¿Qué piensan los nuevos diputados y senadores de la Región de La Araucanía sobre el Estado de Excepción, la intervención en Temucuicui, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la política de entrega de tierras o el terrorismo en el sur?
El Líbero consultó a los legisladores debutantes que asumirán el 11 de marzo y les pidió tomar posición sobre diversos temas clave para la región. Seis de los diez consultados accedieron a participar en este ejercicio. Los diputados electos Andrea Parra (PPD), Cristián Neira (Rep.), Tomás Kast (Evópoli), Eduardo Crettón (UDI) y José Montalva (In. PPD), junto al senador electo Ricardo Celis (Ind. PPD), entregaron sus definiciones.
Todos coincidieron en que hay terrorismo en La Araucanía y en la necesidad de renovar el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, mientras esta siga siendo la medida que permita garantizar la seguridad de los habitantes de la región.
El próximo gobierno de José Antonio Kast ha puesto los asuntos de seguridad en el centro de su agenda. Una de las propuestas que toma fuerza en el nuevo gobierno es realizar, durante los primeros meses, una intervención u operativo en Temucuicui, un área emblemática del conflicto que ha estado fuera del alcance del Estado, incluso para tareas como el Censo. Esta zona es también señalada como un centro de producción de cannabis y desmantelamiento de vehículos robados.
Entre los consultados, todos coinciden en que se deben tomar medidas frente a Temucuicui, ya que, como señala Neira, “hay que terminar con estas especies de Estados dentro del Estado”. Sin embargo, existen matices sobre las estrategias a implementar. Tomás Kast considera que se podría declarar un “estado de sitio” en Temucuicui. Neira y Crettón respaldan el uso de la inteligencia estatal para ejercer presión. Montalva subraya la necesidad de “la ley pareja, el Estado presente y el crimen enfrentado sin complejos”. Por su parte, Parra, aunque no está de acuerdo con estigmatizar a sus habitantes, sostiene que “el Estado debe hacer todo lo posible para evitar la creación de guetos”. Y Celis subraya que lo que se haga le corresponde decidirlo al Ejecutivo y que solo lo respaldaría con la existencia de una orden judicial.
En cuanto a la Ley Indígena, existe consenso sobre la necesidad de una revisión y modernización profunda. Celis, por su lado, no fijó postura al respecto, afirmando que “los que deben definir si se modifica o no la ley indígena son los pueblos originarios”. Y en lo concerniente a la política de entrega de tierras, para comunidades que alegan que están en desmedro, las posturas varían, entre quienes opinan que no hay que entregar nada más, los que proponen que hay que cuantificar lo que falta por entregar y poner un límite y los que consideran que hay que continuar tal y como está.
Otra promesa que han hecho diversos gobiernos es el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. El Presidente saliente Gabriel Boric presentó a mediados de año una reforma constitucional para hacer esto una realidad: cuatro de los seis parlamentarios que respondieron las consultas de El Líbero están a favor de esta medida. Neira fue el único que se manifestó de plano en contra. En tanto, Tomás Kast dijo que solo estaría a favor mientras se trate de un “gesto acotado” y no de “un vehículo para generar divisiones entre los ciudadanos de Chile”.
A los seis parlamentarios se les hicieron las mismas preguntas. A continuación, se detallan las respuestas de cada uno de los diputados electos y el próximo senador Celis, organizados según el número de votos que les permitió acceder al Congreso:
Ricardo Celis (Ind. PPD): “Lo que se aprobó en la Comisión de Paz y Entendimiento no dejó contentos ni a moros ni a cristianos”
Ricardo Celis fue diputado durante el período 2018-2022, en representación de La Araucanía.
Tras una pausa de cuatro años, en marzo asumirá como senador al conseguir 40.197 votos (6,15%). En cuanto a su experiencia pública, también fue Intendente de La Araucanía (2003-2006) y fue electo concejal por Temuco en las elecciones municipales de 2012.
–¿Continuaría con el estado de emergencia en La Araucanía?
–Ese es un Estado de Excepción constitucional, y ya no tiene nada de excepcional porque lleva muchos, muchos años. Me parece que es ineficaz y que casi no tiene sentido seguir con un estado de esa naturaleza, si es que no se va al fondo. Pero frente a la pregunta específica, de si mantenerlo o no mantenerlo, lo más seguro es que voy a votar a favor. Pero me parece que es absolutamente ineficaz.
