La Macrozona Sur cumplió tres años ininterrumpidos en Estado de Excepción. La medida comenzó a regir el 17 de mayo de 2022 y desde entonces se ha prorrogado 57 veces. La última extensión ocurrió el pasado 15 de mayo y comenzará a regir el 29 de mayo, por 30 días más.
La medida se aplica en la Región de La Araucanía y en las provincias de Biobío y Arauco de la Región del Biobío.
Desde el mundo gremial, la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag) informó que en este periodo han sido blanco de 138 atentados incendiarios, con trabajadores muertos, heridos y secuestrados, además de 607 equipos destruidos. Su gerente, René Muñoz, afirmó que han catastrado más de 40 mil víctimas directas e indirectas de la violencia, entre quienes se incluyen tres trabajadores forestales asesinados.
Pese a que se reconoce una disminución del 67% en los ataques entre 2021 y 2024, de acuerdo con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, —con cerca de 700 atentados evitados—, los gremios exigen que la medida se mantenga hasta que los ataques lleguen a cero. “No se puede avanzar en soluciones reales sin la participación de quienes viven en carne propia las consecuencias de la violencia terrorista”, señaló Acoforag en un comunicado.
12 detenidos en Biobío por sustracción de madera
En lo que ha transcurrido del mes de mayo, el Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero contabiliza cuatro atentados, cifra que hubo durante todo el mes de abril y todo el mes de marzo.
En la semana del 12 al 18 de mayo el Indicador registró un hecho de violencia: un caso de robo de madera, que pudo ser frustrado gracias a un operativo coordinado entre el Ministerio Público y el OS-9 de Carabineros.
El hecho ocurrió en el Predio San Ricardo y Predio Araneda ubicados en la ruta O-846, kilómetro 7,8, en Coronel, Región del Biobío, pertenecientes a Forestal Arauco.
Según el parte policial, las autoridades hallaron “en flagrancia a una docena de personas talando madera de forma ilegal”. Durante el procedimiento, se requisaron cinco camionetas sin encargo por robo; cinco motosierras; un hacha y 18 metros cúbicos de eucaliptus, cuyo valor supera el millón de pesos.
La policía agregó que once de los arrestados tienen antecedentes por delitos como microtráfico, amenazas, violencia intrafamiliar y robos. Entre ellos hay uno con nueve registros por receptación y porte de arma blanca; y otro vinculado a diez causas por lesiones y violencia intrafamiliar.
Agrega el comunicado que el operativo se enmarcó en los compromisos de la mesa de trabajo contra el crimen organizado de Biobío. En ese contexto, personal de OS-9 realizó “recorridos en lugares susceptibles de sustracción de madera”, lo que permitió interceptar a los involucrados dentro de los terrenos de la forestal.
Los implicados en el caso fueron formalizados el 16 de mayo ante el Juzgado de Garantía de Coronel: dos quedaron con arresto domiciliario total; cinco con privación de libertad parcial en domicilio; y cuatro con firma mensual ante Carabineros. Otras medidas comunes a todos los imputados fueron prohibición de salir del país; prohibición de acercarse a los lugares de los hechos y prohibición de comunicarse entre ellos por cualquier medio.
Más querellas por atentado contra el proyecto hidroeléctrico Rucalhue
A casi un mes del atentado incendiario contra el proyecto hidroeléctrico Rucalhue,a las acciones legales ya iniciadas por el gobierno bajo la nueva Ley Antiterrorista, se suma ahora la querella interpuesta por la empresa Rucalhue Energía Spa, que también denuncia delitos de asociación terrorista e incendio terrorista.
La madrugada del 20 de abril, un grupo de al menos 20 encapuchados fuertemente armados ingresó al recinto ubicado en los límites de Santa Bárbara y Quilaco, maniataron a los guardias de seguridad y destruyeron 52 vehículos y maquinarias. Entre los equipos calcinados se cuentan 45 camiones tolva, excavadoras, motoniveladoras y camiones aljibe. En el lugar se halló un cartel con consignas que vinculan el ataque a causas radicales y que desde el gobierno han vinculado al grupo Weichán Auka Mapu (WAM).
“La empresa tiene un fundado temor de retomar las actividades de construcción de la central”, señala la querella presentada por el abogado Waldo Bown, subrayando el impacto económico y operativo del atentado, que paralizó un proyecto con resolución ambiental favorable desde 2016 y a solo dos años y medio de su finalización.
A esta acción se suma otra querella presentada por la empresa de seguridad “Negocios y Proyectos Miguel Ángel Navarrete Rehren”, que acusa homicidio frustrado, lesiones graves, amenazas y asociación terrorista, por la agresión sufrida por sus guardias durante el ataque.
El caso ha desatado una ola de reacciones. La Multigremial de La Araucanía alertó que el atentado no es un hecho aislado: el 66% de la violencia registrada en la Macrozona Sur corresponde a ataques incendiarios, pese a una baja general del 53% en los hechos violentos respecto al año pasado. Su presidente, Patricio Santibáñez, advirtió que los grupos violentos continúan operando, aunque con menor frecuencia, y que “cuando tienen menos facilidades, optan por atentados mucho más grandes y fuertes, aunque menos frecuentes, ya que mantienen sus capacidades operativas disponibles”.
También te puede interesar: