Publicado el 30 junio, 2021

Los “primera línea” liberados en la previa del feriado, defendidos por una constituyente

Autor:

Ángela del Canto

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la libertad de los hermanos Villegas Neira, quienes se encontraban en prisión preventiva desde febrero de este año al ser sorprendidos lanzando bombas molotov. En la defensa de ambos beneficiados se encuentra la abogada y constituyente electa de la Lista del Pueblo, María Rivera.

 

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Ángela del Canto

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Firmada por un General de Brigada en retiro, una carta que condenaba la liberación de 28 presos comenzó a circular por las redes. El escrito criticaba la decisión del Poder Judicial que había dejado solo con medidas cautelares a un grupo de personas condenadas por actos de violencia en medio del estallido social. Sin embargo, no todos estaban vinculados al tema. Desde el Ministerio del Interior aclararon que el hecho fue confirmado con Gendarmería y que de los 28 imputados que quedaron en libertad, 26 corresponden a presos por distintos motivos y dos están vinculados a una causa en el contexto del estallido social. 

Ricardo y Victorino Villegas Neira son los beneficiados. Los hermanos estaban en prisión preventiva, recluidos en Santiago I, por ser sorprendidos lanzando bombas molotov a Carabineros el 12 de febrero de 2021, por hechos registrados en los alrededores de Plaza Italia. 

La orden de liberarlos llegó a las cárceles el 23 de junio pasado. Se trata de una decisión del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. De acuerdo con los datos entregados por Interior, el tribunal modificó la cautelar y “cambio el peligro para la seguridad de la sociedad por peligro de fuga y se les fijó una caución de 2 millones de pesos”, la cual fue pagada el mismo día. 

Desde Interior, que es querellante en la causa, agregan: “Tanto el Ministerio Público como nosotros, apelamos dicha resolución pero el juez no acogió ambas apelaciones”.  

Tras el rechazo del juez aseguraron que, en conjunto al Ministerio Público, presentarán un recurso de hecho para dejar sin efecto dicha resolución ante la Corte de Santiago.

Los hermanos se encontraban en prisión por haber arrojado artefactos explosivos contra Carabineros, tal como indica el artículo 14-D de la Ley de Control de Armas.  Eran las 19:00 horas del 12 de febrero y estaban listos para atacar. De overol blanco, mochila, zapatos negros, casco y con un bidón de líquido transparente fueron captados por un dron policial que monitoreaba los incidentes.

Asimismo, la querella presentada por Interior explica que los acusados lanzaron bombas molotov a un vehículo policial que estaba en la calle Irene Morales justo en la esquina con Alameda. Según especifica, se logró dar con ellos luego de que funcionarios de civil los siguieran y –posteriormente– detuvieran en la estación de Metro Santa Lucía y en la calle San Diego.

“Siendo las 19:26 horas, el sujeto que vestido de overol blanco procede a fabricar un artefacto incendiario (con una botella de vidrio y líquido inflamable), mientras el otro sujeto le prestaba cobertura. Inmediatamente, al percatarse de que transitaba por el lugar un vehículo policial, el sujeto de overol blanco procede a arrojar este artefacto incendiario (molotov) en contra del carro policial y huyendo seguidamente ambos sujetos hacia el Parque Forestal”, agrega la querella.

Los nombres no son desconocidos y ya habían sido mencionados por miembros de la Lista del Pueblo que, en más de una ocasión, recalcaron el interés por la liberación de quienes consideraban como “presos políticos”. 

La abogada y constituyente electa de dicho conglomerado María Rivera no solo criticó su detención, sino que también el 19 de febrero asumió la defensa legal de los imputados, junto a Betsabé Carrazco, Nicolás Carranza y Ramiro Gutiérrez. Todos los juristas son parte de la organización fundada por Rivera, Defensa Popular.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, la agrupación celebró la liberación de los hermanos Villegas y aseguraron que “como Defensa Popular reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de las y los presos políticos del Estado chileno. No descansaremos hasta que todos puedan obtener su libertad!”. 

El rol del Séptimo Tribunal

Tras los incidentes ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019 numerosos casos quedaron en manos del tribunal. El mismo 23 de junio, día en que los hermanos Villegas quedaron en libertad, se hizo público que la jueza Carolina Gajardo, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, suspendió la causa a 6 de los 26 imputados asociados a desórdenes ocurridos en marzo de 2020 y que, de acuerdo con el Gobierno, pertenecen a la llamada “primera línea”. En este caso la Fiscalía Centro Norte le ofreció a estos seis imputados una salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento. Para ello deben abstenerse de transitar por Plaza Baquedano y sus alrededores “si hay protestas”, en un plazo de un año, y deben firmar mensualmente en la comisaría más cercana a sus domicilios a partir de septiembre.

De los 26 imputados, uno fue condenado a 71 días de presidio menor por desórdenes, pero su pena fue sustituida por reclusión parcial domiciliaria nocturna durante el mismo tiempo. Los demás esperan el juicio programado para el 19 de agosto. 

