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Publicado el 10 de septiembre, 2019

Los nueve compromisos que Maduro no cumplió con Bachelet

Autor:

Emily Avendaño

En su viaje a Venezuela en junio, la Alta Comisionada para los DD.HH. fijó acuerdos mínimos con el régimen de Nicolás Maduro, que incluían permitir la presencia de delegados de su Oficina, el acceso sin restricciones a centros de detención, la visita de relatores independientes de Naciones Unidas, el fin de las torturas y recomendó la disolución de las Fuerzas Especiales. En la actualización de su informe, Bachelet evidenció que no se cumplieron los compromisos. Pese a las pruebas, en octubre Venezuela podría ser el nuevo integrante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 

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Emily Avendaño

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La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo una actualización oral de la situación de los derechos humanos en Venezuela, durante la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. El informe ratifica que en el país petrolero continúan las violaciones a los DD.HH, las ejecuciones extrajudiciales y las torturas. Además del agravamiento de la situación económica, producto de la hiperinflación; y las violaciones del derecho a la salud, ante el insuficiente acceso a medicamentos y tratamientos.

También mencionó cómo están afectados los pueblos indígenas y la persecución a la que se encuentran sometidos los diputados de la Asamblea Nacional, con el levantamiento de su inmunidad. Agregó que, según las últimas cifras de Naciones Unidas, hay más de 4,3 millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes en el mundo, algunos de ellos víctimas de explotación sexual, laboral y de reclutamiento para actividades ilícitas por parte del crimen organizado.

El informe presentado ayer da continuidad al mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que ordenó a la oficina que dirige Bachelet realizar un informe oral en marzo, el informe escrito que entregó en julio y la presentación de ayer que permite evaluar la implementación de las más de 20 recomendaciones que fueron realizadas al régimen de Nicolás Maduro, en julio. 

En un artículo publicado por la ONG Provea se detalla que en la visita realizada en junio a Venezuela, Bachelet logró establecer nueve acuerdos mínimos con el gobierno de Maduro: 1) Presencia de la Oficina ACNUDH en el país; 2) Acceso, sin restricciones de los oficiales del ACNUDH a los centros de detención y a los privados de libertad; 3) Visitas de los relatores independientes de la ONU; 4) La aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 5) La realización de un diagnóstico conjunto ACNUDH-Gobierno sobre los principales obstáculos al acceso a la justicia; 6) Apoyo técnico en la ejecución del Plan Nacional de DD.HH.; 7) Reconocimiento y divulgación de cifras oficiales sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 8) Reconocimiento pleno del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 9) Liberación de personas privadas de libertad por razones políticas, entre quienes destacan el periodista chileno-venezolano Braulio Jatar y la jueza María Lourdes Afiuni.

Sin embargo, este acuerdo de trabajo no fue suscrito públicamente lo que dio carta blanca a Maduro para incumplirlos. Aunque todos ellos quedaron de una u otra manera asentados en el informe escrito de julio. 

“De esos nueve puntos ninguno se concretó”

El documento presentado por Bachelet en julio tiene entre sus recomendaciones al Gobierno que disuelva las FAES, las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. No obstante, la Alta Comisionada subrayó ayer que “tan solo en el pasado mes de julio la organización no-gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas. Los casos documentados muestran el mismo patrón identificado en mi informe de junio”.

También se indica que la Oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de este grupo. “Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno”, dijo la ex Mandataria. El accionar de este grupo fue celebrado por el propio Maduro: “¡Qué viva el FAES!”, exclamó en un acto público. 

Otra recomendación apuntaba a que se aceptara y facilitara el establecimiento de una oficina permanente del ACNUDH en el país. Los primeros pasos para alcanzar esto fueron anunciados por la propia Alta Comisionada antes de irse de Venezuela el 21 de junio -luego de una visita de tres días-: “Me iré de Caracas esta noche, pero se quedará una presencia de mi Oficina en el país por primera vez”, dijo. Dos oficiales de derechos humanos fijaron su base en la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas. 

Ayer, la Alta Comisionada reconoció implícitamente que a sus delegados no se les permitió cumplir con su tarea. “Se ha logrado restablecer el trabajo de un equipo de la Oficina en Caracas”, dijo. 

