El Caso Convenios volvió a revivir. Esto porque el jefe del Segundo Piso del Presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi Serrano, el exministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez; fueron citados a declarar entre hoy y mañana ante el fiscal regional de Antofagasta, Cristián Aguilar, quien indaga el caso Democracia Viva y que decidió separar en otra investigación la arista de la fundación ProCultura en esa región.
Las declaraciones de los tres militantes de Revolución Democrática (RD) fueron solicitadas tanto por querellantes de la UDI en el caso Democracia Viva, como por los querellantes del Partido Republicano, quienes a diferencia de los primeros, ampliaron su querella directamente contra Crispi, Jackson y Martínez en agosto pasado por la falta de control que ejercieron con ProCultura, razón por la cual ahora los tres tienen calidad de imputados. No obstante, el fiscal ahondaría en todos los casos en que hayan sido mencionados.
El abogado querellante de la UDI, Pablo Toloza, explica a El Líbero que las investigaciones del Caso Convenios están avanzando detallada y rápidamente, por lo que avizora nuevas formalizaciones en los próximos meses.
En esas investigaciones, espera que se repita un nombre: Verónica Serrano. La arquitecta de reconocida experiencia en el mundo público, era la jefa del Departamento de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo cuando esa cartera financió millonarios convenios con fundaciones justamente para trabajar en la habitabilidad de los campamentos, que aumentaron durante la pandemia. La Contraloría realizó varias observaciones respecto del funcionamiento de esa unidad. Entre ellas, dijo que no existía un «procedimiento formal de selección» de las fundaciones que ejecutarían los fondos del Minvu y que esos dineros se entregaban de forma directa y sin pedir garantías.
Serrano también es tía materna de Crispi y en enero de 2023 comenzó a trabajar como asesora de gabinete de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), en la coordinación interministerial del programa Nueva Alameda. Cuando llegó a Subdere, no alcanzó a hacerlo bajo el mandato de su sobrino, pues ya había dejado el cago.
«Es poco creíble» que Crispi, Jackson y Martínez no supieran lo que pasaba con las fundaciones
Respecto a Crispi, Jackson y Martínez, el jurista es tajante: dice que es “poco creíble” que ellos no supieran de ninguna irregularidad en los convenios con fundaciones, dado que eran un partido nuevo, pequeño, y donde se vieron involucrados militantes destacados. Por ejemplo, “el exseremi Carlos Contreras fue el tesorero nacional de RD, él no era un militante cualquiera. Que pretenda señalar que era un técnico no es creíble. Él estaba encargado de los fondos de RD, estaba en el centro del poder de RD”, afirma sobre el exjefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez actualmente en prisión preventiva junto a Daniel Andrade, entonces pareja de la misma diputada RD.
Toloza sostiene que si bien los tres imputados que declararán podrían no haber participado del “mecanismo” de las fundaciones, a su juicio, sí sabían lo que estaba ocurriendo, y de saberlo, deberían haberlo denunciado, pues los funcionarios públicos tienen la obligación legal de denunciar los delitos de los que tienen conocimiento.
–¿Qué se espera que resulte de esta toma de declaraciones?
-En primer lugar, aclarar información que hasta el momento está absolutamente difusa, o más bien contradictoria. Por una parte, saber cuándo tomó conocimiento Miguel Crispi de esta situación de Democracia Viva. Si uno analiza las fechas, acá hubo una especie de gran espectáculo cuando se da a conocer el caso por medio de Timeline: aparecen varios personeros de Revolución Democrática señalando que no tenían absolutamente ningún conocimiento, muy sorprendidos, casi molestos por esta situación (de los más de $400 millones otorgados a la fundación de la expareja de la diputada Catalina Pérez, para trabajos en campamentos en los cuales no tenían experiencia) y ahora, a esta altura del partido, ya tenemos claro que sabían de antes de la existencia de estos convenios. De hecho, por las mismas declaraciones de Contreras y las conversaciones vía WhatsApp con (la exsubsecretaria de Vivienda), Tatiana Rojas, había no sólo un conocimiento, sino que existía una coordinación desde el punto de vista comunicacional de cómo se iba a enfrentar (el caso).
«Ese impacto de dirigentes del Frente Amplio respecto a estos convenios era una pantomima, porque efectivamente ya conocían absolutamente el tema. Entonces, primero es importante para poder dilucidar hasta cuándo fue efectivamente la fecha en que ellos tomaron conocimiento y de qué forma tomaron conocimiento”, dice Toloza en alusión al informe que Rojas le pidió a Contreras entre el 5 y 7 de junio para, supuestamente, hacerlo llegar a La Moneda. Hay que recordar que el sitio web Timeline dio a conocer el caso el 16 de junio.
“Es importante saber a ciencia cierta si existió o no delito por no haber hecho la denuncia» de un presunto delito, lo cual es una «obligación que tienen todos los funcionarios públicos”, agrega.
Además, en una entrevista el fin de semana pasado, el exseremi de Vivienda de Antofagasta dijo que cree «que efectivamente Crispi le omitió información al Presidente y luego le omitió información a la comisión investigadora de la Cámara (…). Me duele en el alma contradecir a la subsecretaria, pero yo creo que ella está haciendo de pararrayos de Crispi y Verónica Serrano”.
-El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que las omisiones de denuncia de funcionarios públicos “prácticamente no tienen jurisprudencia en Chile en materia penal”, sino sólo en materia administrativa, cuando les cabe la total convicción de que hubo delito.
