El 3 de enero se publicó en el Diario Oficial la Ley de Reajuste del sector público, con una novedad respecto a sus versiones anteriores: desde 2027 habrá un límite para la edad de los funcionarios públicos, la que se fijó en 75 años. Hoy ese límite no existe, por lo que si la persona tiene la salud y cumple satisfactoriamente sus funciones, puede seguir trabajando en el gobierno hasta cuando desee retirarse.
Aunque el gobierno ha sido enfático en declarar que no son proclives a aumentar la edad de jubilación (de 60 años para las mujeres y de 65 para los hombres), la realidad dentro de sus oficinas evidencia la existencia de cada vez más canas.
Esto, porque según averiguó El Líbero vía Transparencia, son por lo menos 121 los funcionarios de todos los ministerios que estaban en esa situación en 2024, siendo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el de Educación, los que tienen más trabajadores de la tercera edad. Mientras, la persona más longeva en funciones tiene 100 años y trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
De aquí a 2027, y tras conocerse los datos del Censo que apuntan a un envejecimiento de la población, parece claro que el número de funcionarios sobre esa edad que deberán dejar sus puestos de trabajo en el Estado crecerá.
Bajando 15 años el rango de edad, según la base de datos del último Informe Trimestral de los Recursos Humanos del Sector Público de la Dirección de Presupuestos (Dipres), de septiembre de 2024, el año pasado había 14.326 personas sobre 60 años trabajando en los ministerios, el Congreso, el Poder Judicial, la Contraloría, el Servel, los gobiernos regionales, el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez (6.389 de 65 años y más, el 11%). Es decir, son el 24,7% del total de funcionarios de esas instituciones (57.947).
Educación y Minvu, los que tienen más adultos mayores
De acuerdo con lo informado por las subsecretarías de todos los ministerios, Vivienda y Educación llevan la delantera respecto de los funcionarios sobre 75 años, con 30 de ellos cada uno.
En Minvu, 24 son hombres y seis mujeres. 16 son personal de planta, 12 están a contrata y dos a honorarios. La persona activa con más edad de Minvu tiene 82 años y trabaja en la recepción de “insumos para las preparaciones de alimentos” en la cocina central del ministerio. El que le sigue es un funcionario de 82 años en el Serviu Metropolitano donde el encargado del equipo de sumarios administrativos trabajó hasta los 90 años (2023).
En la Subsecretaría de Educación trabajan 30 personas sobre 75 años de edad, cumpliendo diversas labores, como supervisores pedagógicos, atención ciudadana, coordinadores, apoyo de la oficina de partes, auxiliares, conductores, profesionales de normativa y encargado de bienestar. 17 son hombres y 13 son mujeres. 10 están a contrata, dos a honorarios y 17 figuran como “titular”.
Un funcionario de 100 años
En el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) está uno de los ministros del gobierno que tiene más de 75 años (tiene 76. Adriana Delpiano y Carlos Montes tienen 78), el canciller Alberto van Klaveren, pero hay un funcionario que lo supera con creces.
Se trata del embajador emérito Mariano Fontecilla de 100 años, a honorarios y muy conocido justamente por su larga trayectoria y que, según la misma web de Minrel, es el “funcionario público más antiguo del país».
Actualmente sus funciones son asistir al gabinete del ministro “en materias de asuntos parlamentarios como coordinador diplomático con el Congreso nacional”. Eso sí, debido a su edad, en su informe mensual de febrero de este año, se detalla que está «desempeñándose en su hogar”, pero que desde allí, ha “continuado brindando asesoría en diplomacia parlamentaria y coordinando temáticas con el Congreso, en particular, aspectos de los encuentros oficiales de los embajadores acreditados con las comisiones de Relaciones Exteriores”.
Además de Van Klaveren y Fontecilla, figuran otros nueve funcionarios con edad superior al límite que se impuso para 2027. Son tres embajadores (77, 80 y 81), una embajadora (77), un ministro consejero encargado temático de medio ambiente, un asesor de la Dirección de Planificación Estratégica, un analista exterior de una embajada y un asesor de política exterior.