–¿Reformaría o derogaría la Ley Indígena? De reformarla, ¿qué cambiaría?
–Los que tienen que definir si es que se modifica o no la Ley Indígena son los pueblos originarios, porque debe haber consulta. Por lo tanto, depende esencialmente de la determinación que ellos tomen.
–¿Qué haría con el artículo 20b, que es el que permite la entrega de tierras a comunidades que alegan que tienen desmedro?
–Tiene que continuar, porque es un mecanismo de reparación que tiene el Estado de Chile, con las usurpaciones y con las demandas que han sido demostradas. El artículo 20b obviamente es una herramienta central en lo que tiene que ver con la justicia social y con el accionar del Estado de Chile con el pueblo mapuche.
–¿Está a favor o en contra de que continúe la consulta indígena, que actualmente está suspendida?
–Lo que se aprobó en la Comisión de Paz y Entendimiento no dejó contentos ni a moros ni a cristianos. Si continúa o no, es un tema que no depende de mí. Yo creo que primero hay que buscar mecanismos que representen realmente a los pueblos originarios antes de continuar con una propuesta que se sabe de antemano que no dejó satisfechas a las comunidades de distintos pueblos en el país, no solo a los mapuche.
–¿Está a favor o en contra del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas?
–Absolutamente. Es un mínimo. Para mí, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas es un mínimo que hay que abordar y que ha estado lleno de hipocresía. En periodo electoral aparece como que se va a aprobar y finalmente termina la elección y quedan guardadas las propuestas. Yo estoy de acuerdo y si me corresponde voy a votar a favor.
–¿Hay terrorismo en La Araucanía?
–Los tribunales así lo han dicho, así que me parece que si los tribunales lo dicen y tienen las pruebas, es porque lo hay.
–¿Qué piensa de una intervención en Temucuicui?
–No depende del Congreso hacer esa intervención. Es una decisión que depende del Ejecutivo… Si las autoridades deciden intervenir por decisión de los tribunales o la justicia cuando existan elementos suficientes, obviamente, que apoyaría. Para eso está la separación de los poderes del Estado. Pero a quién le corresponde tomar esa acción es al Ejecutivo.
Tomás Kast (Evópoli) y el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas: “No creo que sea una prioridad hoy día”
Tomás Kast postuló como diputado por el Distrito 23 y resultó electo con 34.870 votos (8,14%). Esta es la segunda vez que resulta electo en un cargo de elección popular, pues en 2021 ganó para ser concejal en la Municipalidad de Vitacura.
–¿Está de acuerdo con mantener el Estado de Excepción? ¿Por qué?
–Sí, estoy de acuerdo con mantenerlo hasta que se garantice plenamente la seguridad de las familias y de los agricultores de la región. No podemos escatimar esfuerzos cuando se trata de proteger a quienes viven y trabajan en La Araucanía. La seguridad es una condición básica para cualquier desarrollo futuro. Sí debe ser un Estado de Excepción que sea real y efectivo para que no se prolongue eternamente en el tiempo, se debe buscar erradicar el terrorismo y no solo contenerlo parcialmente como se ha hecho hasta ahora.
–¿Reformaría o derogaría la Ley Indígena? En caso de reformarla, ¿qué cambiaría?
–Creo que la Ley Indígena ha sido parte del problema y, por lo mismo, requiere una reforma estructural profunda. El principal cambio debe ser terminar con la entrega de tierras de manera indiscriminada y permanente, porque eso ha generado incentivos perversos en la región y ha sido uno de los factores que ha alimentado la violencia. Necesitamos una política responsable, que promueva la paz, el desarrollo y la convivencia, no que profundice los conflictos.
–¿Y qué cambiaría específicamente?
–Es fundamental acotar la entrega de tierras siguiendo la propuesta que en su momento impulsaron el senador Felipe Kast junto al senador Huenchumilla, y que también fue recogida por la Comisión Vargas. Esa propuesta establece que la restitución de tierras debe limitarse exclusivamente al desmedro efectivo de los títulos de merced. En la práctica, eso significa entregar únicamente el delta necesario para completar esos títulos, y con ello terminar de una vez por todas, y para siempre, con la entrega permanente de tierras.
–¿Qué haría con el artículo 20b, que permite la entrega de tierras a comunidades que alegan desmedro?
