Gente (PDG) durante la discusión de la reforma de reconstrucción y comprometida como parte de la negociación del proyecto. La iniciativa busca reembolsar parte del IVA pagado por la compra de pañales y medicamentos a personas pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.
Hace una semana, la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la idea de legislar la propuesta, y en el Ejecutivo esperan que su tramitación avance con rapidez debido al respaldo del oficialismo y del PDG.
La iniciativa beneficiaría a cuidadores de niños de hasta dos años, mayores de 65 años que requieran pañales de forma permanente y personas que utilicen medicamentos incluidos en una canasta definida por reglamento. El reembolso tendría topes mensuales y se depositaría en el Bolsillo Familiar Electrónico, previa verificación del IPS y el SII.