El lunes en la mañana, el Presidente Sebastián Piñera, junto al ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward, recibió a la nueva mesa de la Cámara de Diputados en La Moneda, integrada por su presidente, Diego Paulsen (RN); el primer vicepresidente Francisco Undurraga (Evópoli), y el segundo vicepresidente; Rodrigo González (PPD).

Uno de los principales temas de la reunión fue «el compromiso, como uno de los poderes del Estado, de respetar la Constitución y las leyes», señala Undurraga a El Líbero. «Vamos a ratificar todos y cada una de los proyectos de ley, y evidentemente veremos si son admisibles o no admisibles y desde ese punto de vista nosotros juramos o prometimos respetar la Constitución política de la República de Chile», agrega el diputado.

El cambio de directiva en la Cámara de Diputados se inserta en un contexto donde se ha dado un debate sobre los proyectos de ley inconstitucionales que han presentado algunos parlamentarios. Una práctica que validó el saliente presidente de la testera, Iván Flores (DC) quien señaló que les daba curso porque con eso “se ayudaba a revisar temas que eran urgente resolver”. Algo que encendió las alertas entre expertos constitucionalistas. En conversación con El Líbero el abogado constitucionalista, Javier Couso expresó, «Mientras no se cambie la vigente Constitución, no es optativo obedecerla, es obligatorio».

¿Cómo enfrentará este escenario la nueva mesa? El diputado Paulsen señala: «Vamos a implementar un nuevo sistema, con un informe de la secretaría firmado por el secretario, en cada proyecto que sea inadmisible y que la secretaría la va a defender cuando los parlamentarios lo reclamen en la sala», señala. Precisa que «yo no puedo pasar a llevar el reglamento donde se establece que los parlamentarios pueden pedir la admisibilidad en sala del proyecto. Pero en el cruce de las admisibilidades o inconstitucionalidades en el ingreso, nosotros vamos a ser súper exhaustivos».

En la Constitución se establece en el artículo 65, en los incisos tercero y siguientes, aquellas materias de ley que solo pueden ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de manera que no pueden ser objeto de mociones parlamentaria. Aún así, ambas cámaras -de acuerdo a sus reglamentos internos- deben determinar la admisibilidad o la inadmisibilidad de cada proyecto de ley.

Según un documento que maneja La Moneda, al que tuvo acceso de El Líbero, se lee: «En el contexto que vive el país a raíz de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, es posible advertir que se han presentado una serie de mociones parlamentarias, cuyas materias a tratar corresponden a materias que son de exclusiva iniciativa del Presidente de la República, pero que no obstante, han sido declaradas admisibles a tramitación».

En esa línea, existen hoy en el Congreso 42 proyectos que podrían ser considerados inadmisbles por tratar materias que corresponden a iniciativa exclusiva del Presidente de la República: 11 corresponden al Senado y 32 a la Cámara. 

Considerando el total del Congreso, son parlamentarios del Partido Socialista, los que más han puesto su firma en mociones que podrían tener vicios de inconstitucionalidad, es decir, un 55%, del total. Los siguen representantes de la Democracia Cristiana, cuyos legisladores han sido autores de 17 proyectos con estas características, lo que representa un 40% del total de dichas mociones. Muchos de los nombres se repiten en más de un texto legal.

En el Senado, del total de 11 proyectos, en 8 de ellos participó al menos un senador del PS. En cuanto a la DC, 7 tienen la firma de un legislador de la falange, y 5 del PPD. En el oficialismo, en 4 proyectos de ley aparece al menos un senador de RN y 2 de la UDI.

Sobre los nombres que más se repiten en el Senado son Rabindranath Quinteros (PS), que figura como autor de 4 proyectos. Lo siguen Yasna Provoste (DC), Alejandro Navarro (País Progresista), Carlos Bianchi (Independiente) y Carolina Goic (DC), todos con 3 participaciones en iniciativas.

En la Cámara de Diputados, el total de proyectos que podría ser declarados inconstitucionales asciende a 31. Las parlamentarias Daniella Cicardini (PS) y Marcela Hernando (PR), encabezan la lista porque su firma aparece en 6 proyectos. Les siguen el  Víctor Torres (DC), Camila Vallejos (PC), Juan Santana (PS) y Amaro Labra (PC); cada uno con su nombre en 5 mociones. 

A nivel de partidos, el PS lidera con la presencia de sus diputados en 15 mociones, seguido por el Frente Amplio con 13. En cuanto a la Democracia Cristiana, sus parlamentarios se «anotan» en 10, el Partido Comunista en 7 y el PPD con 5.

En Chile Vamos, el listado lo lidera RN. Del total de 31 iniciativas, sus diputados han participado en 10.  La UDI y Evópoli aparecen con 3. 

Isapres, precios de servicios básicos, postnatal, entre las iniciativas

Entras las más de 40 iniciativas se encuentra la que «crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas, para delimitar temporalmente su aplicación». Según el análisis del gobierno su inadmisibiliad está dada porque «incide en la administración financiera del Estado»

La moción que busca «derogar la tabla de factores para la fijación de precios de las Isapres», cae también en esta categoría pues «incide en materia de seguridad social».

También por este argumento podría ser inadmisible el texto que busca modificar «el Código del Trabajo, para suspender la aplicación de las causales de despido por fuerza mayor, y por necesidades de la empresa, durante el periodo que indica, debido a la emergencia provocada por la pandemia de Covid-19″. La misma situación corre para el proyecto que pretenden «extender la duración del permiso postnatal que venza durante una emergencia sanitaria» declarada por la autoridad competente, con ocasión de una pandemia, y mientras subsista tal declaratoria».