Publicado el 11 noviembre, 2020

El polémico historial del juzgado que liberó a la “primera línea” y que hoy le complica la vida al ministro Paris

Autor:

Daniela Bas

El intento del ministro Enrique Paris de conseguir tiempo para revisar casi 50 mil mails se frustró por el actuar del Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago. Pero no es la primera vez que sus decisiones molestan al gobierno. Fue esta misma sala la que dejó en libertad a 43 de los 44 “primera línea” detenidos en marzo. Además, uno de sus jueces, Daniel Urrutia, acusó al gobierno de realizar “terrorismo de Estado”.

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Daniela Bas

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Una decisión del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago complicó al Ministerio de Salud. Se necesitará de un supervisor, la prohibición de uso de equipos de telefonía móvil, así como de computadores sin acceso a Internet o red y con puertos USB bloqueados, y estarán prohibidos los equipos de impresión y de cámaras fotográficas en la tarea de este despacho para cumplir con la disposición del tribunal. Esta sala les negó la prórroga de 42 días para entregar los correos a la Fiscalía Centro Norte, que sirvan a la investigación por las cifras y fallecidos relacionados al Covid-19 durante la gestión del exministro Jaime Mañalich.

La labor que implica la revisión de 49 mil mails deberá ser llevada a cabo en tres días hábiles “una vez que Entel entregue las copias en los CD” a ese despacho, de acuerdo con lo explicado el lunes durante el balance del Minsal, por el ministro Enrique Paris. Esto después de que el juez Patricio Álvarez Maldini en su fallo cuestionó la cantidad de tiempo solicitado, argumentando que la autoridad sanitaria tenía antecedentes en relación con el contenido de la información “toda vez que, de otra forma, no podría haber formulado oposición a la entrega”.

Paris sentenció: “Vamos a tener que hacerlo destinando una gran cantidad de personal a esto, que podría estar trabajando en otras labores dentro del Minsal, pero ya lo he dicho, vamos a cumplir con los requerimientos de la justicia“.

Este no es el primer encontronazo que tienen los magistrados del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago con el Gobierno. Ya en otras oportunidades, han tomado decisiones que disgustan a la autoridad, al punto de que han tenido que presentar querellas para revocar ciertas resoluciones.

Uno de los fallos más polémicos ocurrió a principios de este año, cuando Carabineros logró la detención el 4 de marzo de 44 personas que se identificaron como integrantes de la “Primera Línea”, quienes incurrían en acciones de alteración del orden público en los alrededores de Plaza Italia; sin embargo, un día después el Tribunal decidió dejar en libertad a 43 de los arrestados. Ante esto, el Ejecutivo pidió a la justicia dar “señales claras” y presentó una querella en el marco de la Ley Antibarricadas contra los 44 detenidos. El entonces ministro del Interior, Gonzalo Blumel, escribió en su Twitter: “El esfuerzo policial por detener a estos violentistas y proteger a los vecinos debe ir acompañado de sanciones rigurosas. Apelaremos esta decisión y seguiremos trabajando para recuperar el orden público”.

Diez días después la Corte de Apelaciones dejó sin efecto el fallo y decretó la prisión preventiva para 28 de las personas, mientras que los menores de edad quedaron con resguardo del Sename.

En el contexto del estallido social también resultó polémico el actuar de otro de los magistrados de ese juzgado. En la madrugada del 23 de octubre de 2018 comenzó a circular el rumor de la existencia de un centro de tortura en la estación del Metro Baquedano. En la foto que acompañaba el tuit -que rápidamente se viralizó- aparecía el juez Daniel Urrutia quien habría sido una de las primeras autoridades en presentarse en el lugar, y si bien “no encontraron ninguna persona detenida en las dependencias de la referida unidad policial”, en sus declaraciones televisivas, Urrutia dejó abierta la duda al afirmar que hallaron 7 cartuchos percutados y 2 amarras de plástico, que se utilizan como esposas. Finalmente se determinó que la denuncia era una farsa y el 8° Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo en la investigación.

Urrutia es conocido por haber fallado en varios casos de ataques contra autoridades buscando disminuir su gravedad, y por tener diversos sumarios administrativos e, incluso, sanciones. Además, el magistrado se constituyó en la estación de Metro Baquedano, aunque no correspondía a su jurisdicción; y los comentarios de los abogados entonces eran que para ese momento el juez ni siquiera estaba de turno.

