Usan armas, tienen tareas asignadas, jerarquías y emplean violencia contra civiles, es decir contra objetivos fuera del Estado, con el fin de intimidar a la población o de obligar al gobierno a hacer o abstenerse de ejecutar alguna acción. En los 24 años de existencia de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), el 2021 es catalogado por los gremios que hacen vida en la Macrozona Sur como el más violento, al punto de que el Congreso acordó prolongar el Estado de Excepción hasta el 25 de enero en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y en Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía.

Al cierre del 2021 la Multigremial de La Araucanía entregó el balance anual en materia de seguridad en la Macrozona Sur: subrayan que se multiplicaron los ataques contra las personas y que, hasta antes del Estado de Emergencia, ocurrían 5 atentados diarios en promedio. “Sin duda el 2021 ha sido el año más violento de los últimos 31 años», concluyen. Y aunque no todos los atentados fueron adjudicados por la CAM, tras una carta enviada a El Mercurio por el delegado presidencial para la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, se abre el debate sobre si es que efectivamente la agrupación puede ser calificada como una organización ilícita terrorista.

Urquízar apunta: «Existe un proceso en curso en los tribunales de justicia que pretende declarar a la CAM como asociación ilícita terrorista». El encargado de la Macrozona Sur alude a una querella presentada por el Ministerio de Interior en 2018, que fue ampliada el 17 de julio de 2021, con el que específicamente se buscaba que Héctor Llaitul y Juan Pichún fueran citados a declarar en calidad de imputados como líderes de la CAM.

Explica el abogado penalista, exfiscal de la zona y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, Andrés Cruz Carrasco, que «han habido varios intentos de configurar este delito -la organización ilícita terrorista- consagrado en la ley 18.314, pero los tribunales, por diversos motivos se han negado a reconocer su tipificación, siendo sumamente exigentes para ponderar los requisitos para su configuración».

Sin embargo, afirma que pese a que no se ha logrado avanzar en una formalización, «el hecho de que un grupo se adjudique conductas que causen temor en otras personas de ser víctimas de un hecho violento, basta para ser considerada políticamente y ante la autoridad como una organización terrorista, más aún cuando tienen vocerías, tareas asignadas y jerarquías».

Tras la elección del 19 de diciembre en la que resultó electo Presidente Gabriel, la Coordinadora Arauco Malleco ha emitido varias declaraciones públicas en las que ratifican su decisión de continuar con ataques armados. En el comunicado emitido por la CAM el 28 de diciembre hicieron un llamado a “seguir resistiendo” y a “reivindicar la violencia política como un instrumento legítimo de nuestra lucha, sea quien sea que esté gobernando”.

Menos de una semana después, la agrupación se adjudicó el atentado incendiario del lunes 3 de enero en Traiguén. El ataque arrasó con dos casas, bodegas, una oficina y un tractor.

El ataque de la CAM se da precisamente tras el comunicado en el que amenazan con seguir “en la senda de la autonomía revolucionaria”. A través del mensaje que se difundió vía WhatsApp, el vocero de la organización, Héctor Llaitul, además criticó al presidente electo. “Boric y Kast son las dos caras de la misma moneda”, dijo, y tildó al próximo gobierno del frenteamplista de “seudo progre”.

“Aquí, diálogo debe haber con aquellos que busquen la paz, pero para aquellos que reivindiquen la violencia sólo queda la justicia», dijo el subsecretario del Interior Juan Francisco Galli en respuesta al atentado en Traiguén.

Para el director del Instituto de Humanidad de la Universidad del Desarrollo, Guido Larson, la discusión sobre la calificación terrorista de la CAM «tiene dos discusiones que corren de forma paralela y tienden a superponerse». Por un lado, está la discusión de orden «puramente» legal donde se deberá determinar si sus actos caen dentro de dicha tipificación. Y por otro, «un acto de orden puramente político» en donde las definiciones internacionales se acercan a las actividades de la coordinadora.

«Lo que está ocurriendo acá es que se está tratando de reorientar la narrativa de forma tal de calificar a esa organización con ese calificativo independientemente de que los tribunales definan que los actos que esa organización comete son o no son terroristas. Que por lo demás, la ley chilena es muy mala en ese sentido, porque la definición que entrega es a tal nivel ambigua y necesita tal nivel de prueba que se hace muy complejo demostrar que un acto criminal es terrorista bajo la ley chilena», sostiene Larson.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, encabezó en Temuco una reunión con alcaldes de la Región de La Araucanía y autoridades de la zona, allí transparentó el interés del Gobierno en que el Estado de Excepción se mantenga hasta el 11 de marzo, cuando asume el Presidente electo Gabriel Boric. Asimismo, el Mandatario en ejercicio, Sebastián Piñera, tiene previsto visitar la IX Región antes de que concluya su período.

