Publicado el 12 de septiembre, 2019

La media verdad de Luis Mesina sobre el financiamiento del Movimiento No + AFP

Autor:

El Líbero

El líder del movimiento que busca terminar con el actual sistema de pensiones afirmó este martes que «jamás ha recibido un peso de organismo público o privado alguno». Sin embargo, omitió que la ONG fundada por el dirigente de No + AFP, Manuel Riesco, ha realizado varios contratos con el Estado, algunos de ellos para realizar educación previsional. Mesina fue, junto a Riesco, miembro del directorio de la extinta AFP Futuro.

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«Nuestra coordinadora, conformada por múltiples organizaciones sindicales del mundo privado y público, jamás ha recibido un peso de organismo público o privado alguno«, afirmó este miércoles el vocero del Movimiento No + AFP, Luis Mesina, en una carta publicada en El Mercurio.

De esta forma el dirigente reaccionó a las declaraciones del presidente de la AFP Habitat, Cristián Rodríguez, quien afirmó en ese medio que el movimiento de Mesina se adjudicó durante el gobierno de la Nueva Mayoría recursos de la Subsecretaría de Pensiones destinados a educación previsional.

«Nuestro accionar se desarrolla con la más absoluta independencia del Estado, de los gobiernos de turno, de los empresarios y de cualquier organismo ajeno al mundo del trabajo«, aseguró el líder del movimiento que aboga por el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

No obstante, el dirigente de No + AFP no aclaró en su misiva que otro de los líderes del movimiento, Manuel Riesco, sí se ha adjudicado dineros estatales enfocados a la educación previsional. De hecho, en octubre octubre de 2016 El Líbero hizo público este hecho.

Riesco es militante comunista (como se lee en la web de la Biblioteca del Congreso, en la biografía de su esposa, la diputada Carmen Hertz) y no es un dirigente cualquiera del movimiento contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones. El economista fue, junto a Mesina, miembro del directorio de la AFP Futuro, entidad que se creó el 1 de julio de 1988 y que el 1 de noviembre de 1996 fue vendida a la AFP Magíster. La junta además estaba conformada por la actual senadora del PPD Adriana Muñoz, y Carlos Cárdenas Maturana, Sergio Soto Céspedes, Cristián Urrutia Soto, Jorge Medina Soto e Ismael Valdés Toloza.

Durante 2016, el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), ONG fundada en 1995 por Riesco, ganó cerca de $130 millones del Fondo para la Educación Previsional, que fue creado durante la primera administración de Michelle Bachelet para «apoyar financieramente proyectos, programas, actividades, medidas de promoción, educación previsional y difusión del sistema de pensiones«.

Incluso, en uno de los videos pagados con recursos fiscales, la ONG creada por Riesco cuestiona el sistema de pensiones y afirma que la pensión promedio de las AFP es de $119 mil para los hombres, un promedio que toma sin distinguir los años de cotizaciones. Mientras que en otros registros acusan a las administradoras de discriminar, de mentir y falsear la «realidad», y piden su término.

El vínculo entre Cenda y el Estado se ha mantenido durante los últimos tres años. Según datos del sitio web de Presupuesto Abierto del gobierno, durante 2017 la ONG ligada al movimiento No + AFP obtuvo casi $107 millones de las arcas fiscales. De los cuales $98.341.293 provinieron del Ministerio del Trabajo.

De este monto, $56.341.293 fueron cobrados por la ONG de Riesco a la subsecretaría de Previsión Social, sin embargo en el sitio web de Presupuesto Abierto del gobierno no están disponibles las órdenes de compra que desglosan el detalle de los pagos. Una situación diferente a la de los $42 millones que emanaron de la subsecretaría del Trabajo, los cuales -según se detalla en las órdenes de compra disponibles en la página web-, se destinaron a realizar escuelas de formación sindical en las regiones de O’Higgins, Biobío y Metropolitana, las que tenían como fin el «fortalecimiento de la actividad sindical y los derechos colectivos de los trabajadores a través del fortalecimiento de los liderazgos».

Mientras que los $8.350.000 restantes fueron entregados por el Consejo Regional de la Cultura y las Artes de Rancagua, los cuales en su mayoría fueron destinados para realizar una investigación sobre «lugares de detención, tortura y exterminio en el contexto de la dictadura cívico militar entre los años 1973 y 1989» en la Región de O’Higgins.

Los fondos que recibió Cenda del Estado disminuyeron el año pasado, durante 2018 los ingresos de la ONG ligada a No + AFP alcanzaron casi los $75,5 millones desde el Ministerio del Trabajo. De ellos, $19.940.000 salieron de la subsecretaría de Evaluación Social.

La subsecretaría del Trabajo fue la encargada de pagar los $55,4 millones restantes. Nuevamente, para la formación de líderes sindicales. Cursos que se realizaron en las regiones de Atacama, Aysén y Magallanes, y por los cuales el Estado tuvo que desembolsar $39 millones para una la realización de los talleres, que comprendió «relatores, materiales de formación, alimentación, traslado de relatores, entre otros gastos necesarios para la correcta implementación de este espacio de formación».

Otros $9,4 millones fueron pagados por el Estados para que Cenda llevara a cabo en la Región de Ñuble un «diálogo social sobre condiciones laborales y de seguridad social de trabajadores que participan en la producción de berries en pequeñas propiedades agrícolas», mientras que los restantes $7 millones fueron utilizados para que la ONG replicara la iniciativa pero esta vez enfocada en las condiciones laborales de la mujeres migrantes que trabajan en el sector agrícola en Melipilla.

La cifra que la ONG fundada por el líder de No + AFP disminuyó aún más este año y según la información de Presupuesto Abierto hasta junio de este año, la entidad ha cobrado $4 millones al ministerio de Salud por el concepto de «toma de test rápidos visuales y sanguíneos/Campaña VIH».

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