Publicado el 02 de diciembre, 2019

Cómo avanza la «agenda de los acuerdos»: Prioridad en pensiones y en proyectos de seguridad

Autor:

Javiera Barrueto

Desde que estalló la crisis hace 45 días, la mitad de los proyectos de la agenda social ya se encuentra en segundo trámite legislativo y 85% de las iniciativas en seguridad tienen discusión inmediata. El ministro de la Segpres, Felipe Ward, explica: «La prioridad hoy es sacar adelante los proyectos de ley que están contemplados en la agenda social. Y de manera paralela, se sigue avanzando en otras agendas, como la de seguridad. En ella, tres de sus leyes han avanzado, por ejemplo, especialización de las policías, la ley anti encapuchados y anti saqueos».

 

 

Autor:

Javiera Barrueto

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“Significativo, pero no suficiente”. Así definió el Presidente Sebastián Piñera el avance legislativo que ha tenido en el Congreso la agenda social y de seguridad que, en estos 45 días se ha tramitado, desde que comenzó la crisis. El Mandatario insistió en acelerar las iniciativas puesto que aseguró estar «absolutamente convencido» de que los proyectos en materia de seguridad «son leyes que requieren, y con urgencia, ser tramitadas y poder entrar en plena acción».

El mensaje del Jefe de Estado a los parlamentarios se produjo a seis semanas de que se rebarajara el naipe del programa de gobierno. Desde que se generó la crisis, fueron tres los ejes principales a los que el Ejecutivo convocó: el Acuerdo Social, por la Constitución y por la Paz.

Acuerdo social: la mitad de los proyectos ya se encuentra en segundo trámite legislativo

El primer llamado de unidad entre el el gobierno y un sector de la oposición surgió el lunes 21 de octubre, tras un fin de semana marcado por los desmanes y saqueos. Al día siguiente, el Presidente anunció una batería de proyectos marcados por el énfasis social como el aumento inmediato de la Pensión Básica Solidaria, el aumento del ingreso mínimo garantizado, la estabilización de las tarifas eléctricas y la creación del seguro de enfermedades catastróficas.

Desde entonces la agenda social tiene 10 proyectos en tramitación en el Congreso: 1 con discusión inmediata, 8 con urgencia suma y 1 con urgencia simple. Y la mitad de las iniciativas ya se encuentra en segundo trámite legislativo en el Senado.

El avance ha sido calificado como «positivo» por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward. «Desde mediados de octubre, 28 proyectos de ley han tenido avances en su tramitación, la mitad de ellos de la Agenda Social propuesta por el Gobierno y que ha sido complementada y enriquecida en el debate parlamentario», señala  a El Líbero.

Ya hay cinco iniciativas de la agenda social que están despachadas: el proyecto que deja sin efecto el alza de las tarifas del transporte, el proyecto que estabiliza las tarifas de la energía eléctrica, la capitalización de BancoEstado para fomento de Pymes y el pago 30 días, y la modificación al subsidio nacional de transporte remunerado de pasajeros.

«Hemos visto una muy buena disposición al diálogo y a acercar posiciones para lograr avances concretos en las demandas de la ciudadanía, por parte de la oposición y todos los sectores. Eso se ha visto reflejado en los acuerdos que ya se han suscrito en materia constitucional, pensiones, Presupuesto, seguridad y otros», sostiene Ward.

Uno de los proyectos que refleja el reordenamiento que ha debido enfrentar la agenda del Ejecutivo es la “ley corta” de pensiones, única iniciativa del acuerdo social que se encuentra con discusión inmediata en la Cámara de Diputados. La apuesta es que a partir de diciembre de este año se beneficie a 1,5 millones de pensionados que están en el Pilar Solidario. Así, serán 330 mil jubilados mayores de 80 años con Pensión Básica Solodaria que recibirán un incremento del 50% en su pensión en diciembre.

Durante la tramitación, el gobierno no estuvo exento de críticas desde sus mismas filas. La diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, propuso un aumento del 50% del Pilar Solidario y de la Pensión Básica Solidaria en la discusión del Presupuesto 2020 para todos los jubilados. Escenario que, finalmente, generó que el Ejecutivo aumentara el 20% propuesto originalmente en el proyecto.

Esa estrategia, al margen de la Constitución por implicar mayor gasto fiscal, fue replicado en el proyecto de ingreso mínimo garantizado. El miércoles la comisión de Trabajo aprobó la indicación que aumenta de $370 mil a $550 mil la iniciativa original del Gobierno. El proyecto que cuenta con urgencia suma pasó a la comisión de Hacienda, donde hoy será revisado por los diputados y los ministros de Hacienda, Ignacio Briones; Desarrollo Social, Sebastián Sichel y del Trabajo, María José Zaldívar.

En tanto, la reforma tributaria -otro de los ejes principales del acuerdo social-  ya logró sortear una de las primeras vallas en el Senado. A principios de noviembre, el gobierno y los senadores de oposición sellaron el acuerdo que permitirá recaudar más de US$ 2 mil millones.

