La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento presentó sus recomendaciones y entre ellas figura una que involucra al sector forestal. Desde la industria no se han pronunciado sobre el informe. Sin embargo, el 3 de mayo –antes de que el documento se hiciera público–, desde la Corporación Chilena de la Madera (Corma) manifestaron su “preocupación” porque el proceso concluyó sin unanimidad, la “que se estableció en su inicio como requisito base para el acuerdo”.
Ayer comenzó a circular entre el gremio un informe que plantea signos de alerta. Allí se señala que el rubro teme que la falta de una cláusula de cierre explícito sobre el tema de las tierras mantenga una “puerta abierta” a nuevas demandas, generando incertidumbre jurídica.
En diciembre de 2023, el entonces secretario ejecutivo de la Comisión, Víctor Ramos, compartió en sus redes sociales imágenes de la audiencia que sostuvieron con Celulosa Arauco y Constitución, Forestal Arauco, CMPC y Corma.
El Líbero pudo saber que durante todo el período de funcionamiento de la comisión, hubo conversaciones con el sector. Sin embargo, hacia finales del año pasado el diálogo se tensó ante las exigencias de la instancia.
Esta concluyó que la demanda de tierras actualmente institucionalizada –es decir, que cuenta con aplicabilidad o solicitud presentada a la fecha de las recomendaciones– se estima en 377.334 hectáreas, y se pretendía que esa cantidad de tierras saliera del mundo forestal.
“Más que una negociación, era una imposición”, dicen quienes conocieron lo sucedido, y que relatan que en diciembre se había llegado a un “punto muerto”.
La situación llevó a que el gremio cambiara de interlocutor dentro de la Comisión y fue así como en marzo se logró la redacción planteada actualmente.
“Desde la industria sabían que ese era uno de los puntos que se iban a plantear en las recomendaciones, pero se habló en un momento distinto. Las forestales siempre estuvieron dispuestas a conversar, fueron todas las veces que se solicitaron a los plenos, también estuvieron en la conversación más chica, la verdad es que estuvieron disponibles siempre a sentarse a buscar una solución”, dicen fuera de micrófono quienes conocieron las tratativas.
Qué dice la recomendación sobre las “tierras forestales”
Finalmente, en el informe final quedó consignado que se propone la participación de la industria en dos fases. En la primera, bajo normativa de la Ley Indígena vigente, y se indica que hay voluntad de responder a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) sobre la demanda actual de tierras asociada a predios de su propiedad.
Y en una segunda etapa, cuando ya se haya desarrollado el marco normativo necesario para sacar adelante las propuestas de Comisión, reiteran que la industria forestal “manifestó su disposición para ser parte de la solución que propone esta comisión” y señalan “su voluntad de otorgar una respuesta a las demandas que estén asociadas a predios de su propiedad”.
Para la primera fase, la comisión recomienda que se constituya una mesa de trabajo entre la industria forestal y el Ejecutivo para revisar, actualizar y priorizar “el proceso de transición de los predios forestales que están siendo demandados y que podrían ser adquiridos a través de Conadi”. Asimismo, también se recomienda “catastrar los casos de sitios de significación cultural identificados por las comunidades, con la finalidad de concordar una solución jurídica (usufructo, servidumbre, coadministración, venta, entre otras)”. Con este fin se utilizarán fuentes de Conadi, del Consejo de Monumentos Nacionales, y “podrá complementarse con los registros que las empresas mantengan”.
Sobre este punto, las fuentes consultadas explican a El Líbero que se llegó al acuerdo de establecer una mesa de trabajo porque la información que tenía Conadi no era la misma que tenían las forestales, por eso en la recomendación no queda establecido el número de hectáreas a aportar por el sector forestal, aunque en el punto del documento relativo a la “agencia de reparación” –responsable de contar “con un mecanismo de adquisición de tierras que evite los conflictos”– se indica que la tierra provendrá de cinco fuentes, entre ellas “las tierras que disponga la industria forestal y otras empresas”.
Otro punto que plantean quienes conocieron los diálogos, es que la redacción de la recomendación sobre “tierras forestales”, ocurrió antes de la redacción definitiva del punto referido a la “agencia de reparación”. En ese apartado la comisión sugiere crear una especie de “banco”, para lo cual harán un llamado preguntando quiénes están dispuestos a vender sus tierras al Estado. Este llamado estará abierto por un período de seis meses, y las comunidades sólo podrían escoger entre esos campos. No obstante, se agregó que cuatro años después se pudiese hacer el llamado una vez más, en caso de que la primera vez las tierras a disposición no hayan sido “suficientes”.
Ese punto es el que prendió las alertas con respecto a que la demanda de tierras no se cierra.
En el documento al que tuvo acceso El Líbero y que circuló entre el mundo forestal, se advierte que “la revisión de compromisos al cuarto año por parte del Tribunal Arbitral genera inseguridad regulatoria y podría desincentivar inversiones en la zona”.
También se plantea que acelerar el proceso de compra de tierras o la entrega de reparaciones alternativas, mediante la ejecución de un fondo de US$4.000 millones “puede reducir tensiones a mediano plazo, pero corre el riesgo de gatillar conflictos si no se cierran definitivamente las reclamaciones”.
