“Hay un sumario en curso que, además, se instruyó antes de esta información y también (el ministro de Transportes y Telecomunicaciones) me ha informado que la persona en cuestión ha presentado su renuncia”, dijo el ministro del Interior Álvaro Elizalde el viernes 23 en La Moneda cuando se supo por El Líbero que el “caso cero” del mal uso de las licencias médicas por parte de funcionarios públicos era un amigo del Presidente Gabriel Boric, Raúl Domínguez, quien ostentaba un alto cargo en la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).
Sin embargo, el sumario al que se refirió Elizalde, no fue ordenado proactivamente por el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya (PC), al notar la irregularidad cometida por Domínguez. Por el contrario, dio curso a la indagatoria luego de que llegara una denuncia anónima al ministerio.
Hay que recordar que el amigo del Presidente Boric y el subsecretario Araya fueron invitados en 2023 a participar en China de un evento de empresas de telecomunicaciones. Ambos estuvieron en Shanghái. Sin embargo, al final del encuentro, Domínguez presentó una licencia médica para extender su viaje por tres días y posteriormente los enlazó con días de vacaciones en Europa. El subsecretario, en cambio, volvió a Chile cuando correspondía, el 5 de julio.
El rol pasivo de Araya en este proceso ha generado críticas internas, pues él no sólo era el jefe directo de Domínguez -y por lo tanto se le debería haber informado de las ausencias por licencias médicas de sus jefaturas a cargo-, sino que también porque por Estatuto Administrativo está obligado a tomar medidas disciplinarias apenas conozca posibles faltas. También se le señala porque bajo su mando los sumarios contra Domínguez estuvieron 22 meses sin movimiento conocido y porque este caso abrió un nuevo episodio de tensión en la Subtel luego de que la Asociación Nacional de Funcionarios de las Telecomunicaciones (Anfutel) acusara a Araya y a su gabinete de represalias (ver abajo) por haber consultado a la Contraloría sobre la pertinencia de haber aceptado el polémico viaje a China.
Cómo se gestó la eterna investigación contra Domínguez por «uso irregular» de licencia médica
El mal uso de licencias médicas por parte de 25 mil funcionarios públicos dado a conocer por la Contraloría, motivó al Presidente Boric a pedir la aplicación de sanciones “drásticas y categóricas”, mientras que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, impuso un ultimátum para iniciar sumarios.
Más de mil de los involucrados decidieron renunciar antes de verse expuestos al inicio de sumarios que, de resultarles desfavorables, podrían impedirles volver trabajar en el Estado por cinco años.
No es el caso de Domínguez, pues antes de renunciar el viernes 23 de mayo, ya se le estaba investigando.
La decisión de perseguir las posibles responsabilidades administrativas de Domínguez, la tomó el subsecretario Claudio Araya el lunes 24 de julio de 2023, 19 días después de la fecha en que el entonces jefe de Fiscalización de Subtel debía regresar de China del evento en el que participaron ambos, aunque según pudo comprobar este medio, no tenían el mismo vuelo de vuelta Chile.
Araya inició una investigación sumaria, dice la resolución, porque el viernes 21 de julio de 2023 tomó conocimiento de una denuncia anónima alertando de una eventual infracción. Elegir comenzar una “investigación sumaria” y no un “sumario administrativo”, implica que se indagaban faltas menores que podrían terminar en amonestaciones verbales, multas o la suspensión del cargo.
Además, al ser un procedimiento breve y verbal, no debería haber demorado más de cinco días. Sin embargo, en el caso de Raúl Domínguez duró 17 meses sin llegar a puerto.
El único movimiento que sucedió en su caso, fue empujado por la Contraloría, pues sucedió que la denuncia anónima que alertó de todo, también llegó al ente fiscalizador y el 10 de diciembre de 2024 emitió un pronunciamiento donde comprobaba que Domínguez había pedido una licencia médica en Chile para extender su viaje por Europa y que llegó 11 días después de lo presupuestado, pasando a llevar, además, un instructivo presidencial que sugiere no juntar viajes de trabajo con vacaciones o días administrativos, por lo que ordenaba a Subtel iniciar un procedimiento disciplinario.