–Lamentablemente, ese artículo ha sido utilizado de manera abusiva. El caso más emblemático es Temucuicui, donde a una comunidad se le han entregado hasta cinco veces más tierras de las que corresponden según sus títulos de merced, lo que es completamente ilegal. Lo que corresponde es cumplir la ley: no entregar nunca más tierras a comunidades cuyos títulos de merced ya han sido restituidos. De esa forma se pone un punto final a las entregas de tierras por la vía del artículo 20 B.
–¿Está a favor o en contra de que continúe la consulta indígena, actualmente suspendida?
–Creo que el actual acuerdo de tierras y de paz está mal diseñado y, por lo mismo, no tiene mucho futuro. Seguir profundizando esa línea de trabajo no va a resolver los problemas de fondo que tiene la región.
–¿Está a favor o en contra del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas?
–Depende de cómo esté escrito. Si el reconocimiento constitucional es un gesto acotado, que simplemente reconoce la existencia de nuestros pueblos originarios y de su cultura, no tengo problema con ello. Pero si se transforma en un vehículo para generar divisiones entre los ciudadanos de Chile, no estoy de acuerdo. Al final, la pregunta es simple: ¿por qué hacer excepciones para algunos y no para todos? ¿No somos todos chilenos? No creo que sea una prioridad hoy día. Es algo que habría que evaluar con cuidado, pero no es el tema más urgente en materia indígena.
–En términos de seguridad, ¿qué habría que hacer con Temucuicui?
–Tenemos que pasar de una estrategia defensiva a una estrategia ofensiva. El Estado debe estar presente de manera efectiva en el interior de Temucuicui. Hoy, lamentablemente, ese territorio funciona como un verdadero “far west”… Claramente es una buena alternativa aplicar el estado de sitio en aquellos lugares donde el Estado de Excepción ha demostrado ser insuficiente.
José Montalva (Ind. PPD) y política de entrega de tierras: No debe “incentivar la industria del conflicto”
Durante el gobierno de Gabriel Boric, el ahora diputado electo, José Montalva, se desempeñó como delegado presidencial regional de La Araucanía entre octubre de 2022 y noviembre de 2024. En 2013 y 2017 Montalva ya había competido, sin éxito, por un escaño en la Cámara de Diputados. Ahora, finalmente logró su entrada al Congreso con 33.884 votos (7,91%) en representación del Distrito 23.
–¿Mantendría el Estado de Excepción en La Araucanía?
–No puede ser permanente, pero retirarlo hoy sin alternativas sería irresponsable. Lo que sí, debiese acotarse (para concentrar el despliegue) a zonas más específicas y no necesariamente a las 32 comunas de la región.
–¿Reformaría o derogaría la Ley Indígena? De reformarla, ¿qué cambiaría?
–Derogar sería retroceder décadas y abrir un conflicto mayor. Pero sí requiere, previa consulta y participación, una modernización seria para dar certezas, evitar abusos, acelerar soluciones y fortalecer el desarrollo de una región postergada.
–¿Qué haría con el artículo 20b, que es el que permite la entrega de tierras a comunidades que alegan que tienen desmedro?
–Como toda norma siempre se podría mejorar, revisar y adecuar a la realidad actual con los requisitos de participación y consulta de acuerdo a los estándares del Convenio 169 de la OIT, con el objetivo de que se pueda reparar cuando corresponde, pero con reglas justas para todas las comunidades y sin incentivar la industria del conflicto por la expectativa no cumplida, la incertidumbre, la interminable espera o la falta de certeza.
–¿Está a favor o en contra de que continúe la consulta indígena, que actualmente está suspendida?
–Estoy a favor de que exista consulta, pero bien hecha: con reglas claras, plazos, representatividad y consecuencias definidas. La consulta no puede ser un trámite vacío. Debe ser un mecanismo para prevenir conflictos, mejorar decisiones públicas y dar legitimidad. Si se hace mal, se transforma en un incentivo a paralizar todo; si se hace bien, evita crisis futuras.
–¿Está a favor o en contra del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas?
–A favor, para generar el reconocimiento, derechos culturales y de participación, sin fragmentar el país ni crear categorías de ciudadanos distintos.
–¿Hay terrorismo en La Araucanía?