Hay decisiones que han levantado roncha también en pandemia. El 31 de mayo, el Gobierno presentó otra querella en contra de tres imputados que habían participado de una fiesta clandestina en el centro de Santiago, a la que se sumó Felipe Alessandri, el alcalde de esa comuna. Fueron detenidos por “atentar contra la salud pública”, pero quedaron en libertad luego de que el Séptimo Juzgado declarara la ilegalidad en la detención de los sujetos por “ingresar sin autorización al inmueble”. En ese momento Alessandri señaló: “Abajo los dejan ingresar y después tocan la puerta, golpean y les abren. No es que hayan descerrajado o derribado una puerta”.

Hubo otros casos en el pasado relacionados con alteraciones al orden público, en los que precisamente el juez de Garantía Patricio Álvarez -mismo que ordenó la entrega de los correos del Minsal en tres días- ha estado a cargo de las decisiones. En 2015 dos estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana fueron detenidos portando y lanzando bombas molotov durante una protesta en las inmediaciones de ese establecimiento. Tras el arresto, la Intendencia Metropolitana presentó una querella en su contra, pero el juez Álvarez, los liberó por estimar que “no constituían un peligro para la sociedad”. El intendente, Claudio Orrego, junto a la Fiscalía metropolitana Centro-Norte apelaron ante la Corte de Apelaciones, la que nuevamente decidió revocar el fallo y decretar la prisión preventiva.

Además, la tirantez entre este juzgado y el Ejecutivo puede remontarse incluso hasta la primera administración del Presidente Sebastián Piñera. En octubre del 2012, en el “Caso Sobreprecios”, Rodrigo Ubilla, quien se desempañaba como subsecretario del Interior, tuvo que presentar tres veces una querella -contra quienes resultaran responsables de los delitos de fraude al fisco  por supuestas irregularidades en la compra de equipamiento antidrogas- luego de que el juez Álvarez la declarara inadmisible dos veces por errores de forma. Finalmente, el recurso fue aceptado, pero Ubilla debió presentarlo como persona natural, lo que conllevó una serie de críticas desde la oposición al subsecretario, el abogado y un cuestionamiento a la “excelencia del gobierno”.

El juez acusado por “resentimiento”

Patricio Álvarez Maldini, el mismo magistrado que tomó la decisión final sobre los correos electrónicos del Minsal, ha tenido otros fallos que no han estado exentos de críticas y que no involucran al Gobierno.

Uno de los más polémicos fue en agosto del 2013 cuando el juez excluyó de la audiencia de preparación del juicio oral la declaración de Paola Riveros, viuda del cabo Luis Moyano Farías, quien falleció durante el asalto de una sucursal del banco Security ubicada en el centro de Santiago, el año 2007. En ese momento, Riveros señaló: “A mí me da a entender que tienen más beneficios los imputados que el mismo dolor que nos causa el haber perdido por culpa de terceros a mi marido y al padre de mis hijos”.

Un mes después se conoció que los tres imputados por este caso estaban teniendo un trato preferencial tras una serie de oficios enviados por el juez Álvarez Maldini al alcaide de la Cárcel de Alta Seguridad. Se modificaron las visitas carcelarias para los fines de semana y se solicitó no realizar allanamientos a la celda de uno de los imputados con la razón de que “entorpecen el normal desarrollo de la audiencia”.

Finalmente, en febrero del año siguiente, la viuda del cabo asesinado presentó una recusación alegando falta de imparcialidad y “resentimiento” hacia la parte querellante, la que provocó que la Primera Sala de Verano de la Corte de Apelaciones inhabilitara al juez Álvarez Maldini de continuar en el Caso Moyano. Además, la fiscalía Centro-Norte ya había pedido una vez al juez que se inhabilitara, luego de que el fiscal a cargo, Ricardo Peña, también alegara “resentimiento” por un comentario inapropiado en su contra.

Otro caso noticioso fue la decisión de Álvarez Maldini de rechazar la petición del abogado Raúl Meza de citar como imputada a la ex Presidenta Michelle Bachelet por su eventual responsabilidad en la muerte de 156 personas tras el tsunami que azotó las costas del país en febrero de 2010. En ese momento, calificó como “impertinente” la solicitud del querellante.

