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Publicado el 18 de julio, 2018

La trama de corrupción tras la crisis nicaragüense que involucraría al gobierno de Ortega con lavado de dinero

Autor:

Bastián Garcés

El desplazamiento de 120 mil campesinos del país centroamericano, la modificación de la Constitución, una concesión a 50 años y una inversión por más de US$50 mil millones son los datos que da a conocer un informe solicitado por Transparencia Internacional y que cuestiona la construcción de un canal interoceánico impulsada por el gobierno de Daniel Ortega. Proyecto que finalmente no se llevó a cabo, pero cuyos efectos aún están presentes.

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Bastián Garcés

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Este lunes, trece países, encabezados por Chile, exigieron «el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares». La solicitud, que lideró el canciller Roberto Ampuero en la embajada chilena ubicada en Bélgica, en medio de la cumbre Celac-UE, apunta al gobierno sandinista de Daniel Ortega que ha reprimido protestas con un saldo a más de 300 personas muertas.

No obstante, detrás de esta crisis, hay una trama de corrupción que data de 2014 y que un informe, solicitado por Transparencia Internacional, reveló.

En diciembre de 2014, la administración Ortega y la empresa Hong Kong National Development Group (HKND), del inversionista chino Wang Jing inauguraron las primeras obras del canal interoceánico, que uniría los océanos Pacífico y Atlántico a través de un paso fluvial de 275 kilómetros, que recorrería el Lago Cocibolca y el Istmo de Rivas.

El ambicioso proyecto, además, contemplaba la construcción de dos nuevos puertos, un aeropuerto e incluso una laguna artificial. No solamente eso, el Ejecutivo indicaba que la iniciativa sería clave para sacar al país centroamericano de la pobreza y estimaba que el crecimiento del país alcanzaría el 15% a raíz de las obras.

Pero, cuatro años después, estas promesas no se concretaron. En 2016, Jing -quien es dueño de la firma telefónica Xinwei- dio a conocer que su fortuna se redujo en un 84% y el proyecto que buscaba competir con el Canal de Panamá se llenó de dudas. La empresa china se encontraría «desaparecida» de Nicaragua hace más de un año, al igual que ocurrió recientemente también con su sede en Hong Kong.

«Auténtico golpe a la Constitución de la República»

«Se trata de un auténtico golpe a la Constitución de la República«. Así de categórica es la conclusión del informe Irregularidades en el Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua elaborado por los juristas españoles Esther Hava y Francisco García, solicitado por Transparencia Internacional a raíz de peticiones realizadas por organizaciones civiles del país centroamericano.

En el preámbulo del documento, redactado por José Ugaz, ex presidente de Transparencia Internacional, se lee que lo investigado «confirmaría que se trató de un mecanismo de lavado de activos para encubrir otros enjuagues de Ortega».

Según da cuenta el informe, al cual «El Líbero» accedió a través de Chile Transparente, el plan del gobierno nicaragüense y la empresa china presupuestó la inversión de, al menos, US$ 50 mil millones. Además Ortega modificó distintas leyes, incluyendo la propia Constitución, y aprobó dos textos legales que debían regir el diseño, construcción, desarrollo y administración del Canal y el resto de la infraestructura vinculada a él.

Las cuales, indica el texto, «no se consensuaron en modo alguno con los campesinos, quienes accedieron al conocimiento de sus consecuencias cuando comenzó la ocupación de sus tierras«. En total, el gobierno planificó desplazar a más de 120 mil personas.

«El contrato se firmó sin ningún tipo de consulta y se mantuvo oculto pese a que cedía soberanía por 50 años prorrogables a 50 más«, se explica en el prefacio donde se añade que el convenio «no aportaba ningún beneficio al país pues estaba diseñado para favorecer a la empresa HKND, a quien ya el gobierno de Nicaragua había beneficiado con un millonario contrato en el rubro de comunicaciones».

De este nuevo marco jurídico creado para el canal, el informe destaca «las facultades exorbitantes concedidas a la Autoridad del Gran Canal«, conformada por miembros del Ejecutivo y que conforma su voluntad con un extravagante sistema de votación, ya sea en materia financiera, contractual, normativa o judicial».

Además, las disposiciones de la Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua establecen que el funcionamiento del acueducto “no podrá interrumpirse por causa alguna”. Sobre este punto, los expertos comentan que «literalmente significa que ni siquiera la inminencia de una catástrofe ecológica o humanitaria lo permitiría«.

Los juristas, a su vez, critican que «la mayor parte de los beneficios se pagan a través de la participación en una empresa constituida en un paraíso fiscal… que a día de hoy ha ‘desparecido’. La otra parte consiste en un pago ridículo para una infraestructura como un canal interoceánico».

Se lee en el texto las conclusiones del texto como «contundentes». «Se trataba de una operación altamente sospechosa de corrupción, avaluada en al menos US$50.000 millones de dólares y plagada de cláusulas estrambóticas destinadas a favorecer por todos los medios al inversionista chino«, explica.

Que los inversionistas tengan «poderes prácticamente ilimitados» es otro aspecto que el informe cuestiona. Entre estas facultades destacan que tienen la «potestad de determinar a ‘su entera discreción’ la cantidad a cobrar» por las tasas de uso del canal y que «pone a su servicio a todas las entidades gubernamentales, obligándolas a tomar cualquier acción necesaria para procurar los derechos del Concesionario y cualquier otra Parte de Sub-Proyecto».

Todo lo anterior, concluyen los juristas, «supone una auténtica cesión de soberanía por parte del Estado de Nicaragua, dotando, además, de inmunidad civil, administrativa, penal y económica a la concesionaria y sus socios». Los abogados señalan, también, que el país centroamericano «renuncia a los derechos de la soberanía sobre cualquier acción desarrollada por el inversionista en territorio nacional. Además ‘blinda’ esta ley al exigir una mayoría reforzada en el Congreso para su modificación«.

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