El 10 de febrero de 2007, durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, partió el Transantiago con la promesa de que mejoraría la calidad del transporte capitalino y se autofinanciaría con la tarifa integrada de los buses y el Metro. Sin embargo, ocho años después la realidad muestra que el plan ha estado desfinanciado desde el comienzo, llevando al Congreso ha aprobar dos leyes para que el fisco le traspase US$16.500 millones al plan y sea viable hasta 2022.
En 2009, se aprobó la ley 20.379 que comprometió US$3.490 millones para el Transantiago durante los siguientes cinco años, y en septiembre de 2013 el Parlamento aprobó una modificación a dicha ley para permitir la viabilidad del plan de transportes hasta 2022, pero traspasándole otros US$13.050, monto que incluyó, también, aportes para mejorar la locomoción en las otras regiones del país.
Pero el pasado viernes, el ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, anunció que se contrató a la consultora internacional Embarq para revisar la estructura de financiamiento del Transantiago y proponer un nuevo subsidio permanente.
La mitad del subsidio anual se va en evasión
En ocho años tampoco se ha podido reducir la evasión, que oscila entre el 20 y 25% del total de usuarios, con un costo sobre US$450 millones anuales, más de la mitad del subsidio estatal de US$750 millones. Sólo el año pasado los evasores sumaron más de 106 mil.
En casi todas las encuestas de opinión, el Transantiago aparece evaluado por la ciudadanía como una de las peores políticas públicas, como indica la última Adimark de enero que mostró un 78% de rechazo, en penúltimo lugar, sólo superada por la delincuencia con el 81%.
Lo que se pudo haber hecho con los US$16.500 millones
Con los recursos que han aportado y seguirán aportando los contribuyentes, se podrían haber construido, por ejemplo, 555 mil viviendas sociales de 55 metros cuadrados y tres dormitorios, 41 hospitales -tres por región- de 400 camas como el de Maipú, 550 parques similares al Renato Poblete, o 825 estadios de fútbol como el Teniente de Rancagua, que alberga a 16 mil personas.
También se pudo haber destinado a construir 13.750 comisarías de Carabineros -40 por comuna- con capacidad para 60 funcionarios, o 15 Costanera Center en el país con un mall y 60 pisos de oficinas.
Además, los US$16.500 millones alcanzarían para financiar durante medio siglo todos los gastos operativos y de labor del Senado, la Cámara de Diputados, la Biblioteca y el Consejo de Asignaciones del Congreso.
Foto: EDUARDO BEYER /AGENCIA UNO