Publicado el 15 de mayo, 2019

Las grandes semejanzas entre la reforma previsional de Piñera y de Bachelet

Autor:

Javiera Barrueto

Pese a que los dos proyectos son similares en sus aspectos esenciales, como aumentar la cotización individual, que el ahorro adicional pueda ser administrado por un ente externo a las AFP e incentivar la extensión de la vida laboral; la oposición rechazó la idea de legislar la iniciativa en la comisión de Trabajo. Una herramienta que, incluso, ex ministros de la administración anterior han calificado «contra natura».

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Javiera Barrueto

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Luego de que la reforma previsional impulsada por el gobierno experimentara un duro revés en la comisión de Trabajo, al ser rechazada la idea de legislar, el Presidente Sebastián Piñera reiteró su llamado a los parlamentarios para que le den luz verde a la iniciativa en el Congreso. Llamó a que «la sala de la Cámara de Diputados, que es la que tiene que pronunciarse ahora, vote como seguro votarían los más de dos millones de pensionados y apruebe el proyecto (reforma a las pensiones) en su idea de legislar». Resultado que se sabrá mañana jueves, día en que está fijada la votación

Y si bien el Ejecutivo recibió un «portazo» de los diputados opositores en la comisión, uno de los primeros mensajes que dio el gobierno al anunciar la reforma, en octubre del año pasado, fue justamente destacar que tenía puntos convergentes con la medida impulsada bajo la administración de Bachelet. De hecho, en aquella ocasión, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, señaló que “con este proyecto no hemos venido con la retroexcavadora, sino con una mentalidad de acuerdo y de unión. Por eso, de las 47 medidas que contiene el proyecto, 14 fueron tomadas directamente de la propuesta de la ex Presidenta Bachelet y otras 4 fueron fusionadas con otros contenidos».

Tal es así que en el proyecto de ley que está en el Congreso se pude leer una decena de veces «esta propuesta incorpora elementos contenidos en uno de los proyectos de reforma previsional presentados por el gobierno anterior durante el año 2017». El párrafo está presente en el desglose de medidas como: fortalecer los incentivos para el ahorro previsional voluntario; seguros para lagunas previsionales; comisiones más bajas a afiliados que sigan cotizando después de la edad legal y a pensionados que continúen cotizando; entre otros.

Este énfasis sobre la similitud de ambos textos, también lo han hecho notar figuras de la oposición, como el ex ministro y ex superintendente de Pensiones, Alejandro Ferreiro (DC). El domingo en una carta en La Tercera, subrayó la necesidad de legislar sobre la reforma de pensiones. «Dos proyectos de ley (Bachelet, 2017 y Piñera, 2018) han propuesto legislar para volver a ‘calibrar’ nuestro sistema previsional. Ambos encarnan, en lo esencial, propuestas idóneas y razonables para abordar el desafío». Y advirtió como «esencial» dialogar y reconocer que la «fortaleza del resultado legislativo dependerá más de la transversalidad de su apoyo que de la perfección técnica o ADN ideológico de su diseño».

En la misma línea, el ex ministro del gobierno anterior, Jorge Burgos, dijo ayer en Duna que esperaba, y confiaba, que en sala se aprobara la iniciativa. Y agregó: «Un Parlamento que se niegue a legislar me parece contra natura».

Ambos proyectos impulsan un aumento de la cotización individual

En las dos iniciativas se plantea un aumento de la cotización de los trabajadores, enfocado en la capitalización individual. Precisamente el eje central de la propuesta de Piñera contempla un aporte adicional, con cargo al empleador, de 4% más 0,2% seguro dependencia. Así, de manera gradual, la cotización iría de un 10% al 14,2%. En el texto se precisa que el 0,2% se destinará a financiar un seguro de dependencia que elevará la jubilación de las personas que no sean autovalentes.

En la reforma impulsada por Bachelet, en tanto, se establecía una nueva cotización de 5% que también debía hacerse cargo el empleador. Sin embargo, ese 5% se dividía en dos: un 3% iba directamente a la cuenta personal de cada trabajador, mientras que el restante 2% iba a un Seguro de Ahorro Colectivo. Así, se «abría la puerta» a un sistema mixto, pero el grueso seguía siendo cotización individual.

Los dos mantienen edad de jubilación aunque incentivan extender la vida laboral

Tanto en el proyecto de la ex Presidenta como en el del actual Mandatario, se mantiene la edad de jubilación para las mujeres en 60 años y para los hombres a los 65. Sin embargo, ambos propician el que se siga trabajando después de esa edad.

Por ejemplo, la iniciativa impulsada por Bachelet establecía la creación de incentivos para que se extendiera la vida laboral de 60 a 65 años en el caso de las mujeres. Estos comenzarían a repartirse a los 65 años y dependerían de cuanto se aplazó la jubilación. Incluso,  el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, aseguró que a esa edad se podría equiparar la pensión con la de los hombres.

Mientras que en los ejes principales de la propuesta de Piñera se señala que las mujeres de clase media reciben un aporte adicional por sus años cotizados y que el Estado hará aportes adicionales a quienes voluntariamente posterguen su permanencia en la fuerza de trabajo y su edad de jubilación.

Sumar actores, además de las AFP, para que administren el ahorro adicional

Otra de las convergencias que existen en los proyectos es que el ahorro adicional puede es administrado por una entidad independiente a las AFP. En el proyecto de Piñera se establece como uno de los ejes principales aumentar la competencia. Para ello, la iniciativa permite que ingresen otros actores, además de las AFP, a administrar el 4% adicional de cotización que irá a las cuentas individuales. De esta manera, los nuevos actores podrían ser las aseguradoras, las cajas de compensación y las administradoras generales de fondos (AGF). Esto último abre la opción para que entre al negocio un ente estatal: la AGF de BancoEstado.

Bachelet, por su parte, propuso que la cotización extra tampoco estuviera a manos de las AFP. Eso sí, se planteó que la administración debía reaer en una entidad pública y autónoma. Se argumentaba, entonces, sobre los beneficios de un ente colegiado. “El Estado puede administrar de forma más barata y simple que las AFP, sin multifondo ni fuerza de venta”, dijo Valdés por esos días.

Sin embargo, tras el revés que sufrió el Ejecutivo en la comisión de Trabajo el lunes, ya se estaría barajando la opción de abrirse a la posibilidad de que sea un ente estatal el que administre el 4% adicional de cotización propuesta en el proyecto, y no por privados. De hecho, este tema podría convertirse en uno de los principales elementos de negociación con la oposición para destrabar la aprobación de la reforma previsional, ahora, en la sala de la Cámara de Diputados.

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