El encargado de dar la noticia fue el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde: el trabajo de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento se alarga y tendrá una segunda prórroga hasta el 30 de abril.
La primera fecha límite la fijó el Presidente Gabriel Boric durante su última cuenta pública (el 1 de junio de 2024): “En noviembre de este año la Comisión entregará un informe final de propuestas en materia de tierras, reparación, diálogo y reconocimiento”, dijo. La segunda fue comunicada oficialmente por la Segpres el 20 de diciembre de 2024, cuando se fijó el 31 de enero de 2025 “como el plazo que dispone dicha comisión para cumplir con su mandato”. Y si bien la instancia ha contado con más tiempo, el asunto que los mantiene entrampados es el mismo antes y ahora: qué hacer con la política de restitución de tierras.
A eso se suma que, de acuerdo con el análisis de opinión pública digital “Percepciones sobre la Comisión para la Paz y el Entendimiento”, realizado por Ananda Consultores, incluso antes de tener que alargar su tiempo de funcionamiento, la opinión en redes sociales del tema es que “se consolida la desconfianza y escepticismo sobre el funcionamiento de la comisión”.
La consultora tomó una muestra sobre 10.921 comentarios de redes sociales y encontró que 74,4% de las opiniones sobre la Comisión para la Paz y el Entendimiento de la Macrozona Sur, son negativas.
“Desde junio de 2023 hasta enero de 2025, la percepción pública ha pasado de un 60,3% de narrativas negativas a un 74,4%. Este aumento refleja una profundización de la desconfianza hacia la comisión, consolidando las narrativas de escepticismo sobre su capacidad para abordar de manera efectiva las causas subyacentes de la violencia en la Macrozona Sur”, dice el informe. Con lo cual la desconfianza inicial sobre su funcionamiento no solo se ha mantenido, sino que se ha profundizado.
Para voces como la de Pablo Urquízar, excoordinador nacional de seguridad de la Macrozona Sur, “es indispensable bajar las expectativas a la propuesta de la comisión y los eventuales acuerdos, independiente de las prórrogas. Si el plazo se extiende para tener una propuesta seria y responsable jurídica, financiera y políticamente, corresponde”.
No es el único que tiene observaciones sobre la instancia.
Alcamán: “La prórroga aumenta el escepticismo”
Una vez que se dio a conocer que la Comisión para la Paz extenderá su período, Hugo Alcamán, presidente de la corporación de profesionales mapuche, Enama, dijo a El Líbero “que la dirigencia mapuche en general, de todos los sectores, y creo que mucho más en la izquierda, no tienen la esperanza. Yo tengo contacto con gran parte de la dirigencia de la izquierda, y sus comentarios son que no tienen mayor esperanza en esta comisión, por tanto la prórroga aumenta el escepticismo. No ayuda, no es bueno”.
La comisión fue creada en junio de 2023, contó con el respaldo de los 19 partidos con representación parlamentaria, y la integran ocho comisionados, encabezados por el senador DC Francisco Huenchumilla y el exministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. Además, cuenta con la secretaría ejecutiva de Víctor Ramos, que antes tuvo a su cargo el Plan Buen Vivir.
La comisión cumplió con el objetivo de realizar un diagnóstico de la demanda de tierras del pueblo mapuche y cuantificó dicha demanda. No obstante, no se ha logrado un acuerdo sobre las formas de reparación, qué hacer con aquellas comunidades que ya tienen aplicabilidad, o están en la fila, para optar al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas; y la exigencia de sumar al debate las llamadas “tierras ancestrales”. Todo, con la dificultad de que la instancia sólo puede avanzar con el apoyo unánime de todos los comisionados a las propuestas.
Es por ello que para Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de La Araucanía, “es razonable que tenga más tiempo. Sin embargo, veo bien difícil que lleguen a un acuerdo sobre el tema tierras. No es un tema de tiempo, sino que de posiciones muy extremas, muy radicales, bastante similares a lo que se rechazó en la primera propuesta de constitución y la tierra es finita. No se puede seguir haciendo un daño tan grande a la capacidad productiva de la región. En ese sentido, nos parece que en la comisión hay posiciones bien disímiles, muy difíciles de conciliar”.
Ganar tiempo «para terminar el gobierno»
El diputado Miguel Mellado (RN) por su parte, opina que el gobierno de Gabriel Boric, “ha hecho más de lo mismo y siguen comprándole tierra a comunidades violentas. Me pregunto entonces, ¿quieren seguir en una comisión donde partieron con el tema tierra como el principal problema? dieron una vuelta de 360 grados, llegaron -sin solución- al mismo punto de partida y perdieron más de un año y medio conversando sin hacer ninguna medida para las comunidades mapuches en La Araucanía. Ni siquiera el reconocimiento constitucional que les ofreció en la campaña”.
