–¿Organizaciones como la CAM o la WAM le parece que son terroristas?
Esa fue la consulta que anoche le hicieron a la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile.
“Yo no las catalogaría así. Creo que tienen elementos, gente anarca, gente que comete estos delitos, pero yo creo que también hay un tema, que es el que más nos ha costado…”, respondió Delpiano. Tras esto, los periodistas insistieron: “¿No le parece que la CAM es una organización terrorista, cuando reivindica métodos violentos?”. Pero la secretaria de Estado nuevamente evitó catalogar a la CAM como una agrupación terrorista y, en cambio, tomó la tangente.
“Ellos tienen un tema histórico con el Estado de Chile. Histórico. No es que parta ahora, no es con este gobierno, no es con el anterior. Hay una trayectoria que la explica muy bien Huenchumilla (el senador), que entiende mejor el tema por ser parte de esa etnia; que de alguna manera todas las comunidades de la zona norte de La Araucanía históricamente no se entendieron ni con el Estado español, ni con Estado chileno, rechazan la intromisión del Estado, cosa que no pasa con las de la zona sur, los lafkenches y los pehuenches, que pueden tener conflictos específicos, pero que han tenido en general un tipo de relacionamiento que van a los colegios, que fueron a la universidad, en fin, son parte de la comunidad”, respondió Delpiano.
Las respuestas de la ministra de Defensa no se condicen con el actuar oficial del Gobierno con respecto a estas orgánicas. Y es que hace menos de un mes, el Ministerio de Seguridad presentó una querella en la que califica a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) como una asociación terrorista. Lo mismo que hizo en abril en contra de la Weichan Auka Mapu (WAM).
La querella contra la CAM
En el caso de la CAM, el recurso fue presentado por el Ministerio de Seguridad Pública el 27 de agosto en el Juzgado de Garantía de Carahue por los delitos de incendio en carácter de terrorista, robo con intimidación y porte ilegal de arma de fuego, esto por un atentado ocurrido a las tres de la madrugada del 23 de agosto.
Tres individuos ingresaron a una faena forestal ubicada en la ruta S516, de la comuna de Carahue, intimidaron al guardia, le robaron su celular y luego rociaron con líquido acelerante diversas maquinarias para luego prenderles fuego. La acción, dice la querella, “puso en peligro las viviendas existentes en la cercanía al sitio del suceso”. El saldo fue que quedaron completamente destruidas una motoniveladora, una retroexcavadora, un trineumático, un skinner, un twich, un carro de arrastre y un container destinado a comedor.
Horas más tarde la acción fue reivindicada en una publicación en redes sociales, en el que describieron el hecho como una “acción de sabotaje” y además escribieron: “Ni paz ni entendimiento mientras existan pu weichafe encarcelados y militarización. Libertad a los PPM-CAM, caso Quilleco y todos los PPM (presos políticos mapuche). Trato digno por parte de Gendarmería. Territorio y autonomía para la nación mapuche”.
La querella indica que este hecho comparte la naturaleza, característica y forma de ejecución de las acciones promovidas o ejecutadas por la CAM y que los partícipes del delito, al menos, comparten los fines de la CAM, que son: el sabotaje a las forestales, libertad a los denominados por ellos como presos políticos mapuche (PPM-CAM) y la autonomía territorial. Además, señala que la CAM “cumple con los requisitos para ser calificada como ‘asociación terrorista’”.
En la argumentación para justificar el delito terrorista subrayan que la CAM es “un colectivo dotado de una organización interna y distribución de funciones, que permite la ejecución de tareas claras y debidamente planificadas con anterioridad”. Para argumentar la acción sostenida en el tiempo de la agrupación, el Ejecutivo enumera otros 8 atentados que han sido reivindicados por la CAM, incluyendo los hechos de 2022 que actualmente mantiene en prisión preventiva a Pelentaro Llaitul, hijo del líder de la agrupación, Héctor Llaitul. Además de otro de octubre de 2023 que involucra al sobrino de Héctor Llaitul, Bastián Llaitul Vergara, en el que quemaron dos camiones.
