En su XXIV Congreso Nacional realizado en diciembre de 2010, el Partido Comunista trazó la que sería su hoja de ruta para enfrentar al gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Según el documento que contiene las conclusiones de la actividad, se determinó que había que “dinamizar y propiciar conflictos y rupturas sociales estudiantiles” y que se debía aprovechar la llegada de la entonces desconocida Camila Vallejo a la presidencia de la Fech para “irrumpir en términos de la movilización social”. También ahí se hablaba de construir una “nueva mayoría” para sacar a la derecha del poder. Que ese proceso de convergencia con otros partidos implicaría “tensiones e incluso contradicciones”, pero que había que darle un sentido “antineoliberal en sus contenidos”. Todos los objetivos se cumplieron.
De hecho, un mes antes de la cita del PC, Vallejo había ganado la elección en la Universidad de Chile y en su discurso al asumir como líder de la Fech, ya daba luces de todo lo que vendría en 2011: “Creemos que el gobierno de los empresarios busca poner el broche de oro a la privatización total de la educación superior, sellando definitivamente la obra que iniciaron desde las sombras en los años ochenta (…). Esta será una batalla importante que enfrentará nuestro sector el próximo año y, para dar respuesta a este desafío, debemos desplegar un movimiento que escape a tan solo los estudiantes. Necesitaremos de los académicos, los trabajadores, las autoridades universitarias, todos juntos en las calles exigiendo que el Estado cumpla con sus universidades, que el Estado cumpla con la educación superior pública de nuestro país”.
Una suerte de «profecía» similar a la esbozada en las conclusiones del congreso del PC y a la advertida por Vallejo en su discurso fue la que lanzó el pasado miércoles 13 de abril el concejal por Santiago, Luis Vicencio. El concejo municipal votaba ese día la apertura de la “Botica Comunitaria Doctora Eloísa Díaz” y, en medio de su exposición, el militante comunista soltó la advertencia.
“Les adelanto algo hoy día: el próximo año es el año de la salud y vamos a movilizar a Chile entero igual como se movilizó al movimiento estudiantil, para terminar con este sistema maldito. Nuestra Presidenta ayer anunciaba este proceso tan importante que nunca se ha dado en la historia de Chile, que es el transformar una Constitución generada desde los ciudadanos de este país. Esto va a durar hasta que terminemos con las isapres y generemos un nuevo sistema nacional de salud, que asegure la salud como un derecho y no como un privilegio de algunos”, dijo.
En otro pasaje de su alocución, Vicencio recordó el rol que jugó Salvador Allende como ministro de Salud en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda: “Él generó lo que fue el sistema nacional de salud. Fue una experiencia inédita en América Latina. Los médicos de todo el continente venían a estudiar el concepto que creó Allende, que es la medicina social”.
Nueva Mayoría dividida y el entrampado proyecto de reforma a las isapres
Al interior de la Nueva Mayoría (NM) las aguas están separadas sobre este tema. Mientras influyentes senadores del sector señalan a “El Líbero” que es prácticamente imposible que el gobierno impulse una modificación estructural al sistema de salud, pues queda mucho trabajo aún por hacer en las reformas laboral y educacional, otros sostienen que el tema está vigente y que la agenda debería impulsarse con fuerza en 2017, como anunció el concejal Vicencio.
En ese sentido, varios no descartan que el próximo año haya extensos paros y movilizaciones de los gremios de la salud –dirigidos en su mayoría por el alza izquierda de la NM- para meterle presión al gobierno.
En tanto, otras fuentes apuestan a que el tema quede instalado como eje de la próxima campaña presidencial y que uno de los escenarios propicios para darle aire a la agenda de salud sería el debate constitucional que comenzará en los siguientes meses.
Por el momento, el gobierno sólo ha estado trabajando en el proyecto de reforma a las isapres, que estaba presente en el programa de la Presidenta Michelle Bachelet y que se ha visto entrampado.
A pesar de que se viene anunciando desde hace meses –de hecho, al principio de esta administración se creó una comisión asesora presidencial ad hoc-, aún no entra a tramitación pues todavía queda resolver nudos entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda.
Por esa razón, parlamentarios oficialistas han emplazado al gobierno a agilizar el trabajo. “Este es un tema que no puede ser postergado (…). No me gustaría que pasara este Gobierno como si nada hubiera sucedido en el mundo de las isapres, porque parecen intocables frente a los cambios que hay que hacer para darle justicia social a la gente que ahí cotiza”, dijo esta semana el diputado Juan Luis Castro (PS).
Sin embargo, desde el Ejecutivo sostienen que la idea es que el proyecto sea enviado al Congreso antes del 21 de mayo.