El exministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, ha defendido de manera firme los resultados de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. La instancia concluyó su tarea en la madrugada del 1 de mayo (su mandato finalizaba a las 23:59 del 30 de abril) y, aunque no alcanzó la unanimidad autoimpuesta en todos los puntos, mañana entregarán su informe al presidente Gabriel Boric.
Moreno, copresidente de la Comisión, se ha visto obligado a alzar la voz frente a los cuestionamientos que sugieren que el informe tiene tintes “octubristas”. Esta crítica proviene del Partido Republicano y ha sido respaldada por el comisionado Sebastián Naveillán, quien emitió el voto disidente. Según el representante de los agricultores, “hay palabras que causan dudas, hay derechos asumidos en la constitución, derechos colectivos de los pueblos indígenas, autogobernanza para las comunidades. Hay una cuota de octubrismo probablemente”.
Según pudo conocer El Líbero, la Comisión logró cuantificar la demanda de tierras futuras, que asciende a alrededor de 400.000 hectáreas, lo que representa más de 3.500 millones de dólares. Esto se debe a que existen cerca de 400 comunidades que ya cuentan con aplicabilidad —es decir, un documento estatal que les otorga el derecho a recibir tierras— a las cuales, aunque ya se les ha comprado, aún falta por restituirles. Otras 320 comunidades tienen aplicabilidad, pero aún no han recibido nada, y unas 1.200 están en espera de obtener ese documento (y el 93% de quienes postulan, lo reciben).
En este contexto, la Comisión ha propuesto la creación de formas de reparación alternativas, como viviendas, becas, créditos hipotecarios e infraestructura en las hectáreas entregadas.
En cuanto a quienes opten por recibir tierras, la Comisión abre la posibilidad de que estas ya no sean entregadas de forma colectiva a las comunidades, lo que actualmente les impide realizar contratos con terceros y cualquier uso que quieran darle a la tierra debe contar con la aprobación de todos los miembros de la comunidad. Este es uno de los puntos que se busca cambiar: las tierras seguirán siendo inalienables, pero se permitirá que puedan recibirlas bajo cualquier tipo de propiedad que consideren conveniente (como, por ejemplo, una sociedad). Además, podrán suscribir contratos de hasta 25 años de duración para su uso.
Por otro lado, la Comisión plantea cerrar la demanda de tierras, la cual, con la actual Ley Indígena, no tiene límites. Para ello, se proponen reformas que restrinjan el número de familias que pueden ser parte de una comunidad, el número de comunidades y la cantidad de hectáreas que se entregan por familia.
¿Y de dónde saldrá esa tierra? La Comisión sugiere crear una especie de “banco”, para lo cual harán un llamado preguntando quiénes están dispuestos a vender sus tierras al Estado. Este llamado estará abierto por un período de 6 meses, y las comunidades solo podrían escoger entre esos campos. Se propuso que cuatro años después se pudiese hacer el llamado una vez más, por si más personas quisieran vender; y ese fue el punto en discordia con Naveillán, a partir del cual se rompió la unanimidad. Naveillán no estuvo de acuerdo con hacer un segundo llamado, ya que a su parecer podría causar amedrentamientos a los agricultores.
Otro punto que prevé el acuerdo es la reparación a las víctimas de la violencia, para lo cual habrá que determinar a quiénes cubre, qué tipo de eventos cubre, cómo se reparan, la creación de un organismo y los costos.
Sin embargo, no será hasta mañana que se conocerá completamente el texto. Por ahora, solo desde sectores de la izquierda han salido a respaldar el acuerdo. Desde el mundo de la derecha, Republicanos ha sido el más crítico, y Chile Vamos tampoco ha emitido comentarios positivos, han sido más bien cautos, aunque la candidata presidencial de la coalición, Evelyn Matthei (UDI), apuntó “es absolutamente imposible que haya ningún tipo de entendimiento si no hay un reconocimiento explícito de que ha habido terrorismo, de que han habido víctimas a las cuales se les tiene que hacer algún tipo de reparación, pero por sobre todo de que tiene que haber una acuerdo absoluto entre todos que no más terrorismo. Sin eso no hay entendimiento posible”.
Atentado en Lautaro
Y es que mientras todo este debate ocurría, en la Región de La Araucanía continuaron los hechos de violencia. El 29 de abril un atentado incendiario dejó una maquinaria y al menos cinco vehículos quemados en el sector rural de Peu Peu, en la comuna de Lautaro.
Entre los vehículos afectados se encontraban cuatro camiones, una camioneta y una retroexcavadora. El fiscal Enrique Vásquez indicó que un grupo de ocho sujetos encapuchados, algunos con ropa militar, ingresaron al predio forestal a las 08:00 horas, intimidaron a los trabajadores con armas de fuego, dispararon y luego prendieron fuego a los vehículos y maquinaria.
Verónica López Videla, seremi (i) de Seguridad Pública, calificó el atentado como de «máxima gravedad» y anunció una querella criminal. La investigación está a cargo de OS-9 y Labocar de Carabineros.
El empresario afectado se llama Luis Barrientos, es el propietario de la contratista Transportes Mafercam. Barrientos dijo a Radio Bío Bío que estaban trabajando en el Fundo Lorena de Lautaro para, posteriormente, vender la madera a la Forestal Bosques Cautín. Según Barrientos, las pérdidas por este atentado superan los $300 millones, pero expresó sus dudas sobre la posibilidad de que el Estado responda por los daños. Aseguró que el Estado de Excepción no está funcionando en la región y que “no existe el Estado de Derecho”.