El libro ‘Radiografía de la violencia y el terrorismo en la Macrozona Sur: problemas y desafíos actuales’, del excoordinador de Seguridad de la Macrozona Pablo Urquízar, detalla que solo entre 2014 y 2022 se materializaron 7.067 hechos de violencia en las cuatro regiones que componen la Macrozona Sur y de estos. En particular, la CAM desde que apareció por primera vez en 1997 y hasta finales de 2023, se adjudicó 211 atentados y destruyó 770 bienes (entre vehículos, camiones, inmuebles e infraestructura).
La “extrema violencia” de la WAM
La primera querella en la que el Ejecutivo invocó la nueva Ley Antiterrorista –publicada en el Diario Oficial el 12 de febrero de 2025– fue en contra de la Weichan Auka Mapu (WAM) por el atentado contra el proyecto hidroeléctrico Rucalhue, ubicada en la comuna de Quilaco en la Región del Biobío, en la que desconocidos quemaron 50 maquinarias.
La ley dice que se entiende por asociación terrorista toda organización de tres o más personas que tenga “entre sus fines los de socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado democrático; o cuando, por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, esos delitos tengan la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella”.
En el caso de la querella por el atentado en Rucalhue, el Gobierno describió a la WAM como una “entidad constituida por más de tres personas, permanente en el tiempo, que cuenta con una organización interna y pretende el control territorial de gran parte de la macrozona, realizando exigencias a la autoridad relacionadas con la libertad de quienes denominan presos políticos mapuche, cometen sabotajes y atentados incendiarios en contra de particulares y empresas, con el fin de desalentar inversiones y lograr que abandonen dicha zona, compartiendo el mismo modus operandi que desborda en una violencia descontrolada y usos de armas”.
El lienzo dejado en el atentado en Rucalhue decía: “Libertad a Luis Tranamil y todos los P.P.M. (presos políticos mapuche) Jordan Llempi, Matías Catrileo. Presente en el Weichan. Nuestro objetivo es todo el Wallmapu”.
En la querella contra la WAM enumeran 10 atentados, cometidos entre 2023 y 2025, en los que reiteradamente –en los lienzos que dejan en el lugar del suceso– piden la libertad de distintos presos, en especial de Luis Tranamil, condenado a 32 años de cárcel por el homicidio del carabinero Eugenio Naín.
En cuanto a la pluralidad de personas, la querella señala que en el atentado contra la central Rucalhue participaron al menos 12 personas. De la WAM además señalan que tiene métodos “extremadamente violentos”.
El gobierno también se ha querellado invocando la nueva Ley Antiterrorista en contra de la Resistencia Mapuche Malleco (RMM) y la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML).
La crítica de los parlamentarios
Esta mañana en el Congreso se discutió una nueva renovación del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur. La ocasión fue aprovechada por los parlamentarios para cuestionar los dichos de Delpiano.
«La CAM es una orgánica terrorista (…) ya basta de eufemismo. El Gobierno no quiso terminar en estos cuatro años el terrorismo en La Araucanía, por eso tiene un Estado de Excepción, descafeinado, como lo dijimos al inicio. Yo lamento eso y pido que la ministra le pida disculpas a las víctimas de la región de La Araucanía», afirmó el diputado Miguel Mellado (Ind.).
Por su parte, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) señaló: «A mí no me sorprende que altos funcionarios de este Gobierno no reconozcan que existe terrorismo puro en nuestra zona, porque desde que asumieron el poder, desde que llegaron a La Moneda, le han bajado el perfil sistemáticamente. Recordemos que algunos ministros e incluso el habitante de La Moneda nos decían que era violencia rural, que no era terrorismo. Esa es una forma de bajarle el perfil. Que la ministra de Defensa diga que no puede catalogar a la CAM como una organización terrorista, por cierto que a mí no me sorprende, porque está en la misma línea desde el inicio, bajarle el perfil».
En tanto, el republicano Stephan Schubert reclamó la ausencia de ministros en la discusión, pues el ministro del Interior Álvaro Elizalde, ingresó casi 30 minutos después de iniciado el debate: «Esto es un reflejo de cómo este Gobierno ve lo que estamos viviendo en la Macrozona Sur. Pero eso es solo una muestra, lo otro se encuentra en las palabras de las autoridades, del delegado presidencial, de la ministra de Defensa, de la candidata a la continuidad, ellos consideran que no hay terrorismo».