–Hay hechos que cumplen características de terrorismo: atentados incendiarios, armas, amedrentamiento a civiles, ataques a trabajadores y familias. Pero más importante que la etiqueta es la consecuencia: persecución penal efectiva, inteligencia, desarticulación de redes, protección a víctimas y control territorial. Si el Estado es débil, el crimen se fortalece y pienso que el Estado se ha ido fortaleciendo en ese aspecto y hay que seguir profundizando esa estrategia. Para mí, lo que hay con mayor preponderancia es crimen organizado, no muy distinto de lo que pasa en zonas sur de Santiago, donde hay grupos que intentan controlar territorios para delinquir y llevar a cabo negocios ilegales con impunidad.
–En su opinión, en términos de seguridad, ¿qué habría que hacer con Temucuicui?
–Como en todo territorio nacional, la ley pareja, Estado presente y crimen enfrentado sin complejos, pero con una salida de desarrollo para la gente que sólo quiere vivir tranquila.
Eduardo Cretton (UDI): “La Ley Indígena se ha transformado en un cáncer para La Araucanía”
Eduardo Cretton es militante de la Unión Demócrata Independiente, y antes formó parte del Movimiento Gremialista de la Universidad Católica. En 2021 fue electo para integrar el primer proceso constituyente y ahora logró su paso al Congreso, como diputado, con 29.658 votos (15,25%), en representación del Distrito 22.
–¿Renovaría el Estado de Excepción?
–Mientras no se garantice la seguridad de todos los que vivimos en la Región de La Araucanía, el Estado de Excepción colabora a eso. Ahora, vamos a tener que tener un debate de cuál es el tipo de Estado de Excepción que queremos tener, porque con el Presidente Boric se ha acotado a las rutas. Nosotros necesitamos un Estado de Excepción que nos colabore un poco más con buscar a los grupos terroristas como la CAM o la WAM y desbaratarlos. El Estado de Excepción no puede ser una normalidad. Hay que desbaratar los grupos terroristas y el Estado de Excepción evidentemente es una herramienta para poder hacerlo.
–En su opinión, en términos de seguridad, ¿qué habría que hacer con Temucuicui?
–Evidentemente acá hay un problema de inteligencia desde hace mucho tiempo. Vamos a tener que avanzar en una nueva ley de inteligencia y me parece que se tiene que usar toda la fuerza de la ley, pero con inteligencia, porque se trata de desbaratar a las organizaciones terroristas.
–¿Continuaría con la consulta indígena que está suspendida?
–Tenemos que tener un debate serio con respecto a la pertinencia de las consultas indígenas porque cada vez que se hace una consulta indígena termina en un desastre. El nivel de participación es muy bajo. Cuando Bachelet hizo la consulta indígena la participación no superó el 2 o 3% del padrón indígena. Lo mismo cuando lo hizo Piñera. Para qué hablar de la consulta indígena que se hizo en los procesos constitucionales que no alcanzó ni el 1% del padrón. Acá hay un mecanismo que muchas veces se utiliza para poner traba a los proyectos de inversión o a las modificaciones legales como las que plantea la Comisión para Paz y el Entendimiento, que son utilizadas por grupos de interés y que muchas veces esos mismos grupos de interés terminan parando la consulta… Hay que tener un debate serio sobre si es que la consulta indígena es un mecanismo realmente pertinente y eso está muy ligado a los estándares que plantea el Convenio 169 de la OIT.
–¿Está a favor o en contra del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas?
–A favor, es una cosa que se viene conversando desde hace muchísimo tiempo. Lo importante es que este reconocimiento constitucional sea en el marco de un principio fundamental: Chile es una sola gran nación… Reconocer la diversidad dentro de la chilenidad es fundamental y porque, además, una vez que esto se hace a nivel constitucional se impide que se sigan creando nuevos pueblos indígenas por ley.
–¿Reformaría o derogaría la Ley Indígena? De reformarla, qué cambiaría.
–Tenemos un tremendo problema, porque cualquier modificación a la Ley Indígena tiene que pasar por consulta indígena. No hay ningún país que haya tenido éxito en materia indígena, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, que ponen siempre de ejemplo, ninguno tiene firmado el Convenio 169 de la OIT. La Ley Indígena puede haberse creado con una buena intención, pero se ha transformado en un saco sin fondo, porque nunca se dijo cuántas tierras hay que entregar, a quiénes, hasta cuándo y, por lo tanto, se ha transformado en un verdadero cáncer para la Región de La Araucanía.
–¿Qué haría con el artículo 20b, que es el que permite la entrega de tierras a comunidades que alegan que tienen desmedro?
