Durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, el Ministerio del Trabajo, encabezado por Jeannette Jara, a través de la Subsecretaría de Previsión Social, ha asignado más de $4 mil millones a 33 entidades para la ejecución de proyectos enmarcados en el Fondo de Educación Previsional (FEP). Estas iniciativas tienen como propósito informar a la ciudadanía sobre el sistema de pensiones. Sin embargo, al menos cuatro de estas organizaciones cuentan con funcionarios públicos en sus directorios o equipos de trabajo, lo que ha generado interrogantes en torno a posibles conflictos de interés.
La información fue dada a conocer la semana pasada en una investigación realizada por El Líbero (ver aquí), y a los pocos días la diputada independiente de la bancada de Renovación Nacional (RN), Paula Labra, decidió presentar un oficio a la Contraloría requiriendo un pronunciamiento sobre la asignación de estos recursos provenientes del Fondo de Educación Previsional (FEP) entre los años 2022 y 2024.
“Como fiscalizadores no podemos pasar por alto hechos que puedan eventualmente estar reñidos con la legalidad. Por lo mismo, he oficiado a la Contraloría para que se pronuncie respecto al principio de probidad en la función pública que se podría estar incumpliendo en este caso”, sostiene la parlamentaria.
Los fundamentos del oficio
El oficio también incluye la solicitud de una revisión específica de las cuatro entidades en las que se ha identificado participación de funcionarios públicos en sus directorios o equipos. Dentro de estas organizaciones se encuentran la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL), vinculada a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y al Partido Comunista, que ha recibido más de $182 millones entre 2022 y 2023. Entre sus integrantes destacan José Pérez Debelli, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), así como Yobana Salinas, trabajadora de la Fundación Integra.
Otra empresa es Combinar Edu, que se adjudicó $97 millones en 2023 y que cuenta en su equipo con al menos cuatro funcionarios públicos, entre ellos Freddy Moreno Minda, quien desde agosto de 2023 es encargado de proyectos e innovación en la Fundación Integra.
En tercer lugar figura Abbanz Consultores, que recibió $100 millones en 2024. Su equipo incluye a Miguel Toro Aguilar, actual jefe del Área de Fortalecimiento y Diálogo Social de la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales (ChileValora).
Por último se encuentra el Centro de Estudios de Capacitación Laboral (Cecal), que recibió $98 millones en 2023. Su equipo lo componen personas como Claudia Fachinetti Farrán, quien es abogada de la Universidad Católica y cuenta con diversos postgrados en materia laboral. Ha sido dirigente sindical por más de 15 años y actualmente trabaja en la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana -organización que depende del Ministerio de Justicia- como “abogada jefe de la unidad de causas declarativas”.
En el documento presentado a la Contraloría, la diputada argumenta que, «el hecho de que se otorguen grandes cantidades de recursos públicos a entidades en las que participan actuales funcionarios del Estado puede vulnerar directamente el principio de probidad administrativa». Por eso, solicita investigar un posible conflicto de intereses en este contexto.
“Funcionarios de este gobierno, financiados por este gobierno, y con la ideología de este gobierno, impartiendo talleres y mesas de diálogos sobre la reforma de pensiones, no suena muy objetivo y podría representar un evidente conflicto de interés”, afirma la parlamentaria.
Muy bien la diputado Paula Labra, cero mal gasto, cero corrupcion