La aprehensión en Argentina de Facundo Jones Huala, comunero mapuche de nacionalidad argentina y líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), activó al Ministerio Público chileno para lograr su extradición. El fiscal nacional Ángel Valencia confirmó que la Unidad de Cooperación Internacional solicitó elevar la alerta de azul a roja en la Interpol -lo que permite que Jones Huala siga bajo la custodia de las autoridades argentinas- y que ya la Fiscalía de Los Ríos solicitó su extradición.
Sin embargo, para el excoordinador de Seguridad de la Macrozona Sur Pablo Urquízar dicho traslado «no está alejado de complejidades, porque puede haber voluntades políticas o jurídicas que entorpezcan ese traspaso».
En Mirada Líbero Urquízar llamó la atención de que para lograr la extradición se deben dar dos componentes: el jurídico, que consiste en efectivamente solicitar que Jones Huala sea enviado a Chile a completar su condena; y el segundo es que además haya la voluntad política para lograrlo.
«No podemos dar por cerrada esta extradición»
Jones Huala se encontraba cumpliendo una condena en Chile de 9 años por el incendio de una propiedad en la Región de Los Ríos, ocurrido en 2013, y por posesión ilegal de armas de fabricación casera. En enero de 2022 la Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de amparo presentado por su defensa y ordenó su libertad condicional, decisión que fue revertida por la Corte Suprema un mes después. Para entonces, Jones Huala había desaparecido; y se mantuvo prófugo por casi un año.
Urquízar recordó que «en octubre de 2021, previo a la libertad condicional de Facundo Jones Huala, quien va a la Comisión de Libertad Condicional a pedir su libertad es el embajador de Argentina en Chile, el embajador (Rafael) Bielsa». Urquízar agregó que «entonces no podemos dar por cerrada esta extradición, sino que hay que estar muy atentos a cuáles son los pasos, porque lo más relevante es que políticamente tiene que darse por parte del Estado de Chile, para que cumpla su condena».
En su momento, frente al episodio que relata Urquízar, el embajador Bielsa señaló al Diario La Nación de Argentina: “Yo nunca pedí la libertad condicional del señor Jones Huala. Y si la hubiera pedido, evidentemente alguien de la Comisión hubiese hecho referencia a la solicitud. Como no la pedí, no hay ninguna injerencia de ninguna naturaleza”. Además, trascendió que la asistencia consular a los argentinos presos en el exterior es una actividad rutinaria.
Sobre la relación entre los gobernantes de Chile y Argentina, Urquízar declaró: «Espero que, ya que el Presidente Boric tiene muy buenas relaciones con el gobierno del Presidente Fernández, esa voluntad política exista«, para lograr la extradición.
“Hay una responsabilidad enorme del Poder Judicial”
Para Urquízar, en lo referido a la fuga de Jones Huala «hay una responsabilidad enorme del Poder Judicial. Fue el Poder Judicial que contrarió lo que había señalado la Comisión de Libertad Condicional que había dicho que se rechazaba«.
El abogado detalló que la Comisión de Libertad Condicional tomó esa decisión porque la reinserción social de cada preso tiene que ver con un reconocimiento del delito y la conciencia del mal causado.
En cambio, «nada de eso existía en Facundo Jones Huala. Al contrario, él sigue justificando la violencia como método de acción política contra familias mapuche y no mapuche, tanto en Argentina como en Chile. Esa mala evaluación de parte de la Corte de Apelaciones de Temuco fue revertida por la Suprema, pero ya estaba prófugo, y no es un caso puntual, sino que algo que se dio también con distintos presos en la Macrozona Sur”.
Otro ejemplo es el de Jorge Huenchullán, werkén de Temucuicui investigado por tráfico de marihuana y tenencia ilegal de armas y municiones, y quien también está prófugo luego de una decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco.
«Se tiene que tratar a quienes cometen delitos como delincuentes»
Urquízar recordó que en el caso de la acusación constitucional presentada contra la exministra de Justicia Marcela Ríos había dos fundamentos: los indultos y los beneficios penitenciarios otorgados a ciertos presos de la Macrozona Sur, «porque hay cierta tendencia a empatizar con la violencia como método de acción política».
El excoordinador de la Macrozona Sur enfatizó que, por lo mismo, “la autoridad política debe ser muy clara frente a lo que pasa en la Macrozona Sur. En la Macrozona Sur no existen presos políticos, existen delincuentes, homicidas, terroristas, violadores y secuestradores, y hay que tratarlos en ese sentido, y cualquier persona que utiliza la violencia para tener ciertos beneficios, el Estado no lo puede permitir, porque en Chile no existe ningún grupo ni persona privilegiada. Se tiene que tratar a quienes cometen delitos como delincuentes”.
Por lo mismo, advirtió que en el caso de ciertos beneficios intrapenitenciarios “hay un modus operandi que parte con una huelga de hambre, sigue con atentados incendiarios, amenazas a gendarmes y, posteriormente, la exigencia de condiciones de distintos beneficios carcelarios”.
Agregó que “aquí se necesita de parte del Estado de Chile una unidad y criterio frente a un enemigo común que es el terrorismo, narcotráfico y el crimen organizado”.
Jones Huala es para la RAM lo que Héctor Llaitul es para la CAM
El excoordinador de Seguridad de la Macrozona Sur aseguró que la detención de Facundo Jones Huala es muy importante pues «tiene una relevancia bastante significativa en lo que ocurre en la Macrozona Sur, no solo de Chile, sino también de Argentina». Ello, dado que la RAM se creó el año 2009 al alero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), liderada por Héctor Llaitul.
En este sentido, señaló que tal como ha ocurrido con la detención de Héctor Llaitul, que derivó en otras aprehensiones relevantes dentro de la Macrozona Sur, como las de Ernesto y Pelantaro Llaitul, «produciéndose una decadencia y desarticulación no solo de la CAM, sino que también de otras organizaciones, lo mismo puede ocurrir con la RAM, donde el equivalente a Llaitul, Jones Huala, es detenido, pero esta detención debe producir la extradición propiamente tal».
Subrayó que también entre los detenidos están Alejandro Liguen, una de las personas imputadas por el asesinato del PDI Luis Morales; o Luis Tranamil, preso por el asesinato del carabinero Eugenio Naín. «Es una señal para las orgánicas radicalizadas y terroristas que no pueden hacer ni deshacer en Chile ni en Argentina, y eso obliga a una voluntad política conjunta, tanto del Estado chileno como de la Argentina”.
“El estado de emergencia es una herramienta que sirve, pero no es suficiente”
Sobre la nueva prórroga del estado de emergencia en la Macrozona Sur, Urquízar defendió esta herramienta. “Si uno analiza solo el año 2022, de los 365 días, 315 estuvieron con estado de emergencia, el 86% del 2022 estuvo con una herramienta excepcional. En 2022, los hechos de violencia se redujeron un 40%, según lo señalado por el Ministerio Público, y significa que el estado de emergencia es una herramienta que sirve, que da tranquilidad y es indispensable».
No obstante, apuntó que solo en enero de 2023 ya van 15 atentados incendiarios, por lo tanto «el estado de emergencia es necesario, indispensable, se ha hecho un excelente trabajo, pero no es suficiente«.
Enfatizó que “se requieren más herramientas por parte el Estado que, lamentablemente, están estancadas en el Congreso Nacional, como el proyecto que propone un sistema que moderniza el sistema de inteligencia del Estado, que ya lleva 1.500 días en tramitación; un proyecto de ley que eleva las penas de usurpación a penas privativas de libertad”.