–Hay que delimitar la cantidad de tierras disponibles que tiene el Estado para poder seguir entregando a las comunidades indígenas, esto no puede ser un cheque en blanco, ni infinito. Tenemos más de 1.200 solicitudes de aplicabilidad en trámite, tenemos comunidades que se crean a partir de una misma comunidad y que reclaman sobre un mismo desmedro de título de merced. Evidentemente, hay que hacer modificaciones a la Ley Indígena. El tema es que estamos muy amarrados de manos, producto de los estándares del Convenio 169.
–¿Hay terrorismo en La Araucanía?
–Por supuesto que hay terrorismo, hace mucho tiempo. Acá hay orgánicas terroristas que le han declarado la guerra a la democracia y al Estado de Derecho. Yo creo que esa es una de las señales que tiene que dar el gobierno de José Antonio Kast, que no habrá tolerancia para aquellos que utilicen la violencia. También está muy pendiente una ley de reparación a las víctimas de la violencia y el terrorismo, que es una de las cosas que yo quiero impulsar desde el Congreso a partir del 11 de marzo. Ya tenemos el proyecto de ley redactado y lo vamos a empezar a sociabilizar con las agrupaciones de víctimas.
Andrea Parra (PPD): “No tengo ninguna traba ideológica en asumir que existe terrorismo en la región”
Esta no es la primera vez que Andrea Parra asume como diputada. Ya lo hizo una vez para el período 2018-2022 y tras una pausa, en la que se desempeñó como delegada presidencial provincial de Malleco –entre octubre de 2022 y noviembre de 2024–, ahora logró retornar a las tareas legislativas tras postular por el Distrito 22 y conseguir 14.430 sufragios a favor (7,42%). También se ha desempeñado como gobernadora de la provincia de Malleco, entre 2014 y 2016; y fue concejala por Angol entre 2008 y 2014.
–¿Está de acuerdo con mantener el Estado de Excepción?
–El Estado de Excepción es una herramienta que no hay que demonizar y que debe usarse en la medida que sea útil, no tengo problemas en mantenerla mientras cumpla esos principios.
–Reformaría o derogaría la Ley Indígena? De reformarla, ¿qué cambiaría?
–No estoy disponible para derogar la Ley Indígena, es un avance civilizatorio que valoro, no me cierro a su modificación en la medida que la propuesta sea analizada y sometida a consulta indígena tal como define la ley. Cualquier reforma que no cumpla con ello deja de ser legítima.
–¿Qué haría con el artículo 20b, que es el que permite la entrega de tierras a comunidades que alegan que tienen desmedro?
–La política de devolución de tierras por el 20b está establecida por ley, no es un proceso simple ni aleatorio. Sí he sostenido por años que las “ deudas” no son eternas y deben tener un cierre, de allí que valoro especialmente lo hecho por la Comisión de Paz y Entendimiento, como un acuerdo transversal que va precisamente orientado a dar un cierre justo a una deuda que como Estado asumimos hace años.
–¿Está a favor o en contra de que continúe la consulta indígena, que actualmente está suspendida?
–Desde mi perspectiva sería un grave retroceso no continuar con la consulta indígena pero para ello es una condición básica planificar una metodología de trabajo previa que permita que el mundo indígena se sienta efectivamente parte del proceso, en ello se falló en el gobierno del Presidente Boric. Esto debiera servir de aprendizaje y corrección para retomar la consulta.
–¿Está a favor o en contra del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas?
–Siempre he estado a favor del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, pues invisibilizarlos sólo aumenta las brechas y los dolores. Somos una sociedad que debe reencontrarse y aprender a vivir como hermanos.
–¿Hay terrorismo en La Araucanía?
–No tengo ninguna traba ideológica en asumir que existe terrorismo en la región. Sin embargo, mi experiencia como exgobernadora y exdelegada provincial me ha permitido ver una transición muy notoria. Hace años veíamos con fuerza grupos indigenistas radicales que defendían la violencia como método de lucha, hoy están absolutamente desdibujados. Los grupos radicales fueron totalmente cooptados por el crimen organizado y usan el control territorial y la causa mapuche como una fachada para encubrir delitos, esos no son terroristas, son delincuentes puros y duros.
–En su opinión, en términos de seguridad, ¿qué habría que hacer con Temucuicui?