Si bien se concretó el primer paso para que la reforma reciba la luz verde, es el único proyecto de la agenda social que se encuentra con urgencia simple en el Senado.

Acuerdo por la paz: 85% con discusión inmediata

La última convocatoria del Mandatario por lograr acuerdos fue el domingo pasado, cuando anunció el “acuerdo por la paz, la democracia y contra la violencia”. Hace una semana, el Presidente Piñera señaló que enviaría al Congreso un proyecto de ley que permita a las FF.AA., sin necesidad de decretar estado de emergencia constitucional, colaborar en la protección de infraestructura crítica, incluyendo servicios públicos esenciales e infraestructura policial.

La iniciativa no dejó satisfecha a toda la oposición. En la ocasión, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, señaló que “me parece desconcertante, y que no es el camino el desplegar a las FF.AA. en instalaciones e infraestructura, incluso policiales”. En tanto, desde la Democracia Cristiana valoraron el proyecto, incluso, su líder Fuad Chahin sostuvo que “el control del orden público es prioridad, si es necesario que personal del Ejército, sin limitar ningún tipo de derecho ni de desplazamiento, pueda resguardar infraestructura crítica, hay que evaluar esa posibilidad de todas maneras para liberar a Carabineros”.

Pese a las divergencias que se han levantado en torno al tema, el proyecto de infraestructura crítica cuenta con discusión inmediata en el Senado. Y la agenda de seguridad ya comienza a tomar forma: el miércoles cerca de la medianoche, el Senado aprobó la ley Antiencapuchados que, también, se encuentra con discusión inmediata en la Cámara Alta. Hoy, en tanto, se revisará en la comisión de Seguridad la ley Antisaqueos, que es otras de las prioridades del gobierno.

De los 7 proyectos que incorpora la agenda de seguridad, 6 se encuentran con discusión inmediata y solo 1 con urgencia suma. Así, se convierte en uno de los temas centrales para hacerle frente al estallido social, tal como el Mandatario manifestó el viernes cuando le agradeció al Congreso el avance legislativo pero insistió en acelerar su aprobación.

Sobre cómo La Moneda está priorizando los temas, el ministro Ward señala: «La prioridad hoy es, sin duda, sacar adelante los proyectos de ley que están contemplados en la Agenda Social. Sin embargo, de manera paralela, se sigue avanzando en otras agendas, como la de seguridad. En ella, tres de sus leyes han avanzado, por ejemplo, especialización de las policías, la ley anti encapuchados y anti saqueos».

Acuerdo por la Constitución contrarreloj para lograr que plebiscito sea en abril

El martes 5 de noviembre fue la primera vez que el Presidente Piñera se abrió públicamente a la posibilidad de crear una nueva Constitución. Una semana después extendió el llamado al “acuerdos por la paz, la justicia y la Constitución” tras una jornada marcada por graves desmanes tras la convocatoria a una huelga general. El Mandatario convocó a un pacto por una nueva Carta Fundamental “dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática, pero con una clara y efectiva participación ciudadana con un plebiscito ratificatorio para que los ciudadanos participen no solamente en la elaboración de esta nueva Constitución, sino que tengan también la última palabra en su aprobación y en la construcción del nuevo pacto social que Chile necesita”.

Y desde entonces comenzaron las intensas reuniones entre el oficialismo y la oposición para, finalmente, concretar el viernes 15 de noviembre el “Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución”, donde participó el 90% de las fuerzas del Congreso. Una semana después, se instalaron los 14 miembros de la comisión técnica que tendrá que resolver el proceso constituyente.

Si bien lograron destrabar el acuerdo que permite el quórum de 2/3 para establecer una nueva Carta Fundamental, aún no han zanjado la fórmula de los integrantes de la convención constituyente. En la centroizquierda se han inclinado por incluir normas de paridad de género entre los convencionales elegidos, escaños reservados para pueblos originarios y que los independientes puedan formar listas conjuntas. Pero, en esos puntos no hay del todo acuerdo, puesto que Chile Vamos solo accedió a las medidas para incorporar a independientes en el proceso y que el género se resuelva a través de cuotas en las listas como en la elección parlamentaria pasada.

En paralelo a estos debates, se debe avanzar en el cambio constitucional que permita que se realice el plebiscito en abril de 2020, cuando la ciudadanía se deba manifestar si quiere o no una nueva Constitución y bajo cuál mecanismo. Para esto, la reforma constitucional debiera estar despachada y publicada en el Diario Oficial alrededor del 23 y 24 de diciembre para que se realice el decreto convocatorio al plebiscito. Así -según establece la Ley de Votación y Escrutinios- el plebiscito se realizará 120 días después o el primer domingo hábil, plazo establecido por la Constitución actual. De esta manera, y si se cumplen las fechas, se podría votar por el Sí o por el No para crear una nueva Constitución el 26 de abril de 2020.

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