No es primera vez que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago deja en libertad a personas relacionadas a los hechos de violencia ocurridos en el estallido social. En el origen del caso de los “primera línea”, se recuerda que la misma jueza Gajardo decidió dejar en libertad el 4 de marzo de 2020 a 43 de los 44 formalizados. De los 44 acusados, solamente 1 quedó bajo prisión preventiva, pues se encontraba cumpliendo condena. El resto recibió la medida cautelar de firma bimensual. Ante el hecho, el Gobierno criticó la medida y fue el entonces ministro del Interior, Gonzalo Blumel quien a través de Twitter expresó su molestia. 

Días más tarde, la Corte de Apelaciones dejó sin efecto el fallo y decretó prisión preventiva para 28 de los involucrados, como el resto se trataba de menores de edad, quedaron a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename). 

En el juzgado además se encuentra una de las figuras más polémicas del Poder Judicial: el juez Daniel Urrutia. Casualmente el mismo 23 de junio se informó que el juez Urrutia volvía a sus funciones en el tribunal, luego de que en marzo de 2020 fuera suspendido de sus labores tras liberar, en decisión tomada de oficio, a 13 imputados por el delito de desórdenes públicos y acusados de ser parte de la “primera línea” -por este mismo caso de los 44 detenidos-. Días después la Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto su resolución, abrió un sumario contra el magistrado, lo suspendió de sus funciones y lo trasladó a un tribunal de cobranza. El traslado fue revisado por la Primera Sala del tribunal de alzada de Santiago, la cual decidió revocarlo. 

Antes de la suspensión, Urrutia es recordado por sus acciones durante la madrugada del 23 de octubre de 2018, cuando comenzó a circular el rumor de la existencia de un centro de tortura en la estación del Metro Baquedano. En la foto que acompañaba el tuit -que rápidamente se viralizó- aparecía el juez quien habría sido una de las primeras autoridades en presentarse en el lugar, y si bien “no encontraron ninguna persona detenida en las dependencias de la referida unidad policial”, en sus declaraciones televisivas, Urrutia dejó abierta la duda al afirmar que hallaron 7 cartuchos percutados y 2 amarras de plástico, que se utilizan como esposas. Finalmente se determinó que la denuncia era una farsa y el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo en la investigación.

Otra decisión polémica del Séptimo Juzgado de Garantía ocurrió en noviembre de 2020 cuando esta sala le negó al Ministerio de Salud la prórroga de 42 días que solicitaron para entregar los correos a la Fiscalía Centro Norte, que servían a la investigación por las cifras y fallecidos relacionados al Covid-19 durante la gestión del exministro Jaime Mañalich. Esto después de que el juez Patricio Álvarez Maldini en su fallo cuestionó la cantidad de tiempo solicitado, argumentando que la autoridad sanitaria tenía antecedentes en relación con el contenido de la información “toda vez que, de otra forma, no podría haber formulado oposición a la entrega”.

En otra oportunidad, el 31 de mayo de 2020, el Gobierno presentó otra querella en contra de tres imputados que habían participado de una fiesta clandestina en el centro de Santiago, a la que se sumó Felipe Alessandri, el entonces alcalde de esa comuna. Fueron detenidos por “atentar contra la salud pública”, pero quedaron en libertad luego de que el Séptimo Juzgado declarara la ilegalidad en la detención de los sujetos por “ingresar sin autorización al inmueble”. En ese momento Alessandri señaló: “Abajo los dejan ingresar y después tocan la puerta, golpean y les abren. No es que hayan descerrajado o derribado una puerta”.

Además, la tirantez entre este juzgado y el Ejecutivo puede remontarse incluso hasta la primera administración del Presidente Sebastián Piñera. En octubre del 2012, en el “Caso Sobreprecios”, Rodrigo Ubilla, quien se desempañaba como subsecretario del Interior, tuvo que presentar tres veces una querella -contra quienes resultaran responsables de los delitos de fraude al fisco  por supuestas irregularidades en la compra de equipamiento antidrogas- luego de que el juez Álvarez la declarara inadmisible dos veces por errores de forma. Finalmente, el recurso fue aceptado, pero Ubilla debió presentarlo como persona natural, lo que conllevó una serie de críticas desde la oposición al subsecretario, el abogado y un cuestionamiento a la “excelencia del gobierno”.

El último caso que involucra la decisión de aplicar medidas cautelares a los hermanos Villegas, no pasó desapercibida y generó reacciones. La carta redactada por el General de Brigada en retiro mencionaba el descontento con la liberación de los implicados en los actos de violencia y las acciones de los jueces. 

Según mencionó el exuniformado en el texto, “el Poder Judicial ha dado muestra una vez más de la completa vulneración al papel asignado por la Constitución y las leyes, cediendo ante la presión de los extremistas que colmaron de carteles y pancartas en las diversas cárceles y dando rienda suelta a su ideologismo perverso”.

Asimismo, criticó la hora en la que habrían dado la orden de la liberación que, según se afirmó en Radio Biobío, fue cerca de las 20:00 horas, “cuando llovía intensamente en casi todo el país; en la víspera de un largo fin de semana para no dar oportunidad al Gobierno, ni a dirigentes políticos que se han opuesto a tal medida a expresar su oposición -los pocos que tengan valor-y aminorar el efecto de los medios que pudieran acceder a la noticia”, cuestionó.

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