“El niño terrible” del Poder Judicial

Daniel Urrutia Laubreaux es, junto a Patricio Álvarez, uno de los 12 magistrados que ven las más de 20 mil causas anuales que llegan al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Sus resoluciones y opiniones le han generado diversos sumarios administrativos e, incluso, sanciones; y sus dichos muchas veces causan ruido entre los ministros. La Tercera consigna que Urrutia es llamado “el niño terrible” del Poder Judicial, por un estado de Whatsapp que él mismo ingresó y además, por la gran cantidad de polémicas que protagoniza. Tanto así, que para el año 2016, Urrutia enfrentaba siete investigaciones disciplinarias abiertas durante un período de dos años.

Una de las situaciones que protagonizó en marzo de este año fue cuando, basado en un acuerdo del comité de jueces del Séptimo Juzgado, decidió sin mediar ninguna petición, sustituir la prisión preventiva sobre 13 imputados de la causa llamada “Primera Línea”, explicada más arriba, por la medida cautelar de arresto domiciliario total. El argumento era el riesgo de contagio de coronavirus que hay en las cárceles chilenas. La orden de Urrutia era directo a Gendarmería, con “orden de libertad inmediata”, pero solo horas después la corte de Apelaciones dejó sin efecto su resolución y le abrió un sumario, suspendiéndolo de sus funciones durante la investigación. 

En octubre, cuando se constituyó en la estación de Metro Baquedano -que no correspondía a su jurisdicción-, Urrutia dijo que no vio lo que se había denunciado, pero centró sus críticas en el actuar de las policías. En una entrevista a DW en español señaló que “desde el estado de emergencia decretado por el gobierno se ha producido un patrón de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos”. Se refirió, incluso, a “terrorismo de Estado”. 

Asimismo, el 18 de noviembre de 2019 escribió una nueva página al declarar inadmisible una querella presentada por la Intendencia Metropolitana contra Dauno Tótoro Navarro, dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios, trotskista y candidato a diputado en 2017. Tótoro había dicho: “Queremos que caiga Piñera, queremos que caiga este gobierno, y sobre sus cenizas, como bien han dicho muchos compañeros y compañeras, levantar una asamblea constituyente libre y soberana, que no haya ninguna institución del Estado por sobre ella”.

Para el juez, esas palabras “se enmarcan en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión”. Esa querella fue admitida tras una apelación. No obstante, en mayo de este año los abogados de la Intendencia optaron por desistir de la querella.

A Urrutia se le recuerda por haber considerado como una falta de respeto a una autoridad pública y no como un delito de atentado a la autoridad, el escupitajo que la dirigenta de las Asambleas Populares de Puente Alto, Catalina Castillo Jara, le lanzó al Presidente Sebastián Piñera el 6 de diciembre de 2013, cuando el Mandatario asistió al velatorio del ex vicario de la Pastoral Obrera, Alfonso Baeza.

También estuvo a cargo de la audiencia en que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte formalizó por el delito de atentado y amenaza a la autoridad a Ingrid Ugarte y Cecilia Ibáñez, integrantes del Colectivo contra el Olvido, tras ser acusadas de la agresión al entonces presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, ocurrida el 19 de diciembre de 2018. Las imputadas quedaron con prohibición de acercarse a la víctima. La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida cautelar impuesta por Urrutia, y ordenó una cautelar de firma mensual en dependencias del Ministerio Público durante los 60 días de la investigación.

En otra ocasión, Urrutia dejó en libertad a Jorge Lizama, de 19 años en ese momento de abril de 2007, anarquista que participaba en una protesta por el Día del Joven Combatiente. Lizama fue detenido tras atacar con piedras el vehículo de la ministra Gloria Ana Chevesich. En vez de condenarlo por el delito de atentado contra autoridades, como solicitaba el Ministerio Público, la sanción fue por atentado contra vehículos en movimiento, quedó libre y debía ir a firmar mensualmente, por un año, en dependencias de Gendarmería.

A principios de noviembre, el magistrado fue noticia porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por vulnerar sus garantías (en la imagen se le ve en la CIDH junto a sus abogados). Esto, 15 años después de que el magistrado fuera sancionado por cuestionar al Poder Judicial en un trabajo final de un diplomado, donde señalaba que éste debía “disculparse con la ciudadanía por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura”. El llamado caso “Urrutia Laubreaux vs Chile” concluyó con que el Estado “violó las garantías judiciales, el principio de legalidad, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protección judicial”.

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