-Tampoco en nuestro país existe jurisprudencia de que se hayan armado fundaciones en forma específica para defraudar al fisco chileno. Lo que señala el ministro en caso alguno exculpa. Porque no haya jurisprudencia -que la hay-, no deja de ser delito. Si no hubo gente que cometió ese delito anteriormente, no quiere decir que el delito no exista. Quiere decir que las personas que estuvieron antes no cometieron la conducta delictual (…). Más que una razón jurídica, lo que señala el ministro Cordero es una vil excusa y es querer bajar el perfil a algo que evidentemente es grave. Que teniendo conocimiento no se denuncia.
Toloza recuerda además que Crispi no aparece mencionado sólo en el caso de Democracia Viva, sino también en el de ProCultura cuando era subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo y validó las competencias de esa fundación para restaurar fachadas históricas de Antofagasta por más de $629 millones.
–¿Avanza la teoría del “modus operandi”, del «mecanismo»?
Toloza opina que sí, pues en las dos grandes ramas del Caso Convenios (acuerdos con los servicios de Vivienda y Urbanización, Serviu, y con los gobiernos regionales) hay un diseño “que es exactamente el mismo y que se va repitiendo en cada uno de estos casos. En el caso del Serviu, hay un procedimiento en el cual los convenios se fraccionan a objeto de no quedar al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría y saltarse esa parte. Eso, si uno lo ve en cada una de las causas que están a lo largo del país, y uno analiza todas las materias, se va a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Y es exactamente la misma circunstancia que ocurrió en Antofagasta, en Maule, y lo que ocurre en cada una de estas regiones”.
«Si uno analiza esta situación, puede determinar que hay un hilo conductor: aquí se amplió el número de fundaciones que no tenían la expertise para esas materias, esas fundaciones tenían nexos directos o indirectos con los partidos políticos; se traspasaron fondos sin tener garantías y sin cumplir normas mínimas en materia«, desmenuza, puntualizando que la mayor parte de los recursos asignados se destinó al pago de remuneraciones a personas de partidos del oficialismo, en el caso de Democracia Viva, de RD.
«Hay elementos que hacen parecer que hay una intervención directa de Serrano«
A su juicio, a medida que se vayan formalizando causas, será más fácil “hacerse una imagen mucho más clara y general de la situación porque hasta este momento hemos visto lo que pasó en Democracia Viva, pero respecto a las otras regiones ¿pasó exactamente lo mismo? Por lo menos lo que nosotros vemos hasta ahora es que hay un monto grande y esto se repitió. Es decir, no es lógico pensar que al seremi Contreras se le haya ocurrido esto y que al seremi de Atacama y al de Tarapacá, también se le haya ocurrido lo mismo y que ninguno haya conversado entre ellos (…). Es evidente que hubo una coordinación y es razonable saber si esa coordinación fue solo a nivel de los seremis o esto es una coordinación de bastante más arriba, y por lo que da a entender el exseremi Carlos Contreras, había una coordinación de gente que estaba más arriba de él y, por tanto, esto no es sólo el caso que involucre, por ejemplo, a Verónica Serrano, no sólo por Democracia Viva, sino que debería irse por todos los otros casos. Cuando tengamos formalizaciones de otras causas en las que también somos querellantes, lo más probable es que se repita la misma fórmula y se repitan los mismos nombres”.
–¿Verónica Serrano sólo ha sido nombrada en el caso Democracia Viva?
-Hasta el momento Verónica Serrano sólo es mencionada en Democracia Viva porque sólo el caso de Democracia Viva-Serviu es el que se ha formalizado. Los otros casos formalizados son en relación a los gobiernos regionales (Biobío y Los Lagos). Por tanto, Serrano sólo aparece mencionada ahí porque el resto de las causas (Serviu) no se han formalizado y estas investigaciones aún siguen en secreto.
La arquitecta fue jefa del Departamento de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entre julio y diciembre de 2022. El exseremi de Antofagasta declaró en Fiscalía que ninguna otra autoridad del Ministerio de Vivienda lo presionó más para avanzar en los convenios y ejecutar el presupuesto, que Serrano.
Además de esa declaración, “ella aparece en distintos correos que han llegado a la carpeta investigativa. Por tanto, no es sólo lo que señala Contreras, no es sólo porque él lo diga, sino que hay elementos fácticos dentro de la carpeta investigativa que hacen parecer que hay una intervención directa por parte de Verónica Serrano en esta causa de Democracia Viva y que yo creo que, por la función que ella tenía, cuando se empiece a conocer las otras causas en las cuales está involucrado el Serviu y específicamente Asentamientos Precarios, van a volver a aparecer estos mismos antecedentes”.
Toloza solicitó antes de diciembre que se tome declaración a Serrano, pero la Fiscalía no se ha pronunciado.
-Respecto a Jackson y Martínez, ¿qué es lo que debería despejar la declaración?
-Lo mismo (de Crispi): si Jackson tuvo conocimiento de estos ilícitos. Porque está claro que la mayoría de las personas involucradas son todas de RD (…). Uno ve Democracia Viva, pero cuando uno ve la película completa, el espectro completo, estamos hablando de muchos miles de millones de pesos y es bien difícil que de esa cantidad de dinero nadie haya sabido. Ahí Javiera Martínez era la directora de Presupuestos, obviamente a alguien le tenía que saltar esta información. ¿Cómo nadie se puede dar cuenta que en un mismo tiempo se está haciendo este tema de transferencias a fundaciones que nadie controlaba?, ¿quién los visó? y acá vuelve a ocurrir la situación de que Javiera Martínez también pertenece al mismo partido político. Y no siendo peyorativo, estamos hablando de un partido que tampoco es un gran partido político desde el punto de vista de que no tiene muchos militantes y que no tiene una gran historia. Es un partido nuevo. Son partidos bastante pequeños. Que digan que (los involucrados) se han visto alguna vez o circunstancialmente, es poco creíble (…). En esas circunstancias, no es creíble que Crispi, Jackson o Martínez no hayan tenido ningún conocimiento de esto».