En la trama de acusaciones cruzadas por la entrega de pensiones de gracia a raíz del estallido social, hay una duda que persiste: ¿Cómo llegaron los solicitantes a iniciar el proceso de pensiones de gracia? En particular, aquellos 19 (al menos) que en principio no tenían respaldo médico evidente para acusar una vulneración por parte de agentes del Estado.
En ese punto de la polémica, los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) quedaron en el centro de la discusión. Según el instructivo para dar los vistos buenos, eran ellos los que finalmente sesionaban para aprobar o rechazar la acreditación de la calidad de víctimas de los solicitantes.
El Líbero consultó a algunos de los que participaron en las mencionadas sesiones, quienes coincidieron en poner el foco en las sedes regionales del INDH.
Cristian Pertuzé, actual consejero del INDH que ya se desempeñaba en ese puesto en la época en la que se aprobaron las cuestionadas pensiones de gracia, dice que no tiene conocimiento sobre la forma en la que se diseñaban las listas de los solicitantes que después debieron visar. «No manejo absolutamente ninguna información sobre eso. Las personas tenían que ir personalmente a las oficinas regionales, porque además tenían que firmar un consentimiento informado de que nosotros íbamos a recibir los antecedentes y de que eso iba a ser presentado al Ministerio de Interior», señala.
«En el Consejo no se presentaban los nombres de las personas. Se les asignaba una codificación porque las sesiones son públicas y además a los efectos de ser más objetivos», agrega Pertuzé.
Fuera de micrófono, un exconsejero apunta también hacia las oficinas regionales. «En el Consejo ni siquiera sabíamos los nombres de las personas. El trámite se iniciaba en las direcciones regionales. Ese era el filtro más relevante del proceso, las direcciones regionales«, responde.
«Hubo casos en los que algunos consejeros nos abstuvimos porque no había convicción de menoscabo laboral»
En algunas oportunidades, coinciden ambos entrevistados, hubo consejeros que restaron su voto, precisamente porque los antecedentes médicos que se presentaban no eran categóricos para acreditar la calidad de víctima del solicitante. Eso sí, la petición era aprobada porque los que advertían de estas falencias eran minoría y las decisiones se adoptaban por mayoría simple.
«En algunos casos, varios consejeros nos abstuvimos o inclusive rechazamos, aunque esas acreditaciones no se rechazaron porque no éramos mayoría, pero sí hubo casos en los que algunos consejeros nos abstuvimos porque no existía la convicción de que existiera la posibilidad de menoscabo laboral», explica Pertuzé.
En off, el exconsejero consultado por este medio relata que en algunas oportunidades solicitaron que no pasaran al Consejo los casos que no contaban con informes médicos pertinentes. «Al menos en lo que se tramitó hasta mediados de 2022 no los pasaban. Al menos en esa etapa no se discutieron casos que no tuvieran informes médicos», asevera.
En junio de 2022, el Presidente Gabriel Boric anunció en su Cuenta Pública que se aumentarían las pensiones de gracia a víctimas del estallido, cuestión que se concretó para varios benficiados que incluso tenían antecedentes penales.
Cómo funcionan las sedes regionales del INDH
Cada región cuenta con un director, la mayoría de ellos, nombrados en 2019. En el caso de la Región Metropolitana, es la abogada Beatriz Contreras, quien en entrevista con Vergara240.udp.cl, relató su trabajo por los días del estallido social: «Desde el 18 de octubre tratamos de desplegarnos en los distintos espacios que nuestro mandato legal nos permite. Básicamente eran observaciones en comisarías, hospitales y manifestaciones públicas. Asimismo, había profesionales y personal de apoyo que se tenía que quedar en las sedes para hacer, por lo menos en la Metropolitana, la atención de público, porque muchas denuncias ingresaban por atención directa en las oficinas y otras vía telefónica«.