A ellos se les suman otras dos personas de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, sumando 13 personas en todo el ministerio. Eso sí, el servicio exterior se rige por un estatuto especial que lo diferencia del resto de los funcionarios públicos y que les permite extender su vida laboral .
Minsal no responde y el resto de los ministerios con funcionarios de la tercera edad
El único ministerio que no respondió a la solicitud de Transparencia (pese a pedir prórroga), fue el Ministerio de Salud, donde en meses anteriores se han reportado dificultades justamente en esa unidad.
En orden decreciente, los otros ministerios con funcionarios sobre 75 años son el Ministerio del Interior, con nueve personas en el rango etario: cinco en la Subsecretaría del Interior, tres en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), y uno en la Subsecretaría de Prevención del Delito.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones tiene ocho (siete en Transportes y una en la Subsecretaría de Telecomunicaciones); en el Ministerio de las Culturas hay seis; en Bienes Nacionales, cuatro; en Justicia tres; en Defensa, cuatro; en Obras Públicas, tres; En Desarrollo Social, tres (en la Subsecretaría de Servicios Sociales) y en el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) dos.
Los que tienen sólo una persona son Agricultura, Energía, Secretaría General de la Presidencia; Mujer y Equidad de Género, Trabajo y Deportes.
En este último, el funcionario es el exalcalde de Punta Arenas y relator deportivo Vladimiro Mimica (80), que prestó asesorías a honorarios «en materias de comunicaciones y difusión periodística en los Juegos Panamericanos Santiago 2023» y que el año pasado 2024 -a contrata- fue el encargado de «elaborar propuesta de trabajo para vincular al Ministerio del Deporte con deportistas de alto rendimiento, con el propósito de realizar un acompañamiento comunicacional al proceso de preparación de estos», entre otras labores.
La restricción viene con un incentivo: una indemnización
El límite de edad de 75 años para el cese de funciones de los trabajadores del servicio público comenzará a regir desde el 1 de enero de 2027 y se aplicará a prácticamente todos. Eso sí, excepcionalmente a lo que ocurre en el mundo estatal, quienes se acojan a esta causal de salida, tendrán derecho a una indemnización equivalente al total de las remuneraciones por cada año de servicio en la institución, con un máximo de seis.
Para el cálculo de esta indemnización, sólo se computará el tiempo servido en calidad de planta, contrata y Código del Trabajo en la entidad empleadora, con un tope de noventa unidades de fomento a la fecha del cese de funciones.
Para el límite de 75 años se tomó en consideración que esa es la edad de retiro de los magistrados, y cuando Hacienda y la Dirección de Presupuestos explicaron esta norma en el Senado, sostuvieron que “la gestión pública se ve resentida por el envejecimiento del personal”.
Un gremio que protestó por no estar dentro del grupo con derecho a indemnización fue la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), que acusó sufrir una «discriminación arbitraria» al ser excluida de este beneficio, especialmente cuando se compara su situación con la de otros funcionarios del sistema judicial, como es el caso de los jueces.
Justamente hay casos que no se pueden acoger a las leyes de retiro en el Ministerio Público, Poder Judicial, Contraloría, Banco Central, académicos de universidades estatales y servicio exterior.
A modo de acercamiento a lo que ocurrirá el 2027, el próximo año se promoverá un periodo de postulación especial para quienes tengan más de 65 años al 31 de diciembre de 2025.
Cuando todo esto se discutió en el Congreso en diciembre pasado, en la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), se mostraron favorables al plan de retiro (que fue uno de los acuerdos del gobierno, la CUT y otras 15 agrupaciones gremiales); mientras que el diputado Frank Sauerbaum (RN) lo calificó como “un despido automático” y el diputado Carlos Bianchi (ind), observó un “incentivo perverso”, pues de no retirarse a los 65 años sino un poco después, a los 67 años, por ejemplo; se le entregarán menos beneficios que al quedarse hasta los 75.