Publicado el 17 mayo, 2021

[Columna Constituyente] Raúl Bertelsen: ¿Cuánta Constitución?

Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes Raúl Bertelsen Repetto

Es en materia de derechos sociales de prestación en que el riesgo de una hipertrofia constitucional es mayor tal como lo muestran algunas constituciones latinoamericanas.

Raúl Bertelsen Repetto Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes
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Los convencionales encargados de redactar la nueva Constitución de Chile tienen ante sí una cuestión básica de cuya acertada solución depende en buena medida el éxito de su tarea. Me refiero a la extensión de la Constitución.

Una Constitución, como es sabido, tiene dos grandes asuntos que resolver. La organización de los poderes del Estado, y el reconocimiento y protección de los derechos humanos. De las decisiones que se adopten en uno y otro ámbito, y del detalle con que lo hagan, surgirá una Constitución sobria o bien una dilapidadora.

Las materias propiamente constitucionales no generan mayores dudas. En cuanto a los órganos a través de los cuales actúa el Estado, se acepta, como punto de partida la división tripartita de poderes -legislativo, ejecutivo y judicial-, la cual se complementa con algunos órganos autónomos, como el Banco Central o el Tribunal Constitucional, y además, con los que existan en los ámbitos en que se divida el territorio del país.

De la composición, atribuciones y relaciones recíprocas que existan entre los diversos poderes y órganos del Estado, dependerá la forma de gobierno -presidencial, parlamentaria o semipresidencial- que tenga el país, y de la división territorial del poder, las fórmulas que, dentro del estado unitario, admiten una mayor o menor descentralización administrativa.

Algunas de estas cuestiones serán resueltas pacíficamente en la Convención: la existencia del Presidente de la República en cuanto jefe de Estado, y la del Congreso Nacional, aunque se discutirá si este ha de ser uni o bicameral, mientras que habrá otras muy polémicas, entre las que estarán la forma de gobierno y la distribución territorial del poder. Pero todas estas cuestiones podrán resolverse en el texto constitucional únicamente en sus aspectos fundamentales, o bien mediante una regulación minuciosa. En el primer caso tendremos una Constitución breve, y en el otro una extensa.

El reconocimiento y protección de los derechos humanos es la otra gran materia propia de toda Constitución. Nadie discute -supongo- la existencia de las libertades y derechos de garantía básicos que la tradición constitucional de cada país presenta, aunque el detalle con que se plasme en la Constitución puede variar grandemente. Pero es en materia de derechos sociales de prestación en que el riesgo de una hipertrofia constitucional es mayor tal como lo muestran algunas constituciones latinoamericanas.

Así, junto a los cuatro derechos sociales de prestación básicos -educación, protección de la salud, seguridad social y vivienda-, han aparecido derechos de sectores o grupos específicos: niños, jóvenes, adultos mayores, discapacitados, deportistas, y un largo etcétera, que en verdad representan modalidades especiales de aplicación de esos derechos básicos y que es más propio de la ley y no de la Constitución, regular.

No oculto que me preocupa la existencia de una Constitución detallada y veo dos factores que favorecen su aparición. Uno es resultado de las promesas que habrán hecho en sus campañas los convencionales para introducir en la Constitución algún beneficio o medida favorable a sus electores, que ahora procurarán satisfacer, y el otro, la práctica utilizada con frecuencia en los últimos meses por los parlamentarios de legislar detalladamente, mediante reformas a las disposiciones transitorias de la Constitución, práctica que pudiera ser imitada por los convencionales estableciendo en la parte permanente de la Constitución normas de detalle impropias de la Carta Fundamental.

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