Fue por eso que el 3 de enero de 2025, la Subtel decidió elevar el caso a “sumario administrativo”; que se usa para casos más graves y que pueden terminar con la destitución e inhabilitación del investigado para volver a desempeñarse en el Estado por cinco años.
El caso siguió en manos de la jefa de la División Legal de la Subsecretaría de Transportes, Denisse Ramírez, pero pasaron otros cuatro meses sin novedad e incluso según fuentes de El Líbero, a Domíguez se le habían designado importantes funciones para agosto de este año, por ejemplo, en relación a la coordinación de la Conferencia de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (Citel).
A raíz de todo lo ocurrido, parlamentarios como la diputada Paula Labra, oficiaron a Subtel para que informe sobre las gestiones, plazos y avances del sumario contra Raúl Domínguez.
El Líbero preguntó a la Subtel por qué Araya no inició una investigación por el caso de Domínguez por voluntad propia entre el 5 de julio y el 21 de ese mes, pero la subsecretaría declinó participar de esta nota.
Round entre gabinete y los funcionarios: acusaron represalias
El caso del amigo de Boric en la Subtel era una piedra en el zapato: incomodaba, pero como no se veía, no se hablaba públicamente del asunto.
Eso, hasta que pasado más de un año del viaje, de la denuncia anónima y del inicio de la investigación sumaria, el 9 de agosto de 2024 el tema surgió en la reunión mensual de las asociaciones de funcionarios con el ministro Juan Carlos Muñoz. Según consta en el acta de la cita, al ministro no le pareció bien que se le pidiera la opinión sobre ese y otro caso, y solicitó circunscribir el asunto de Raúl Domínguez a instancias sólo de Subtel.
Luego, el 25 de octubre de 2024, dos miembros de la Asociación Nacional de Funcionarios de las Telecomunicaciones (Anfutel) consultaron -de modo personal- a Contraloría sobre la pertinencia de que el subsecretario y Domínguez “acepten invitaciones financiadas en su totalidad por una agrupación de empresas que se encuentran bajo su permanente actividad fiscalizadora”.
Esto, porque la Mobile World Congress de China fue organizada y financiada por la GSM Association (GSMA), organización industrial que representa los intereses de los operadores móviles y empresas de todo el ecosistema móvil y en la cual participan grandes empresas de telecomunicaciones presentes en Chile.
Además, buscaban aclarar por qué en la Plataforma del Lobby, la invitación de la GSMA -que incluía traslado, estadía y alimentación- decía que el viaje fue financiado “por la Subsecretaría de Telecomunicaciones”.
La consulta no cayó bien en el gabinete de Claudio Araya y el 8 de noviembre de 2024 envió un comunicado oficial e interno a todos los funcionarios diciendo que se suspendía la mesa de trabajo conjunta con las asociaciones a causa de esta solicitud a Contraloría.
“Lamentablemente al día de hoy hemos tenido que suspender la mesa de trabajo con las asociaciones de honorarios debido a una serie de actuaciones realizadas en contra de la Dirección de esta institución por parte de dos dirigentes de una asociación en particular (…) hemos sido sorprendidos con una nueva actuación que nos distrae de las materias que se estaban abordando en la mesa, por lo que nos hemos visto en la necesidad de no continuar con esta temporalmente (…). Esta mesa de trabajo estará suspendida hasta que se esclarezcan los hechos denunciados”, rezaba la declaración.
Anfutel respondió con otro comunicado declarándose “sorprendidos” y explicando, primero, que la consulta no era una denuncia y, segundo, que no se hizo a nivel de asociación, ni de forma anónima, sino que a título personal “y en cumplimiento de una obligación estatutaria”. Sin embargo, a esas alturas la decisión de suspender las relaciones ya había provocado quiebres dentro de los funcionarios.