El obstáculo al trabajo de los delegados comenzó luego del informe escrito, que fue criticado por Maduro y el chavismo en general. Lexys Rendón, coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, explica que una de las delegadas se retiró primero por una situación personal -la española Sara Nuero Escobar– y el segundo se mantuvo en Venezuela -el mexicano Carlos de la Torre-. “Esta persona se retira para hacer unas consultas en la Oficina sobre temas referidos a su permanencia acá y cuando iba a volver hubo un contacto con algunos oficiales del Estado, que le piden que no regrese porque no va a ser conveniente. Se asume como que están congeladas las relaciones y no se le permite el acceso al país”. 

No fue hasta este septiembre que se restableció la situación, con la llegada de un primer delegado el 1 de septiembre y del segundo el pasado fin de semana. 

“Ellos no pudieron cumplir con la misión que se les encomendó. El oficial que estuvo acá sí tuvo contacto con víctimas, hizo algunas entrevistas, seguimiento de algunos casos, pero luego del informe de la Alta Comisionada las relaciones con el Estado y con los interlocutores del Estado se fracturaron”, indica Rendón. 

Por su parte, Ali Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia, es suspicaz ante la decisión gubernamental de permitir nuevamente la presencia de los delegados “justamente en la fecha que se sabía que la Alta Comisionada iba a hacer un informe sobre Venezuela. Esto apunta a una maniobra del gobierno para tratar de suavizar o influir en el discurso de la Alta Comisionada”.

Agrega que hasta que no haya un acuerdo por escrito entre la Oficina de la Alta Comisionada y el gobierno venezolano no se puede confiar en que los segundos cumplan con sus obligaciones “porque para nosotros no es una contraparte de buena fe, ni confiable. Es un gobierno que hoy miente y mañana también”. Daniels se encuentra en Ginebra para participar como oyente en el diálogo interactivo que habrá hoy en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Allí los países fijarán posición sobre la actualización oral del Informe.

El Gobierno aceptó que este equipo tuviera acceso a los centros de detención. De acuerdo con el reporte de la Alta Comisionada: “El 6 de septiembre un miembro de mi equipo fue autorizado a visitar el Centro de Procesados Militares Ramo Verde (sexta visita a prisiones desde marzo). Se está avanzando en un protocolo y un calendario de visitas en los próximos meses”. Más adelante señala que “las condiciones de detención no cumplen con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada”.

La ONG Foro Penal emitió un comunicado en el que detalla que persiste la negativa a prestar asistencia médica de calidad y efectiva a los presos políticos. “Al menos 22 presos políticos recluidos en la prisión militar de Ramo Verde (entre ellos varios civiles, juzgados arbitrariamente ante la jurisdicción militar) reportan que no han recibido la asistencia médica que necesitan. Esta situación se repite en los casos de los presos políticos recluidos en otras instituciones”, dicen.

Aseguran que desde la presentación del informe de la Alta Comisionada, se produjeron 12 nuevos arrestos arbitrarios, de los cuales 2 personas quedaron formalmente privadas de libertad. “Desde esa fecha, en total, se han producido un total de 89 excarcelaciones. De estas personas excarceladas, 74 quedaron sujetas a medidas cautelares, 5 fueron excarceladas después de haber sido forzadas a admitir los hechos, 5 fueron liberados sin haber sido judicializados (sin haber sido presentados) y 5 quedaron en libertad plena”.

En total la ONG documenta la existencia de 476 presos políticos en Venezuela. 

La misma Alta Comisionada mencionó los casos de Jatar y Afiuni. “Queda pendiente la liberación plena”, señaló pues sobre ellos existen medidas cautelares de restricción de libertad. 

Además, Bachelet insistió en subrayar los casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares.

“Esperemos que exista una verdadera voluntad de avanzar en este sentido por parte del régimen venezolano y que permitan el acceso efectivo a las cárceles donde se encuentran presos políticos, tales como la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta Norte, el lugar conocido como ‘El Inframundo’ ubicado en la estación policial de la Policía Nacional Bolivariana conocido como Zona 7 en Boleíta; el Helicoide; “La Tumba”, entre otros, y que no se limiten a visitas dirigidas de cárceles escogidas por el gobierno, como hasta ahora ha ocurrido”, advierte el Foro Penal.

Resume Rendón que la posibilidad de que la Oficina de la Alta Comisionada tuviera acceso a hospitales y centros hospitalarios tampoco sucedió. “Ni se cumplió con la visita de algunos relatores y el establecimiento de un cronograma de Naciones Unidas en algunos temas importantes. De esos nueve puntos ninguno se concretó en realidad, aunque hoy la Alta Comisionada dice que asumieron estos compromisos y que habrá una agenda y calendario para dar cumplimiento en dos años”.