Otro atentado que contabilizó esta semana el Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero ocurrió en Los Sauces. Desconocidos dañaron 12 sacos de fertilizante de 500 kilos en un predio con medida de protección vigente. El ataque ocurrió en el fundo San Luis, ubicado en la intersección de las rutas R-440 y R-360.
Según informaron fuentes cercanas al caso, el propietario de la empresa Agrícola Torres, acompañado de seis trabajadores, se dirigía hacia la casa principal del fundo cuando escucharon una serie de disparos. Al llegar, descubrieron que 12 sacos de fertilizante almacenados en un galpón habían sido dañados: seis de ellos fueron afectados por fuego y los otros seis por un elemento cortante.
Carabineros fue alertado y encontró siete cartuchos de escopeta calibre 12, los cuales habían sido percutados. El predio, que mantiene una medida de protección vigente por un caso de usurpación.
De este modo el mes de abril cerró con cuatro atentados. Dos ocurridos en La Araucanía y dos en el Biobío, con un saldo de 10 víctimas y 72 bienes afectados, la mayoría por el atentado en el proyecto de Central Hidroeléctrica Rucalhue, donde más de 50 maquinarias fueron destruidas.
Trabajador de la salud baleado en Ercilla
Y mayo también comenzó con un hecho violento de alta connotación. Un equipo de funcionarios del Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Ercilla fue emboscado durante una ronda de servicio en la mañana del sábado 3 de mayo, resultando uno de ellos herido por un disparo. Según informó la Municipalidad de Ercilla, los trabajadores fueron interceptados por desconocidos armados, quienes los obligaron a descender del vehículo en el que se desplazaban. En el ataque, uno de los funcionarios, un nutricionista, fue baleado en la pierna debido a un disparo que rebotó.
El hecho generó una fuerte condena tanto de las autoridades locales como nacionales. El presidente Gabriel Boric condenó enérgicamente el ataque a través de un mensaje en redes sociales, calificándolo de «miserable». Boric agregó que no existe justificación para este tipo de violencia y aseguró que el Estado perseguirá a los responsables y hará valer el peso de la ley.
Por su parte, el Ministerio de Salud expresó su rechazo al ataque, destacó la importancia de la labor de los funcionarios de salud y lamentó profundamente lo sucedido. El subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, condenó el ataque y aseguró que ya se han coordinado medidas de apoyo tanto urgentes como psicológicas para los dos trabajadores afectados.
La Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal (Afusam) de Ercilla también condenó el hecho, lamentando no solo la lesión física del trabajador, sino también el daño psicológico y material ocasionado.
En la semana del 28 de abril al 4 de mayo también hubo dos detenidos por el delito de tala y sustracción ilegal de madera, en un procedimiento registrado la tarde del domingo 4 de mayo, en el predio Chamil N° 4, sector Los Ulmos, comuna de Paillaco (Región de Los Ríos).
Personal policial constató la tala de 20 árboles de eucalipto. En el procedimiento se incautaron dos motosierras: una marca Stihl, modelo MS 250, y otra sin marca visible, además de dos camionetas sin documentación. Asimismo, se recuperaron cuatro metros cúbicos de madera de eucalipto, avaluados en $3.000.000.
Primera querella por nueva ley antiterrorista
El 28 de abril, el Juzgado de Garantía de Santa Bárbara admitió la querella presentada por el gobierno por el atentado incendiario ocurrido el 20 de abril en el proyecto de Central Hidroeléctrica Rucalhue, ubicado en Santa Bárbara, Región del Biobío. El ataque, en el que más de 50 maquinarias fueron destruidas, es considerado uno de los más graves de la zona en los últimos años, y el gobierno invocó por primera vez la nueva ley antiterrorista.
La querella, presentada por el Ministerio de Seguridad Pública, detalla los fundamentos que llevaron al Ejecutivo a invocar esta ley. Entre los argumentos, el Gobierno destaca la participación de un «colectivo compuesto por tres o más personas», lo que se ajusta a la definición legal de una organización terrorista. Además, se menciona que el ataque fue planificado con «una organización interna y distribuciones de funciones», lo que refuerza la hipótesis de que detrás del atentado se encuentra un grupo con estructura y objetivos claros.
Y es que si bien la querella es “contra quienes resulten responsables”, en la descripción de los hechos señalan que en el lugar se encontraron dos pancartas con las leyendas: “Libertad a Luis Tranamil y todos los P.P.M. Yordan Llempi, Matías Catrileo presente en el weichan. Nuestro objetivo es todo el Wallmapu” y “son 5 años de militarización, acción sabotaje, marichiweu” que, según la querella, son “compatibles en principio con las exigencias de la orgánica radical Weichan Auka Mapu, conocida bajo las siglas WAM”.
El Ejecutivo argumenta que el ataque responde a un «plan delictual» con la finalidad de desestabilizar las estructuras del Estado, ya que el atentado no solo afectó a una infraestructura crítica, sino que también buscó imponer decisiones a las autoridades del Estado, como se evidencia en los mensajes encontrados en pancartas en el lugar del ataque, que exigían la liberación de «presos políticos mapuche».
El Gobierno también presentó evidencia de una serie de atentados previos atribuidos a la WAM, incluyendo sabotajes y ataques incendiarios en distintas zonas de la Macrozona Sur, lo que demuestra la «acción sostenida en el tiempo» de la organización. En la querella, se detallan al menos diez atentados cometidos entre 2023 y 2025, lo que respalda la acusación de que la WAM actúa de manera organizada y con fines de desestabilización.
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