Tal como lo habían anticipado y poco después de las 09:00 horas del miércoles, los jefes de bancada de oposición llegaron hasta el Congreso Nacional para firmar e ingresar la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera. Apenas una hora más tarde, se sortearon los integrantes de la comisión revisora donde, por medio de una tómbola, se escogió a los diputados Florcita Alarcón (PH), Maya Fernández (PS), Pepe Auth (Ind.), Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (Ind.-UDI).
La iniciativa busca que el Presidente aclare su rol en la compraventa de la Minera Dominga, tras el escándalo de Pandora Papers y la investigación anunciada por el Ministerio Público que busca investigar si el Mandatario pudo haber estado involucrado en delitos de cohecho y eventuales ilícitos tributarios por la tercera cláusula del contrato.
El texto, de 99 páginas de extensión, se fundamenta en dos capítulos acusatorios con los cuales los parlamentarios buscan exigir la responsabilidad política del Presidente. El primero es «infringir abiertamente la Constitución y las leyes al cometer actos de su administración que vulneran el principio de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación»; y el segundo «comprometer gravemente el honor de la nación», así como «un grave daño reputacional a la institución de la Presidencia de la República».
En Mirada Líbero en Agricultura, la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, explica que la causal relacionada a la infracción del honor de la nación es subjetiva, mientras que la que investiga faltas a la probidad permite comparar el acto reprochado con la norma vigente en la Constitución. Por tanto, sostiene que “infringir el honor o la seguridad de la nación es una causal sumamente genérica que da pie para que la evaluación sea absolutamente política, es decir, que aquí no entren criterios objetivos”.
Sobre el momento político en que se deduce la acusación constitucional, Peña declara que es discutible, ya que hay riesgo de quedarse sin Presidente de la República ad portas de la elección presidencial de noviembre y frente al inicio del trabajo de la Convención Constitucional. “A todas luces no es el momento más apropiado en la vía institucional del país”, subraya.
Los únicos que quedaron fuera del sorteo de este miércoles para formar parte de la comisión revisora fueron los 15 diputados que firmaron la acusación, entre ellos Marcelo Díaz (Unir), Félix González (PEV), Marcela Hernando (PR), Tomás Hirsch (AH), Pamela Jiles (PH), Claudia Mix (Comunes), Daniel Núñez (PC), Emilia Nuyado (PS), Andrea Parra (PPD), Catalina Pérez (RD), Juan Santana (PS), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Gabriel Silber (DC), Pablo Vidal (NT), Gonzalo Winter (CS). Asimismo, Diego Paulsen (RN), Francisco Undurraga (Evópoli) y Rodrigo González (PPD) no podrían ser parte por conformar la Mesa de la Corporación.
La comisión de los 5 diputados electos será la encargada de estudiar la acusación y presentar un informe no vinculante a la Sala respecto de la admisibilidad de ella. Peña explica que, tanto en esa instancia como en la Sala, deben respetar “el derecho de defensa del Presidente”.
Su principal derecho de defensa, afirma la académica, es “plantear la cuestión previa de constitucionalidad”, es decir, afirmar que la acusación constitucional no tiene mérito o fundamento. A su juicio, la defensa del Mandatario podría hacerlo y favorecer su posición, ya que “la Constitución habla de acusar al Presidente por actos de su administración y su administración solo podría ser entendida como el actual período presidencial y no el anterior”.
Los próximos pasos que enfrenta la acusación
La Comisión electa comenzará a sesionar el martes 19 de octubre en doble jornada para alcanzar el plazo de 10 días que tiene el Presidente para contestar el libelo. Esta es la segunda instancia en que el Mandatario se enfrentará al proceso, luego de que en 2019 se llevara a cabo –sin éxito– una acusación por presuntas violaciones a los Derechos Humanos en el marco del estallido social, donde los legisladores aprobaron la cuestión previa, por lo que la acusación no prosperó.
⭕️Comisión de #AcusaciónConstitucional sesionará el martes 19, miércoles 20 y jueves 21 en doble jornada, de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 para recibir invitados, antes del plazo de 10 días que tiene el Presidente para contestar el libelo.
— Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) October 13, 2021
Para avanzar necesita mayoría en la Cámara, es decir 78 votos y 2/3 en el Senado (29 votos). En caso de que sea aprobada, el Mandatario deberá abandonar su cargo y quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años.
De acuerdo con Peña, desde el punto de vista legal no puede existir un vacío de poder, por lo que de aprobarse el libelo y provocar la vacancia en el cargo del Presidente de la República, la Constitución establece que “tiene que ser subrogado por el Ministro del Interior y así sucesivamente si él no pudiera en el orden establecido en la Ley de Ministerios”.
Si ningún ministro del gabinete pudiera subrogar al Presidente que provocó la valencia, quien asumiría sería la presidenta del Senado, en este caso, Ximena Rincón (DC). El rol de quien asume el cargo, explica la abogada, es “apoyar al Congreso Nacional que debe dentro de un plazo máximo de 10 días designar al sucesor del Presidente”.
La abogada constitucionalista advierte: «Tenemos elecciones presidenciales a fines de noviembre y resulta que si esto se tramita rápidamente estaríamos, por decir algo, a principios de noviembre eligiendo un nuevo Presidente de la República para terminar en marzo, porque asume por el período que le faltaba al que originó la vacancia».