Este martes el Gobierno envió a Contraloría un Decreto con Fuerza de Ley (DFL) que regula el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera norte y establece cómo pueden actuar los militares.
Desde que se conoció el DFL se generó un debate sobre las labores que deben o no efectuar las Fuerzas Armadas y el jueves el Gobierno retiró el decreto de Contraloría ante el riesgo de que no fuera visado y corregir algunos errores de forma, lo que fue revertido ese mismo día según la ministra del Interior, Carolina Tohá.
En un nuevo Especial Mirada Líbero analiza esta situación el abogado Mijail Bonito, experto en política migratoria, ex asesor del Ministerio del Interior en esta materia y socio del estudio Hurtado y Bonito.
El experto asegura que más allá de las facultades del uso de la fuerza, la discusión debiera estar centrada en qué harán los efectivos con las personas que son detenidas en la frontera. «Si las Fuerzas Armadas, o quien esté en la frontera, no puede activar la reconducción inmediata, o a lo menos no hay una política de expulsión lo más rápida posible, no tienen ninguna posibilidad de tener éxito, porque se convierten en un Uber. Serán simplemente un Uber y un apoyo logístico, porque así acorta el trecho del traficante. La voluntad política es una sola: o cumplimos o no la reconducción inmediata”, apunta.
En este sentido, explica que “la reconducción inmediata es un procedimiento que se estableció en la nueva ley de migraciones, que permite que una persona que sea sorprendida ingresando de forma irregular al país, por un paso no habilitado, o con documentos falsos, o con declaraciones falsas, pueda ser devuelta al país por el cual está ingresando sin mayor trámite por la autoridad fiscalizadora en frontera. ¿Qué pasó con este Gobierno en el 2022? Bolivia se opuso a que ciudadanos venezolanos que sean detenidos infraganti cometiendo estas irregularidades fueran devueltos, se negó a recibirlos. Pero el Gobierno de Chile no ha dicho una sola palabra desde entonces, y no sólo eso, sino que dio por hecho que no los puede recibir Bolivia, y simple y llanamente dictó una resolución que, a mi juicio es ilegal -porque una resolución no puede suspender el cumplimiento de una legislación- y dijo que sólo se iban a reconducir por la frontera boliviana aquellas personas que son bolivianas”.
Bonito advierte que “si no se cumple con la reconducción da lo mismo que esté todo el Ejército de Chile en la frontera, si lo único que puede hacer es detener a la persona, entregarla a la Policía de Investigaciones o a Carabineros, y éstos lo único que podrían hacer es establecer una denuncia por ingreso irregular y la persona quedará libre en Chile. Entonces, lo que pasa es que o se ponen en la frontera los militares para efectivamente evitar el ingreso a territorio nacional, o simplemente los militares se van a convertir en un Uber”.
De igual manera, emplaza al Ministerio de Relaciones Exteriores a asumir su rol, señalando que «Cancillería se debiera hacer cargo de esta diferencia con Bolivia, para que Bolivia deje de permitir que su territorio nacional sea utilizado por estas bandas, porque permiten el tránsito por todo su territorio nacional a todos los migrantes irregulares, para ingresar clandestinamente a Chile”.
Bonito grafica lo que podría ocurrir en la frontera norte, e indica que “por ejemplo, una patrulla militar se va a encontrar con 20 migrantes irregulares tratando de ingresar al país, ¿qué va a hacer esa patrulla? Sus facultades son parecidas a las de las policías, pero ¿qué va a hacer el militar cuando detecte a 20 personas ingresando clandestinamente? Si los detienen y los revisan es porque ya están en territorio nacional, y si están en territorio nacional y no tienen droga y son solamente migrantes irregulares, lo único que va a poder hacer es entregarlo a las policías. Si lo entrega, las policías no lo pueden reconducir, por lo tanto, tienen que hacer la denuncia y ya están dentro de Chile, ¿cuál es la diferencia con lo que hay hoy?”.
“Existe un riesgo real de que no haya resultados con los militares en la frontera”
Para el abogado y experto en política migratoria “es un riesgo real que no haya resultados. Hay un riesgo importante. Creo que desde el punto de vista disuasivo funciona, podría funcionar, pero los migrantes son personas que se informan mucho cuando están en los trayectos y los traficantes de migrantes se informan mucho más. En el minuto en que se encuentran que en Chile no tienen ninguna herramienta, da lo mismo que haya 500 mil militares en la frontera”.
Bonito, además, recuerda el trabajo que realizó durante el segundo Gobierno del Presidente Piñera y relata que “durante los 15 días que estuve en la frontera de Chacalluta estuvieron todos los diputados de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, justamente conversando con migrantes y criticándonos todo el rato. Estuvo el INDH repartiendo documentos para que las personas pusieran su nombre y pidieran refugio, ese era el nivel. La dirección del INDH de Arica y Parinacota entró con el auto, se trajo a una persona, cruzó la Línea de la Concordia y no respetó el alto que le dieron Carabineros y la PDI. Todo eso pasó en esa época y aun así las personas que ingresaron lo hicieron con todos los documentos en regla y se disminuyó muchísimo el ingreso irregular, porque se pusieron patrullas en otras partes, en diferentes hitos para que actuaran de manera disuasiva. Entonces, hay formas de solucionar esto, sí, pero las personas que no estaban con documentación en regla eran devueltas en ese mismo instante al Perú, y eso es lo que no se hace hoy”.
Añade que “la migración irregular no es la imagen del migrante que viene solo caminando, nadie puede caminar y atravesar 5 países, estas personas están siendo traficadas. Hay bandas de trafico detrás, y no solo eso, sino que la forma para pagar estas bandas en muchos casos es justamente delinquir para ellos y pasan a ser víctimas de estas bandas criminales internacionales”.
Respecto a la gran discusión que se ha generado sobre los siete pasos previos al uso de sus armas de servicio, que se leen en el decreto que ingresó el Gobierno a Contraloría, Bonito manifiesta que “la proporcionalidad es parte sustancial en su educación, y la educación en Derechos Humanos en las Fuerzas Armadas y de orden ha ido in crescendo desde mucho antes del 18 de octubre de 2019. Yo sé que hay una gran discusión sobre esto, pero a final de cuentas en la afectación del punto de vista migratorio yo dudo que vaya a suceder algo como esto».
Y agrega: «Ahora, dese el punto de vista del crimen organizado y cómo se usan los mismos pasos para el ingreso de criminales armados, de drogas, de bandas, etc, ahí sí puede necesitarse. Pero el cumplimiento da lo mismo, se adapta, los militares se van a adaptar, al igual que las policías, porque están capacitados y tienen una formación de respeto a los Derechos Humanos bien importante».