Diecinueve horas antes del atentado en el que sujetos armados, portando armas de grueso calibre, asesinaron al trabajador forestal Manuel León y dejaron gravemente herido a su compañero César Osorio, se registró otro ataque en La Araucanía. En el lienzo que reivindicaba la “acción de sabotaje” se leía: “Ni paz ni entendimiento mientras existan pu weichafe encarcelados y militarización. Libertad a los PPM-CAM, caso Quilleco y todos los PPM (presos políticos mapuche). Trato digno por parte de Gendarmería. Territorio y autonomía para la nación mapuche”.
La mención a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) fue determinante para que en este caso el Ejecutivo sí aplicara la nueva Ley Antiterrorista, un instrumento legal que no se empleó en el ataque que costó la vida a Manuel León. A eso se suma que en aquel hecho ningún grupo radical se adjudicó la autoría, como suele ocurrir cuando hay víctimas fatales.
“Los antecedentes que hay presentan varias características, entre ellas una adjudicación ligada a redes sociales, que pueden calificar estos delitos como delitos de caracter terrorista. Por lo tanto, el Ministerio de Seguridad ha presentado una querella por atentado terrorista para poder pedir mayores diligencias”, dijo a Radio Biobío el seremi de Seguridad Pública de la Araucanía, Israel Campusano.
El recurso fue presentado por el Ministerio de Seguridad Pública el 27 de agosto en el Juzgado de Garantía de Carahue por los delitos de incendio en carácter de terrorista, robo con intimidación y porte ilegal de arma de fuego.
En el hecho, ocurrido a las tres de la madrugada, tres individuos ingresaron a una faena forestal ubicada en la ruta S516, de la comuna de Carahue, intimidaron al guardia, le robaron su celular y luego rociaron con líquido acelerante diversas maquinarias para luego prenderles fuego. La acción, dice la querella, “puso en peligro las viviendas existentes en la cercanía al sitio del suceso”. El saldo fue que quedaron completamente destruidas una motoniveladora, una retroexcavadora, un trineumático, un skinner, un twich, un carro de arrastre y un container destinado a comedor.
La CAM: “asociación terrorista”
La querella indica que este hecho comparte la naturaleza, característica y forma de ejecución de las acciones promovidas o ejecutadas por la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y que los partícipes del delito, al menos, comparten los fines de la CAM, que son: el sabotaje a las forestales, libertad a los denominados por ellos como presos políticos mapuche (PPM-CAM) y la autonomía territorial. Además, señala que la CAM “cumple con los requisitos para ser calificada como ‘asociación terrorista’”.
En la argumentación para justificar el delito terrorista subrayan que la CAM es “un colectivo dotado de una organización interna y distribución de funciones, que permite la ejecución de tareas claras y debidamente planificadas con anterioridad”. Para argumentar la acción sostenida en el tiempo de la agrupación, el Ejecutivo enumera otros 8 atentados que han sido reivindicados por la CAM, incluyendo los hechos de 2022 que actualmente mantiene en prisión preventiva a Pelentaro Llaitul, hijo del líder de la agrupación, Héctor Llaitul. U otro de octubre de 2023 que involucra al sobrino de Héctor Llaitul, Bastián Llaitul Vergara, en el que quemaron dos camiones.
Se trata de la cuarta vez que el Gobierno invoca la Ley Antiterrorista contra una de las agrupaciones radicales de la Macrozona Sur, pues ya se ha querellado por delitos de esta índole contra la Resistencia Mapuche Malleco (RMM), la Weichan Auka Mapu (WAM) y la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML).
Urquízar: “La adjudicación facilita la acreditación de la finalidad terrorista”
Pablo Urquízar, excoordinador de seguridad de la Macrozona Sur y coordinador del Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo (Ocrit) de la UNAB, dice a El Líbero que para querellarse por ley antiterrorista “no es indispensable” que haya un mensaje reivindacatorio del hecho, “lo que pasa es que la adjudicación facilita la acreditación de la finalidad terrorista que establece la ley antiterrorista. Pero no es indispensable”.
“Uno tiene que entender que la ley 21.732 establece por lo general que el delito terrorista está compuesto de un delito común base, más una finalidad terrorista; entonces la finalidad terrorista el gobierno la ha pretendido acreditar a través de la adjudicación, de los comunicados o panfletos en cada uno de los atentados. Cuando no ha habido una adjudicación propiamente tal, el gobierno ha entendido que no está totalmente acreditada la finalidad terrorista. Por lo tanto, escoge querellarse por delito común, como es el caso del asesinato del guardia forestal, ocurrido en el sector Selva Oscura, en Victoria”, explica Urquízar.
En ese caso el Ejecutivo invocó ante el Juzgado de Garantía de Victoria los delitos de asociación ilícita para la comisión de crímenes; homicidio calificado; y posesión, tenencia o porte de armas sujetas a control.
Al respecto, el excoordinador de seguridad de la Macrozona Sur subraya que únicamente con los videos del hecho que circularon no es suficiente para acreditar esa finalidad terrorista. “Podría haber sido un grupo de delincuentes puro y duro y eso es parte de la investigación. Distinto es aquellos hechos delictuales en los que sí es de público conocimiento la reivindicación. Por ejemplo, el atentado de la CAM, donde lo que hace es materializar un atentado incendiario y luego adjudicarlo y establecer una serie de exigencias desde la perspectiva de, comillas, los presos políticos o frente al estado de emergencia o en rechazo a alguna medida judicial”.
Urquízar agrega que en el caso de Carahue “no hay duda de que se dan los supuestos de la nueva regulación antiterrorista. Distinto al caso del asesinato en Victoria, donde a partir de los antecedentes habría que acreditar la finalidad terrorista propiamente tal”.
Indicador de Violencia e Impunidad
Tras estos hechos, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, informó que las Fuerzas Armadas ya comenzaron un “incremento en las operaciones de control territorial relacionado con la seguridad de puntos críticos, patrullajes masivos e integración con medios aéreos y policiales”.
A través de un comunicado difundido en X señaló que el jefe del Estado Mayor Conjunto (s), el general de división Lionel Curti, estuvo en La Araucanía donde se reunió con el jefe de la Defensa Nacional de la Araucanía, general de brigada Alejandro Moreno, y participó de un Comité Policial Extraordinario.
En la semana del 25 al 31 de agosto el Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero no registró hechos de violencia. El mes de agosto si bien cerró con tan solo cuatro atentados se convirtió en el período más letal desde abril de 2024 –cuando mataron a tres carabineros en Cañete– con la muerte de Manuel León.
Agosto además cierra con 13 víctimas y 16 bienes afectados.
Otro hecho a considerar es que ayer comenzó el juicio en contra de Alejandro Liguen, único imputado por la muerte del inspector de la PDI, Luis Morales Balcázar, ocurrido el 7 de enero de 2021 en un fallido operativo policial en la comunidad de Temucuicui.
El Ministerio Público está solicitando presidio perpetuo calificado por el homicidio de Morales Balcázar y 15 años por homicidio frustrado respecto al funcionario policial, Felipe González Cadena. También se le imputa atentado contra la autoridad, en carácter de reiterado, tenencia ilegal de arma prohibida, tenencia de municiones y receptación. Se prevé que el juicio podría prolongarse por más de 10 jornadas.