Ajustable a la definición internacional de terrorismo

¿Y en el ámbito internacional? El académico de la UDD argumenta que las definiciones internacionales utilizadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) servirían para enmarcar a la CAM como una organización ilícita terrorista fuera del marco legal.

«Las Naciones Unidas cuando aborda el tema de una definición del terrorismo lo define fundamentalmente como actos criminales que buscan provocar un estado de terror en el público general, intimidar a una población u obligar a un gobierno a hacerse o a abstenerse a hacer un acto político», explica Larson. Bajo esta definición se entiendo como actos criminales: causar muerte, heridas corporales graves, tomar rehenes, entre otros elementos.

El 1 de diciembre de 2021, la CAM celebró 24 años de «lucha y resistencia». Para las fotografías posaron con armas de fuego y una bandera con su logotipo. Además, entre diciembre de 2020 y julio de 2021 los órganos de resistencia territorial (ORT), que son las células que actúan como brazo armado de la agrupación, se adjudicaron 16 atentados, entre ellos el del 9 de julio cuando ingresaron a la forestal Mininco ubicada en la comuna de Carahue, donde en medio del enfrentamiento murió un miembro de la organización identificado como Pablo Marchant, cuando participaba en «una acción de sabotaje».

En el mismo hecho resultó herido el trabajador Ceferino González, quien estuvo conectado a un respirador mecánico que lo mantuvo con vida luego de que una bala atravesara su torso en el ataque y resultara con una perforación pulmonar y una lesión en el hígado que lo mantuvo en riesgo vital por más de 30 días.

Larson agrega que la Unión Europea tiene una definición de organización terrorista más amplia, y lo define como «ofensas criminales que dañan a un país o a una organización internacional y que tienen como objetivo intimidar seriamente a una población y obligar a un gobierno u organización internacional a realizar o abstenerse de realizar un acto político».

Señala que esta definición agrega elementos como «desestabilizar o destruir estructuras políticas o constitucionales, económicas o sociales de un país u organización».

En noviembre pasado, por ejemplo, desconocidos sabotearon la línea férrea y descarrilaron e incendiaron un tren cargado con celulosa en Victoria, Región de La Araucanía. El atentado ocurrió a días de que se implementara el Estado de Excepción en la zona y se halló un lienzo con la inscripción: «Fuera los milicos».

Fue precisamente el alza del 137% de atentados entre 2020 y el primer cuatrimestre de 2021, lo que llevó a parlamentarios y dirigentes de la zona a pedir el estado de excepción para el área. Así, desde el 12 de octubre de 2021 se aprobó la iniciativa propuesta por el Presidente Sebastián Piñera en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y en las provincias de Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía por actos de violencia, ligadas a la alteración del orden público, narcotráfico y crimen organizado.

El académico, Fundador de Quadriga y conductor del podcast En el Fin del Mundo de la Fundación para el Progreso, Rafael Rincón, plantea que las diferentes definiciones internacionales tienen un punto en común sobre que «los terroristas crean una atmosfera de ansiedad porque todo el mundo se siente en riesgo».

«¿Por qué la CAM podría ser considerada una organización terrorista? porque están organizados, es un primer punto. Ellos dicen representar a un subgrupo nacional, es decir, ellos dicen ‘nosotros representamos la causa mapuche’. A parte de eso, utilizan la violencia contra objetivos que no necesariamente son el Estado o Carabineros, sino contra personas comunes para causar miedo. Es decir, parte del objetivo, es presionar para que ellos se vayan de ahí o presionar para que el gobierno tome ciertas acciones».

La dificultad de la definición legal

Abogados y exfiscales del sur del país consultados por El Líbero coinciden en que la normal legal es ambigua y tiene un estándar probatorio sumamente alto. «En Chile es muy difícil que se condenen el delito común de asociación ilícita. Ha sido muy complicado que los tribunales lo acojan porque se disparan las penas, sobre todo porque generalmente el delito de asociación ilícita -no es necesario pero en la práctica es así-, está asociado con otro delito», explica Cruz Carrasco.

Adicionalmente, describe, se suma el factor de terrorista, «yo creo que los tribunales se resisten a aplicar la ley antiterrorista por su origen histórico y porque eleva demasiado las penas, sirviendo de excusa la no configuración de los requisitos que más que la ley penal, la doctrina ha interpretado que deben concurrir».

Sobre el factor probatorio respecto al carácter terrorista, el vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Temuco, Francisco Ljubetic, asevera que está «específicamente establecido en la ley 18.314 que la intencionalidad de la asociación es para cometer delitos terroristas, eso le da una doble dificultad de pruebas».

Respecto a la querella presentada por el Ministerio del Interior, Ljubetic sostiene que se presenta contra «personas determinadas que podrían eventualmente ser investigadas como integrantes de una asociación ilícita. El delito de asociación ilícita para cometer delitos es para cometer simples delitos o también para cometer delitos en el ámbito de la ley 18.314, la que fija conductas terroristas», explica.