En la misma entrevista, agregó que hacían turnos de día y de noche, y que contaron con el apoyo de abogados colaboradores pagados a honorarios. También contó que en materia de abuso sexual, las personas no denunciaban: «Nos pasó mucho en las comisarías que al entrevistar a las personas, les preguntábamos ‘¿Has sido vulnerado en tus derechos?’ y nos respondían ‘no’. Después contaban que no les habían dicho el motivo de la detención, que les habían hecho sacarse la polera. Les decíamos que eso no corresponde, que era una vulneración. Por eso era importante hacer un despliegue masivo de observadores: hay una parte de la población que ha sido tan vulnerada históricamente que lo tiene asumido como algo normal».
Respecto a las denuncias, en septiembre de 2021 el INDH envió a sus sedes regionales un instructivo donde se detallaba cómo acreditar a víctimas del estallido social para que fueran posibles beneficiarios de pensiones de gracia.
El primer paso era cuando el solicitante se acercaba al INDH para iniciar el proceso. En 48 horas alguien del INDH debía contactar al denunciante para pedirle antecedentes que luego la persona debía dejar presencialmente en la oficina que le correspondiera. Luego, las sedes regionales completaban la Planilla Registro Centralizado, donde se verificaba el cumplimiento de los requisitos para optar a la pensión. Ese requisito era, básicamente, haber sufrido «un menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo» en el contexto del estallido.
Posteriormente, los datos se enviaban al nivel central, donde el caso en cuestión se convertía en una carpeta anónima, la cual era revisada por el Comité Central de Acreditación, compuesto por consejeros del INDH. Si se votaba favorablemente la acreditación de víctima, la carpeta pasaba al Departamento de Acción Social (DAS) de Interior y la Comisión Asesora Presidencial.
Recriminaciones
El actual subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, así como también la vocera Camila Vallejo, han insistido varias veces en que el proceso de entrega de pensiones de gracia tiene falencias que se arrastran desde el gobierno anterior, como por ejemplo, no haber tomado en cuenta los antecedentes penales de los beneficiados, ni haber tenido un seguimiento más exhaustivo a las causas médicas que justificaban la pensión.
Por esto, el ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, recordó ayer en T13 Radio que la reparación fue «una exigencia por parte de la izquierda en un momento en que el gobierno de Sebastián Piñera estábamos en un momento muy delicado producto de la violencia que se vivía en las calles».
La citada exigencia surgió durante la discusión de la Ley de Presupuestos de 2021, en noviembre de 2020, cuando el entonces diputado y actual senador Daniel Núñez (PC), presentó una indicación que “establece una pensión para víctimas de violaciones a los DD.HH. que sean acreditadas por el INDH, para personas que a causa de sus lesiones sufran un menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo desde el 18 octubre de 2019 en adelante”. La indicación fue aprobada con 60 votos a favor, 34 en contra y siete abstenciones.
Así, en el Presupuesto de 2021 y luego en el de 2022, se fijo que fuera el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la entidad que acreditara como víctimas a los postulantes a pensiones de gracia. «Con cargo a estos recursos se podrá considerar como beneficiarios a aquellas víctimas de violaciones a los derechos humanos acreditados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos que a causa de sus lesiones sufran un menoscabo permanente, completo o parcial de su capacidad de trabajo, desde octubre de 2019 en adelante», decía la glosa 12 de 2021. En la ley de 2022 se incorporó a ese párrafo, otro que decía: «Se podrá considerar como beneficiarios a personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019».
El exvocero de la segunda administración de Sebastián Piñera, Jaime Bellolio fue tajante para responder a las críticas en el podcast ‘Política para adultos’, de El Líbero: «Una de las personas que escribió con su mano esta misma indicación que luego fue ley, es hoy día el subsecretario Monsalve. Y cuando se cuestionó, nosotros dijimos que íbamos a hacer una reserva constitucionalidad. Y fue quien hoy día es el ministro Elizalde, en ese minuto era senador, dijo que solo cuestionar esa glosa era en sí mismo una violación de los derechos humanos».