Publicado el 13 de septiembre, 2019

Luis Bates, abogado que defendió a Provoste: «La acusación contra la ministra Cubillos, como las anteriores, son simplemente decisiones políticas»

Autor:

Javiera Barrueto

En 2008, el ex presidente del CDE defendió a la entonces ministra de Educación cuando fue acusada constitucionalmente. Hoy analiza el escenario que vive la secretaria de Estado, Marcela Cubillos y critica el proceder de la Cámara: «El uso indiscriminado de estos recursos termina debilitando la institucionalidad política».

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Javiera Barrueto

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Hace más de 10 años el ex presidente del Consejo de Defensa del Estado, Luis Bates, tuvo la misión de defender a la entonces ministra de Educación, Yasna Provoste, de la acusación constitucional. En esa oportunidad, recordó la reflexión del asesinado senador Jaime Guzmán, quien señalaba que «por ningún motivo» debía acusarse a un ministro por motivaciones políticas.

Al igual como sostenía en esos días, el penalista hoy dice que la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, tiene un trasfondo político «bajo una apariencia jurídica». Incluso, dice que la prueba de ello se evidenció tras la destitución «sin fundamentos mayores» de Provoste y Harald Beyer. «Al final, el uso indiscriminado de estos recursos termina debilitando la institucionalidad política», sentencia.

Del tema sabe, además, por experiencia personal. Cuando era titular de Justicia en el gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos, la oposición de entonces inició una acusación en su contra, que no prosperó.

-¿Cómo ha visto los argumentos en el caso de la ministra de Educación, Marcela Cubillos?

-Yo tuve la defensa de la senadora Provoste en su época que fue acusada constitucionalmente y exonerada de su cargo. Y también fui acusado personalmente cuando era ministro de Justicia, de manera que conozco más o menos el tema. La reflexión mía es que estas son acusaciones fundamentalmente políticas bajo una apariencia de juridicidad. Bajo una apariencia jurídica tienen un trasfondo político, y la prueba y antecedente de eso es que primero se destituyó a la actual senadora Provoste sin fundamentos mayores y años más tarde, como un desquite de lo anterior se destituyó al ministro Harald Beyer. O sea, tienen bajo una apariencia de cosa jurídica, que además son siempre interpretables los temas jurídicos, el trasfondo de las últimas acusaciones que ha habido, no todas, las últimas, son meramente políticas, se votan meramente políticas.

Se desprestigia la institucionalidad misma de las acusaciones constitucionales que son para situaciones verdaderamente importantes, que verdaderamente atenten contra la Constitución», señala el ex ministro de Justicia.

-¿Y considera que la acusación contra la ministra Cubillos también está orientada por un lado más político?

-La percepción que tengo es que las últimas, también esta y la anterior, son simplemente decisiones políticas. La parte jurídica pasa a un segundo plano y no tiene la prevalencia o la importancia que suele atribuírsele.

-Desde que comenzó el gobierno del Presidente Sebastián Piñera la oposición ya ha presentado otras dos acusaciones que fueron rechazadas. ¿Se pierde la confianza en las instituciones?

Por supuesto que se debilita y se desprestigia la institucionalidad misma de las acusaciones constitucionales que son para situaciones verdaderamente importantes, que verdaderamente atenten contra la Constitución, etc. Están muy especificadas las causales en la Constitución. Al final, el uso indiscriminado de estos recursos termina debilitando la institucionalidad política. A mí me tocó defender, el año pasado, al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, pero ahí el tribunal que resuelve es la Corte Suprema. Entonces, ahí primó el criterio jurídico para resolver. ¿Por qué? Porque los miembros son abogados, son jueces. Hay una diferencia muy clara entre las apreciaciones de las acusaciones políticas que resuelve el mundo político de las acusaciones como la que me tocó defender del Fiscal Nacional, que resuelven los jueces. En consecuencia, con prevalencia del aspecto jurídico del problema.

Si la Contraloría no objetó la decisión de la ministra de Educación es también parte del funcionamiento institucional del país, no hay nada anómalo en esas cosas», sobre el envío de correos electrónicos a apoderados.

-Uno de los argumentos que ha utilizado la oposición se refiere a los correos electrónicos que envió el Ministerio de Educación a los apoderados describiendo los criterios con que pretendía modificar la admisión en los liceos, situación que la Contraloría no objetó. Entonces, ¿la ministra no está infringiendo la Constitución? ¿Ese argumento es político?

-Si la Contraloría no objetó la decisión de la ministra de Educación es también parte del funcionamiento institucional del país, no hay nada anómalo en esas cosas. Para eso está la Contraloría y tiene sus facultades para hacerlo. De manera que la reflexión de fondo mía es esa, de que se está usando desgraciadamente y de manera indebida, instrumentos que están destinados para otras cosas.

Bajo una apariencia jurídica tienen un trasfondo político, y la prueba y antecedente de eso es que primero se destituyó a la actual senadora Provoste, sin fundamentos mayores; y años más tarde, como un desquite de lo anterior, se destituyó al ministro Harald Beyer»

-Durante la acusación a la entonces ministra Provoste usted señaló que si prosperaba «se condenaría a una muerte cívica a la ministra». ¿Considera que en este caso podría ocurrir lo mismo?

Pero felizmente la ciudadanía hizo justicia posteriormente. Años después fue la ciudadanía la encargada de hacer justicia y nominar a la ministra (Provoste) nuevamente a parlamentaria, después de que había sido injustamente exonerada.

-El abogado defensor de la ministra Cubillos, Francisco Cox, señaló que «los diputados son los que están infringiendo la propia Constitución y el sentido de la acusación Constitucional»…

-Eso es la opinión del abogado, eso ya está en su papel. El abogado tiene el papel de defender a su cliente y tendrá los argumentos, y ese argumento y otros argumentos que tendrán que escucharse después, en la posterioridad, cuando se plantee el fondo del problema si es que pasa al Senado, porque está en la instancia de la Cámara de Diputados en este momento.

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