Erika Muñoz, la presidenta de la “Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados” (Confepa), que está presente en 2.800 establecimientos, conversa con “El Líbero” mientras viaja rauda a una asamblea en Colina para reunirse con familias de Til Til, Lampa y Batuco para exponer sobre la reforma educacional que lleva adelante el Gobierno.
Ahora su nuevo foco de preocupación son las indicaciones al proyecto de ley que presentó en la Cámara de Diputados el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre. El documento, de 31 páginas, establece, entre otros, cambios relevantes en el tope máximo del financiamiento compartido, permite los arriendos en un plazo máximo de 20 años y modifica la opción de compra de los inmuebles y terrenos por parte del estado.
– Creemos que vienen a empeorar el proyecto porque lo único que hace es abrir una puerta para que sigan funcionando los colegios religiosos que no tienen fines de lucro, que son el 20% de los 5.600 colegios subvencionados del país, y dejan fuera al restante 80%. Esperábamos que esa puerta se abriera para todos los colegios subvencionados. Parece que el gobierno quiere que queden sólo colegios religiosos y estatales. Estamos muy preocupados porque la reforma educacional termina con la diversidad en los colegios. El gobierno se arregló con los colegios religiosos y termina con la diversidad de la educación.
-¿Por qué sostiene que el proyecto dañará a los colegios subvencionados con fines de lucro?
– El proyecto de ley dice que pueden recibir subvención estatal sólo los colegios subvencionados que pertenezcan a fundaciones o corporaciones sin fines de lucro. El 80% de los colegios subvencionados, donde estudian 1,8 millones de alumnos, tienen fines de lucro y, por tanto, la gran mayoría quedaría fuera de la subvención, entre ellos, escuelas especiales de lenguajes, de educación diferencial, técnicos profesionales. Todos tendrán que cambiar su personalidad jurídica a corporaciones o fundaciones sin fines de lucro, pero eso es inviable para el 75% de los colegios que están con deudas, gravámenes o no son dueños de los establecimientos.
– ¿Qué opciones tendrán entonces?
– Muchos colegios subvencionados tendrán que cerrar porque no tendrán otra opción, unos pocos se harán particulares pagados o se convertirán en fundaciones sin fines de lucro. ¿Qué pasará con los hijos de quienes no podemos pagar colegios privados o no quieran colegios religiosos? El gobierno quiere que la gran mayoría de los niños caiga en la educación estatal, como me dijo un diputado.
– ¿El Mineduc entonces no acogió sus propuestas?
– Vemos con mucha pena que no se hicieran cargo de nuestro petitorio en las indicaciones. Qué pasará con los niños con necesidades educacionales especiales, los colegios públicos no tienen al interior equipos multidisciplinarios con integración e inclusión. La reforma no se hace cargo de la integración e inclusión de nuestro país y eso es uno de nuestros petitorios. Los papás de las escuelas especiales están aterrados por qué no saben a dónde irán sus hijos. Si la idea era terminar con la segregación, nuestra propuesta era aumentar los recursos para las familias más vulnerables, tampoco se hace cargo de eso, ni de mejorar la carrera docente, el trato y los sueldos de los profesores. El proyecto no se hace cargo de la calidad en la educación, sólo de que haya el mínimo de colegios subvencionados y mayoría de colegios estatales.
– ¿Se sienten discriminados?
– Como Confepa hemos levantado nuestra voz y no vamos a dejar de luchar y de denunciar que nuestros hijos están siendo discriminados. Los dueños de los recintos podrán vender o arrendar a otros, pero ¿qué pasará con las cientos de miles de familias que hemos creído en el sistema educacional chileno que durante décadas implementaron diferentes gobiernos? Estas indicaciones vienen a terminar con el sueño de un futuro mejor para nuestros hijos, de que tengan las oportunidades que los padres no hemos tenido. La reforma educacional daña a las familias vulnerables y de clase media.