El legislador considera que ya hubo comisiones previas que habían llegado a conclusiones y que se pudieron tomar para empezar la discusión, por eso su opinión es que el gobierno de Boric hizo esto para “ganar tiempo para terminar su gobierno y que las comunidades mapuches no le protesten en su cara. Usaron la comisión como un distractor”
Y considera que aunque se den hasta el 30 de abril de plazo, “va a ser muy difícil realmente en el tema tierra, que es un tema complicado, llegar a una conclusión por unanimidad”.
¿Había que informar más del trabajo de la Comisión?
El estudio de Ananda concluye que “la Comisión no logró generar confianza pública, se profundizaron dudas sobre su eficacia e imparcialidad, persiste la visión de que está politizada y sesgada, aumentó el rechazo a la restitución de tierras”, lo cual “pone en duda la viabilidad de las propuestas”.
Así, la política de restitución de tierras enfrenta un 70,1% de rechazo en el ámbito digital.
Alcamán indica que es “peligroso someter a encuesta una deuda histórica sin la debida información previa a la población”. Lamenta que la sociedad civil, en general, esté muy desinformada con respecto a los pueblos indígenas de Chile y, en particular, del pueblo mapuche, su cosmovisión y sus legítimas aspiraciones.
Y en esto también señala a la comisión. “Quizás fue un error de la comisión trabajar en secreto y debió haber estado permanentemente informando a la sociedad civil. La sociedad civil tiene que entrar en este debate”, afirma Alcamán. Por eso plantea que para abordar el tema de las tierras se podrían requerir dos, tres y hasta cinco años en los que haya mucha conversación y las partes se conozcan.
“Hay mucha ignorancia con respecto al pueblo mapuche, la gente tiene juicios categóricos con respecto al pueblo mapuche y si conversaran más, yo creo que esos juicios empiezan a diluirse, porque yo he probado eso. Cuando yo empiezo a dar explicaciones y dar razones y dar antecedentes, la gente tiene un sentido común. La gente no es fanática, la sociedad civil en general, pero necesita estar informada”, subraya el dirigente mapuche.
El debate sobre la tierra
Sobre la restitución de tierras, el informe de percepción en redes sociales indica que hay una creciente oposición, en que se argumentan “que (la medida) es injusta y privilegia a un grupo en particular, generando un sentimiento de resentimiento hacia los mapuche”.
La mayoría opina en redes que dar más tierras es un privilegio (43,7%) y más lejos están quienes dicen que la tierra fue robada y debe ser devuelta (16,5%) .
En redes sociales, dice Ananda, también se plantea la preocupación de que las tierras sean mal utilizadas. Y es que también se ha planteado, especialmente desde la Multigremial, que estas son tierras que salen del sistema productivo.
En una declaración pública que emitió la Multigremial el 18 de diciembre pasado se decía: “Ahora se propone gastar US$ 3.000 millones adicionales (lo que se supone costaría satisfacer la demanda de las comunidades que ya tienen aplicabilidad), perpetuando lo que hemos denominado el ‘Pozo Sin Fondo’, un sistema que destruye la capacidad productiva de la región y no resuelve los problemas de fondo”.
“Ojalá que la comisión pueda avanzar en otros temas, porque ya con las aplicabilidades otorgadas, hay del orden de 350.000 hectáreas. También en cuanto a mecanismos alternativos de compensación, indemnizaciones u otras formas que permitan optar a beneficios distintos”, afirma Santibáñez.
Para Alcamán, que normalmente tiene opiniones opuestas a los planteamientos de la Multigremial, los resultados del estudio hecho por Ananda muestran que “la campaña comunicacional ‘Pozo sin fondo’ de la Multigremial ha sido exitosa”.
¿La comisión es ambiciosa o va por un callejón sin salida?
El mandato último de la comisión es “entregar al Presidente de la República un informe final que detalle el diagnóstico realizado, el proceso de diálogo llevado a cabo, los acuerdos alcanzados y las propuestas elaboradas, en cumplimiento de estos objetivos”.
Ese texto es el que aún no está listo.
En opinión de Alcamán, el hecho de que lleven discutiendo más de un año, implica que todas las partes tienen posturas sólidas que son legítimas, pero que están endurecidas. Por tanto, afirma que “la Comisión se instaló con un propósito muy, muy ambicioso” y dice que también faltó un sistema comunicacional que permitiera que su trabajo llegara a la sociedad civil.
Por su lado, Santibáñez opina que si no se llega a un acuerdo sobre las tierras, “pues no hay acuerdo nomás”. Señala que “más que ambiciosa, yo creo que la conformación de la comisión tiene sectores que más bien son radicales. Las mismas personas que estaban por la Constitución anterior que más o menos planteaban cosas similares. En definitiva, así es difícil llegar a un acuerdo razonable”.
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