A causa de este coletazo derivado del polémico viaje de Raúl Domínguez, Antonio General, uno de los dirigentes aludidos, presentó el 18 de diciembre de 2024 una denuncia por represalias y prácticas antigremiales contra el subsecretario, su jefe de gabinete, Guillermo Petersen (exjefe de gabinete de Marisela Santibáñez) y el director de Administración y Finanzas, Mauricio Tapia.
En el texto relata que intentaron castigarlo por cumplir con su obligación de alertar sobre prácticas irregulares, exponiéndolo públicamente y responsabilizándolo de una decisión (el suspender la mesa de diálogo) “que tomó la autoridad sin mediar consulta, provocando críticas y cuestionamientos directos por parte de funcionarios de Subtel hacia ambos titulares de la consulta. Lo anterior me parece desconcertante, preocupante, y vulneratorio, ya que la jefatura aludida asoció nuestra consulta a tres denuncias completamente desconocidas de forma antojadiza y malintencionada”.
En efecto, cuando el 10 de diciembre de 2024 la Contraloría se pronunció sobre el caso de Raúl Domínguez, respondió a tres ingresos: una denuncia anónima, a la consulta de los dirigentes de Anfutel y a una tercera comunicación sobre otra invitación.
“Me preocupa aún más que este tipo de represalias, amedrentamientos y presiones se ejecuten sobre funcionarios que no cuenten con calidad de dirigentes gremiales o que no dispongan del carácter y/o fortaleza para hacer frente a las más altas e influyentes jefaturas de un servicio”, cerraba la denuncia de General.
El Líbero contactó al presidente de Anfutel y segundo aludido por el comunicado del gabinete de Araya, el abogado Rodrigo Rubio, quien confirmó que sólo consultaron por la pertinencia del viaje y que, a esas alturas, el caso de la licencia médica ya era materia de investigación.
“Consideramos que el financiamiento del viaje sí requería pronunciamiento del órgano contralor, por el evidente riesgo de conflicto de interés”, sin embargo, relató que “desde antes de realizar la consulta y, con mayor intensidad luego de su presentación, enfrentamos presiones internas y reacciones institucionales que incluyeron el quiebre de las mesas de trabajo y la difusión de comunicaciones formales a todo el personal, en las que se nos imputaban falsamente los hechos denunciados anónimamente. Estas declaraciones, lejos de promover la transparencia y el debido proceso, contribuyeron a confundir a los funcionarios y a debilitar gravemente nuestra labor gremial. Esta no debió ser nunca la actitud de la autoridad frente al ejercicio legítimo de las atribuciones que nos competen como funcionarios públicos”, manifestó.
¿Qué pasó con los cuestionamientos al viaje?
Junto con referirse al tema de la licencia médica, Contraloría también respondió a la consulta de General y Rubio que se refería a la pertinencia de que el entonces jefe de Fiscalización de Subtel, Raúl Domínguez, y el subsecretario Claudio Araya aceptaran la invitación a China de la GSMA, “en junio del año 2023, en paralelo a procedimientos de fiscalizaciones, recepciones de obras y sanciones que la Subsecretaría de Telecomunicaciones estaría llevando a cabo sobre miembros de esa asociación en Chile”.
Al respecto, el ente liderado por Dorothy Pérez determinó que no hubo faltas a la probidad, pues los viajes no constituyen regalos personales, sino que “financiamiento para la ejecución de la labor de la Subsecretaría” y que la invitación no fue financiada por una entidad bajo el control, supervisión y fiscalización de la Subtel, pues la GSMA es una organización gremial internacional, “por lo que no se observa afectación al principio de imparcialidad en favor de alguno de ellos”.
Eso sí, agregó que “en la resolución de aprobación de viáticos para el subsecretario de Telecomunicaciones, don Claudio Araya, se constató que el usuario que generó el comprobante contable es el mismo que lo aprueba”; por lo que llamó a Subtel a tomar las medidas para asegurar una adecuada segregación de funciones.