ONG solicitan una Comisión Internacional de Investigación

Más de 100 organizaciones venezolanas de activismo en DD.HH. se manifestaron ayer frente a la sede del PNUD para solicitar la conformación de una “Comisión Internacional de Investigación” o “Misión Internacional de Determinación de los Hechos”. Las organizaciones hacen esto al considerar que en el país no existe institucionalidad democrática para investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos, lo que se evidencia ante la falta de voluntad política de Maduro para cumplir con sus compromisos. 

“Organizaciones de DD.HH. y de la sociedad civil estamos pidiendo la conformación de esta comisión que permitirá que haya no solamente un informe con los testimonios de las víctimas, con los casos; sino también determinar culpas, quiénes son los violadores de DD.HH. Se busca que tenga una repercusión no solamente en recomendaciones que haga la Oficina sino que también obligue al Consejo de Derechos Humanos y a otros organismos de Naciones Unidas a tener un pronunciamiento más fuerte, más sólido y más robusto sobre la necesidad de que el Estado venezolano cumpla con sus obligaciones en materia de DD.HH.”, explica Rendón.


Este tipo de organizaciones puede ser creada en la ONU por el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos, la Secretaría General y el ACNUDH.

Las ONG también confían en que la tarea de la Comisión de Investigación sea complementaria a un mandato más específico hacia la Oficina de la Alta Comisionada. “Nuestra expectativa es que efectivamente ante el informe y además el hecho de que se está diciendo que la situación del país no ha mejorado, sino que se ha agravado, lo lógico sería que el Consejo le renueve el mandato a la Alta Comisionada. Este jueves se va a saber cuáles son las propuestas de resolución y ahí sabremos si efectivamente esto se va a concretar”, asevera Daniels.

Venezuela podría ingresar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU

La organización UN Watch inició una campaña de recolección de firmas para detener la elección de Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. El país tendría casi asegurada su elección, pese a los tres informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

“El tema de Venezuela como miembro del Consejo es muy dramático en el sentido de que los miembros del Consejo tienen que cumplir los más altos estándares en materia de DD.HH. para tener la capacidad moral de censurar a otros gobiernos. Pero esto es un tema político más que jurídico”, señala Daniels.

Venezuela podría tener asegurada la elección porque solo hay dos países postulados por la región: Brasil y Venezuela. “Lamentablemente no ha habido otro país que se haya querido lanzar. Esto se decide en octubre, pero efectivamente Venezuela no tiene la cualidad para ser parte del consejo, pero son temas políticos, que escapan a los defensores de DD.HH.”, afirma el director de Acceso a la Justicia. 

Agrega Rendón: “Desde las organizaciones de DD.HH. hemos tratado de implementar una campaña que seguramente se hará más notoria en la medida que se acerque la fecha de la elección, sobre la inconsistencia de que un país señalado como violador de derechos humanos, en una emergencia humanitaria compleja, con el mayor éxodo de migración forzosa en la región vuelva a ser parte del consejo. Esto para nosotros es lamentable, es grave. Ojalá haya otra candidatura que permita que Venezuela no entre, porque sería realmente un precedente terrible y además un golpe para las víctimas, para el trabajo que se hace, para la posibilidad de que esta situación en vez de mejorar empeore”.

La campaña de UN Watch indica que “si es electo, Venezuela tendrá el poder de votar sobre la designación de expertos, sobre la aprobación de resoluciones, y sobre la agenda del CDH, lo que le da la oportunidad de combatir el escrutinio y de promover su impunidad”. La petición será enviada a los representantes de Estados miembro de las Naciones Unidas, responsables de elegir a los miembros del Consejo de Derechos Humanos, y será presentada públicamente el 12 de septiembre, día en que el Ministro de Relaciones Exteriores venezolano estará presente en el recinto del CDH.

Apuntan que el régimen de Nicolás Maduro “aspira a recuperar una banca que utilizó durante años para evitar ser objeto de escrutinio por parte de la comunidad internacional”.

El abogado chileno y director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, también advirtió sobre esta situación: «Es un escándalo que la dictadura de Venezuela sea elegida para integrar el Consejo de DD.HH. de la ONU. Las democracias latinoamericanas que han denunciado a Maduro deberían proponer un tercer país de la región y hacer una campaña para evitar la inminente elección de Venezuela», escribió en sus redes sociales.

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