Este mes entrará a Contraloría el reglamento de la ley que regula a las empresas de aplicaciones de transporte, más conocida como Ley Uber. Una medida que trae consigo una serie de requisitos que han sido cuestionados, tanto por expertos, como por las empresas afectadas.
En un nuevo «Mirada Líbero», el experto en transportes y ex presidente del Metro de Santiago, Louis de Grange, criticó este reglamento. “La ley que regula el transporte público no está adaptada a las innovaciones tecnológicas ni a las necesidades de desplazamiento que tienen las personas”, aseguró De Grange.
Son tres las principales restricciones que se implementarían con la ley. En primer lugar, los autos que brinden servicio en aplicaciones de transporte podrán tener una antigüedad máxima de siete años. En segundo lugar, los vehículos deben tener una cilindrada mínima de 1.400 c.c. Por último, los conductores deberán contar con una licencia de conducir tipo A, como las que se les exige a los taxistas del país. En caso de implementarse estas restricciones, esto se traduciría en 90 mil pasajeros afectados diariamente, según las cifras entregadas por el experto.
“El Ministerio de Transporte ve a las aplicaciones como una amenaza”
De acuerdo con De Grange, la legislación actual efectivamente necesita actualizaciones, pero el foco debe estar puesto en la seguridad de los usuarios y conductores y no en la reducción de la industria. El experto sostuvo que «el Ministerio de Transportes tiene una visión ideológica” y que «lo que busca es eliminar la industria con regulaciones excesivas».
De Grange aseguró que esto refleja que “el Ministerio de Transporte ve a las aplicaciones como una amenaza” y, en relación a la seguridad, el experto afirmó que la cartera está legislando “a ciegas” y que no conoce exactamente la realidad de las aplicaciones.
De Grange criticó que el foco de la regulación no está en aumentar la seguridad de conductores y pasajeros, sino que en reducir la industria. “Si tú comparas los reclamos que el mismo Ministerio de Transportes ha publicado, los reclamos que se han recibido hacia las aplicaciones son 100 veces menos que los que reciben taxis y buses” dijo De Grange y agregó que “ninguna de las regulaciones planteadas tiene un mayor impacto en la seguridad.”
Además, mencionó que “en muchas ciudades del mundo las aplicaciones son parte de un sistema integrado de transportes, hay taxistas que usan las aplicaciones como complemento para llevar a cabo su trabajo” y que en esta ley «hay un objetivo secundario, que es favorecer a otras modalidades de transporte».
“El impacto que tiene esta sobrerregulación afecta principalmente a personas de comunas periféricas, rurales y de regiones”
El experto en transportes sostuvo que “el impacto que tiene esta sobrerregulación afecta principalmente a personas de comunas periféricas, rurales y de regiones”, que contarían con un sistema de transporte público más débil. “Algunas personas que hoy se demoran 20 minutos usando las aplicaciones se van a pasar a demorar el doble”, advirtió. «Finalmente, se está afectando a un grupo de personas que tiene las peores condiciones de conectividad», agregó. De Grange acusó al ministerio de buscar “pegarle fuerte a una alternativa de transporte que ha sido exitosa a nivel mundial.”
Por último, respecto al empleo afectado, dijo que son cerca de 100 mil los conductores que se verían perjudicados con las tres principales restricciones del reglamento, que equivale a un 90% de los conductores o viajes a nivel nacional, según el experto.
Además, explicó que “la mayor cantidad de viajes son realizados por conductores que tienen de 65 a 70 años”, y agregó que “hay un 10% de viajes que son atendidos por mujeres que usan esto como único ingreso a su renta”, evidenciando que el reglamento de la Ley de Uber afectaría directamente al empleo femenino del país o de jubilados.