René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), indica: “Lo que yo entiendo es que las empresas forestales están disponibles para conversar respecto de algunas solicitudes de tierras hechas por algunas comunidades y que están relacionadas con su propiedad, que no es tanto, se habla entre 10.000 a 15.000 hectáreas. Pero lo que plantean las empresas forestales es que ellos están disponibles en la medida que esto signifique el término de este ‘saco roto’, digamos así, de pedir y pedir y pedir más siempre, porque en el fondo nadie establece que si se entregan 10.000 hectáreas se acaba la solicitud o la pedida respecto a tierras que pertenezcan a las empresas forestales”.
Un “nuevo marco de entendimiento” entre las comunidades mapuche y la industria forestal
La declaración pública que hizo Corma el 3 de mayo valora “los esfuerzos de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, orientados a avanzar hacia soluciones que permitan dar término al conflicto histórico en la Macrozona Sur”, y concluyen: “Esperamos conocer en detalle el informe final para analizar sus propuestas y, desde nuestro rol, seguir contribuyendo a una solución duradera y a construir una paz firme, con desarrollo y justicia territorial para todos los habitantes de la Macrozona Sur de Chile”.
En el punto del informe sobre “tierras forestales”, “la comisión recomienda proponer un nuevo marco de entendimiento, reparación y cooperación entre las comunidades mapuche y la industria forestal, que contribuya a una convivencia territorial más armónica, al cumplimiento de los objetivos de estas recomendaciones y al desarrollo económico de las comunidades mapuche”.
Desde el inicio del conflicto, por ejemplo, la Coordinadora Arauco Malleco puso un target sobre las forestales.
El libro ‘Chem Ka Rakiduam’ (2019), que recoge los principales métodos de guerrilla de la agrupación radical, establece que las acciones incendiarias son principalmente en contra de las forestales, a las que consideran su principal “enemigo”. En consecuencia, para esta orgánica radicalizada los incendios son “sabotajes” cuyo único fin es la destrucción material de la industria forestal, con el objetivo de lograr el control territorial.
Ayer mismo, se registró un atentado en Los Sauces (La Araucanía), en el predio Napanir (748). El ataque, perpetrado por un grupo armado, destruyó por completo toda la maquinaria y las camionetas de la empresa EESS Cima, contratista de CMPC.
Las víctimas
La violencia no mide a quien atropella. René Muñoz detalla que desde el año 2014 los contratistas forestales han sido víctimas de 490 atentados, en los cuales han destruido 1.800 equipos.
“En todo el informe de la comisión aparece una vez la palabra terrorismo y aparece la palabra violencia pero no catalogándola como terrorista. Y eso nos llama la atención”, dice Muñoz. Y se pregunta cómo será el nuevo sistema de reparación de víctimas propuesto.
“Hoy día, el fondo de subsidio a las víctimas tiene una metodología, está incluida en el presupuesto, hay una glosa, y si se acaba esa glosa hay que permanecer en la cola el tiempo que esa glosa se reponga. Entonces, si va a ser el mismo sistema que hay actualmente, en que se exige que el dueño del equipo no tenga seguro, que no facture más de 100.000 UF, creemos que no tiene sentido. El contratista, grande o chico, tiene el mismo efecto por un atentado, porque le han quemado su patrimonio, le han quemado su equipo. Entonces, si vamos a considerar, en este caso, la devolución de tierras para todos los mapuches, también consideremos el subsidio o el apoyo a todas las víctimas. Y ahí creo que no es claro el planteamiento que nos ofrece hoy día la comisión”.
Los riesgos que se advierten
En el documento que circuló entre los integrantes de la industria forestal se hacen varios llamados de atención con respecto a las recomendaciones.
El punto 2 del informe de la comisión alude al “Reconocimiento a las formas propias de organización mapuche” y considera “el principio de autogobernanza”. Sobre esto plantean que existe preocupación en sectores políticos y empresariales por una posible “autonomía funcional de facto” que erosione la autoridad del Estado en zonas críticas y cree “zonas grises de soberanía”. Además, dicen que el punto “abre incertidumbres respecto al equilibrio institucional”.
Plantean que el hecho de que la palabra “terrorismo” aparezca una sola vez y que no se propongan medidas concretas de seguridad “debilita la viabilidad política del plan y podría ser usado como argumento para su rechazo legislativo”. Además, dicen que esto representa un riesgo alto, por la percepción de impunidad frente a grupos radicalizados (CAM, WAM, RML).
En cuanto, al fondo propuesto de US$4.000 millones para satisfacer la demandas de tierras, y también brindar otras formas de reparación como compensaciones económicas, infraestructura, educación o vivienda, se advierte que la ejecución de este fondo “podría incentivar nuevas demandas, ampliando la deuda histórica”.
Entre las conclusiones del texto se indica que si bien la propuesta de la Comisión para la Paz y el Entendimiento “es ambiciosa y representa el mayor intento en décadas por resolver el conflicto territorial con pueblos indígenas”, “sus omisiones en materia de seguridad, ambigüedad institucional y riesgo de fragmentación del Estado generan resistencia transversal. Su implementación requiere una estrategia de gestión de crisis, diálogo político amplio y garantías explícitas de seguridad jurídica y territorial”.
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