–En términos de seguridad la región requiere enfrentar brechas tan básicas como una red de comunicaciones eficiente. Hoy en Pidima y Chamichaco, sitios frecuente de atentados, no hay señal telefónica. Ni hablar de otras zonas. Debemos construir una región que tenga infraestructura caminera y de comunicaciones que permita moverse con libertad y certezas en áreas que hoy son de riesgo. Respecto de la comunidad de Temucuicui, no soy partidaria de estigmatizar a nadie solo porque vive en determinados sectores. Sin embargo, no es menos cierto que el Estado debe hacer todo lo posible para que no existan guetos, lo cual no es aceptable en una sociedad moderna.
Cristian Neira (Rep.): “Las consultas (indígenas) lo único que hacen es demorar las políticas públicas”
Cristián Neira ha sido asesor parlamentario y fue electo CORE por la Provincia de Cautín en 2021. En la elección del pasado noviembre compitió por el Distrito 23 y ganó un escaño en la Cámara de Diputados con 14.010 votos (3,27%).
–¿Está de acuerdo con mantener el Estado de Excepción en La Araucanía?
–El Estado de Excepción es una herramienta constitucional que creo que es pertinente para lo que estamos viviendo en La Araucanía. Yo lo mantendría mientras no se resuelva el conflicto. Ahora, entendemos que es un estado de ‘excepción’ y obviamente la idea es que dejemos de tenerlo acá en la Macrozona Sur, cuando comiencen a ejecutarse las medidas de recuperación territorial del próximo gobierno.
–¿Qué habría que hacer en Temucuicui?
–Hay que intervenir Temucuicui, terminar con estas especies de Estados dentro del Estado. No puede ser que ellos pretendan beneficiarse del Estado, pero no dejen entrar al Servicio Electoral, a salud, a carabineros, a los distintos servicios del Estado. Va a ser duro, es posible que haya bajas, pero tenemos que terminar con ese lugar de nuestro país donde no rige la ley.
–¿A qué se refiere con intervenir? ¿A los checkpoint en las entradas y salidas descritos por José Antonio Kast o a “caerles” como dijo el senador electo Rodolfo Carter?
–Yo soy de la idea de hacer presión para que estas personas que están al interior de Temucuicui salgan por las buenas. Es un poquito lo que está haciendo Donald Trump con Venezuela. Se ha dicho que Donald Trump conversó con Maduro, que le ofreció una salida diplomática, ha ocupado el espacio marítimo, de alguna manera haciendo presión para que esto tenga una salida pacífica. Claramente Maduro no ha hecho caso y yo creo que sería una buena jugada esto de los checkpoint, para generar presión. Pero si esto no resulta, se va a requerir algo más fuerte, como lo que dijo el senador Carter. Pero sí, yo pienso que tiene que ser con la utilización de mucha inteligencia y tecnología.
–¿Estaría de acuerdo con reformar la Ley Indígena?
–Creo que hay que revisarla, pero primero terminar con el Convenio 169 de la OIT, respecto de las consultas. Las consultas lo único que hacen es demorar las políticas públicas, los planes y programas en beneficio de la gente, y eso es lo primero, hay que ir paso a paso. Pero sí me abro a la posibilidad de revisar la Ley Indígena.
–¿Qué haría con el artículo 20b, que es el que permite la entrega de tierras a comunidades que alegan que tienen desmedro?
–Las tierras ya se entregaron y se han entregado más. Tiene que ponerse un límite; y enfocarnos más en la productividad de estas tierras, que seguir entregando sin tener un plan de trabajo y de manejo, para generar sostenibilidad en estos planes y programas para con el mundo indígena.
–¿Está a favor o en contra de que continúe la consulta indígena, que actualmente está suspendida?
–No. Yo la dejaría de lado. Es una pérdida de tiempo y además se ocupan muchísimos recursos, miles de millones de pesos, que podrían ser ocupados en beneficio de la gente, sobre todo acá en la Región de La Araucanía, una de las más pobres de Chile.
–¿Está a favor o en contra del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas?
–La verdad es que no, aquí somos un país unitario, todos somos chilenos, y yo soy de la idea de que no existan diferencias o un trato especial por ser indígena o por ser de alguna raza, religión o partido político. Somos todos iguales ante la ley.
–¿Hay terrorismo en La Araucanía?
–Sí, por supuesto. Aquí tenemos hechos que buscan generar temor en la población hace ya casi 30 años.