El procedimiento se encuentra en el Juzgado de Garantía de Temuco, revisado por la fiscalía de Alta Complejidad de la Región de La Araucanía a cargo del fiscal Héctor Leiva. Si bien la querella del Ejecutivo busca que se cite a declarar a figuras como Llaitul y Pichún para que se les relacione como líderes de la CAM, para Ljubetic este factor sería difícil de probar en el tribunal.

«Si las personas naturales investigadas fueran formalizadas por pertenecer a una asociación ilícita que dice llamarse Coordinadora Arauco Malleco, ahí habría una relación directa entre las personas y la organización. Pero, como la organización es de hecho, no es de facto, no es posible hoy día asociar a personas», sostiene.

Esto, dice, porque aunque eventualmente se logre acreditar la participación de Llaitul en la CAM, al mostrarse como su cara visible, «la asociación o agrupación presupone que haya varias personas, por lo tanto si hoy día solo aparece dentro de esta organización directa o indirectamente Llaitul, él está solo ahí. ¿De qué organización hablamos, de qué asociación hablamos, de qué agrupación, con qué otras personas?», cuestiona Ljubetic.

Entonces, apunta el exfiscal de La Araucanía, el procedimiento debiera más bien buscar establecer quiénes serían los integrantes de esta asociación y «qué vínculo tendrían con aquellos que cometen delitos porque la asociación tiene que estar destinada a cometer delitos, por eso es que se le puede perseguir y sancionar porque su objetivo ilícito es cometer delitos».

Sentarse a negociar

Hace una semana el vocero de la CAM, Héctor Llaitul, amenazó con continuar los hechos de violencia, sin que haya una tregua con la llegada del Presidente electo Gabriel Boric, que asumirá el 11 de marzo. Sin embargo, tras el silencio del frenteamplista este domingo la exvocera de su campaña, Izkia Siches, aseguró que desde el comando esperan «que haya un diálogo muy profundo… Creo que tenemos que hacer un trabajo público y diálogo, diálogo, diálogo con todos los actores, incluso con la CAM”.

Ante la declaración de Siches, Ljubetic sostiene que si bien en cualquier país democrático existe el derecho a dialogar con las distintas organizaciones, en este caso si se quisiera iniciar un proceso de negociación «para los efectos de sentarse en una mesa a dialogar se tiene que partir de una premisa en que no exista ni el interés de tener como medio de actuación la violencia».

«Cuando uno se presenta con armas, con amenazas o con requerimientos que en definitiva, de alguna manera, reivindican como forma de acción la violencia, no es posible hacerlo porque lesiona gravemente pilares básicos. Cuando existe una de las partes que efectivamente utiliza la coacción, la fuerza, la amenaza o la presión, no hay voluntad libre para efectivamente sostener un diálogo que sea fecundo para los intereses que se pretenden», explica.

Para Larson, la declaración abierta del comando de Boric de iniciar las negociaciones funciona como una suerte de «anzuelo» para la CAM. «Se siente evidentemente una suerte de intención política por parte del futuro gobierno, en el sentido de que cuando reconocen abiertamente que su intención es el diálogo creo  que lo que están tratando de hacer es allanar el camino para ver la posibilidad de acercar pacíficamente a las partes en juego».

Al mismo tiempo, describe que esta forma de política se ha realizado en diversas situaciones, «muchas veces políticos tratan de tirar un anzuelo para ver si el grupo adversario está abierto a la posibilidad de tener un diálogo formal». De igual forma, dice, «hay muchas cosas que ocurren bajo la penumbra», donde las negociaciones y el diálogo se da más bien tras bambalinas y no bajo el ojo del escrutinio público.

«La CAM reacciona públicamente diciendo que no va a haber diálogo, pero no sabemos qué es lo que ocurre tras bambalinas y en la mecánica del terrorismo suelen ocurrir esas dos cosas de forma simultánea. Hay un mensaje público y visible pero hay un mensaje también invisible que la opinión pública no conoce y que eventualmente es lo que finalmente termina rindiendo frutos», precisa.

El asunto ha sido tema en las páginas de opinión de los diarios. También en El Mercurio, y luego de los dichos de Izkia Siches, el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, escribió: «Nada es más deseable que resolver las controversias colectivas mediante el diálogo; pero la realidad indica que eso ni siempre es posible, ni siempre se lo quiere. Y lo peor es que la CAM -esto es seguro- es la primera que lo sabe. Y por eso si se hubiera podido mirar a través de sus capuchas, se habría visto que sus miembros esbozaban una sonrisa al oír esas bien intencionadas declaraciones de Izkia Siches y Giorgio Jackson».

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