El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, mantiene desde hace nueve años un conflicto con la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista. El origen de esta batalla judicial fue que la municipalidad se negó a otorgar la recepción de la segunda torre del proyecto. Desde entonces hay 250 familias sin poder habitar sus departamentos y la decisión sobre el futuro del edificio está enredada en un laberinto judicial, que actualmente ha reabierto la discusión sobre si Jadue está o no inhabilitado de su cargo, ante un juicio por prevaricación que se avecina en su contra. 

Ahora, en Estación Central hay temor de que un entramado judicial similar los envuelva, ante la incertidumbre que rodea el destino de 20 edificios. Recoleta exportó su “modelo” a la municipalidad que encabeza el edil Felipe Muñoz (Independiente-Frente Amplio).

La alcaldía ha optado por no entregar la recepción final a proyectos inmobiliarios, que suman 5.500 departamentos y hay otros 1.200 que se encuentran en análisis.

Según estimaciones del gremio podrían llegar a ser hasta 20 mil unidades habitacionales si se consideran los que todavía están en construcción. 

En agosto de 2021 ambas alcaldías firmaron un convenio de cooperación mutua que prevé el intercambio de proyectos y equipos de trabajo.

De acuerdo con la información publicada entonces por Estación Central, “ambos alcaldes se comprometieron a prestar apoyo mutuo mediante asesoría técnica, poniendo a disposición recursos para lograr acuerdos con enfoque social como, una inmobiliaria popular en el contexto ambiental de Estación Central”.

A cargo de quién está la DOM de Estación Central

Tras la firma del acuerdo, empleados de la Dirección de Obras Municipales de Recoleta han prestado colaboración en esa oficina de Estación Central, incluyendo a quien ejerce actualmente como Director (s) de la Dirección de Obras Municipales de Estación Central: Juan Hernández Zepeda. 

Su presencia en esa comuna es otro factor que abre la duda entre los involucrados de si allí se podría repetir una trama similar a la que mantiene enfrentados a Jadue con la Inmobiliaria Bellavista.

Además, la Municipalidad de Estación Central presentó el pasado 13 de mayo una querella en contra de cuatro exfuncionarios de su Dirección de Obras Municipales (DOM) por los delitos de prevaricación administrativa y negociación incompatible (los mismos por los que se quiere enjuiciar a Jadue), argumentando que los permisos de edificación otorgados, presuntamente, infringen las normas urbanísticas.

La “comisión de servicio” de Juan Hernández

Los datos disponibles en la página de Transparencia de la Municipalidad de Recoleta permiten ver que Juan Hernández Zepeda es arquitecto. En esa comuna tenía el cargo de Jefe de Inspección de la Dirección de Obras Municipales.

Según información disponible en el mismo portal, es personal de planta de la Municipalidad, y trabaja allí desde el 13 de abril de 2013 por tiempo indefinido. 2013 fue el año en que Recoleta se negó a la recepción del edificio de la  Inmobiliaria Bellavista.

La misma página de Transparencia de Recoleta muestra que desde el mes de abril de este año Hernández Zepeda se encuentra en “comisión de servicio” en Estación Central. 

El último reporte disponible es de julio de 2022 (actualizado el 12 de agosto) en el que se mantiene invariable la información. 

En el mismo mes de julio de 2022 Hernández Zepeda figura como personal a contrata de la Municipalidad de Estación Central con funciones de Director (S) de la Dirección de Obras Municipales. Datos que fueron actualizados el 11 de agosto de este año. 

En Recoleta aparece devengando una remuneración bruta en el mes de julio por $4.176.127 (incluyendo el pago del Programa de Mejoramiento de Gestión, PMG) y en Estación Central, dice en el portal de Transparencia, tuvo una remuneración bruta de $3.429.836.

Abogados consultados por El Líbero, que han trabajado en la administración del Estado, explican que si un funcionario está en comisión de servicio es la municipalidad de origen -en este caso Recoleta- la que debe continuar pagando su remuneración, y “no corresponde que reciba dos sueldos si es que ese fuera el caso”. 

Además, se preguntan por qué si el cargo de Director de Obras Municipales se encuentra vacante no se abre un concurso, como establece el reglamento de la comuna, para que alguien ocupe definitivamente la posición. 

El Líbero contactó a la Municipalidad de Estación Central sobre este asunto, y al cierre de esta edición no se había recibido una respuesta. 

Hernández no da audiencias desde el mes de noviembre

La situación mantiene en incertidumbre a las inmobiliarias y a los compradores de los espacios que no cuentan con recepción. La situación estaría afectando a 15 de las llamadas “megatorres”, pero también a otros cinco edificios con un esquema de construcción más tradicional. 

A principios de mes desde la Municipalidad de Estación Central dijeron a El Mercurio, que se han desplegado para atender a la comunidad afectada y que en lo técnico se encuentran también analizando alternativas. 

No obstante, desde una de las inmobiliarias a cargo de uno de los edificios con una altura más tradicional dicen a El Líbero que les ha resultado imposible conseguir una reunión con Hernández Zepeda. 

En la Plataforma Ley del Lobby Juan Hernández Zepeda aparece como uno de los sujetos pasivos en la Municipalidad de Estación Central. Allí se da cuenta de que se incorporó a la alcaldía el 23 de noviembre de 2021 por un período “indefinido”. Desde entonces registra cero audiencias y reuniones. 

El riesgo de los “elefantes blancos” en un país con déficit habitacional 

Para Vicente Domínguez, director Ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), existe un “riesgo alto” de que los edificios terminen por convertirse en “elefantes blancos”, lo que asegura sería “un escándalo para las autoridades que sean incompetentes de resolver un tema tan evidente como este. Me parece de una incapacidad que raya en la locura. Imagina 20.000 departamentos deshabitados en un país en el que hay 600.000 personas sin vivienda. Es un escándalo, una barbaridad”.

César Román es una de las personas que intentó comprar un departamentos en uno de los edificios que no supera los 14 pisos de altura. Es inmigrante. Relata que firmó la promesa con la inmobiliaria en 2018 y lamenta que estemos cerca de 2023 y él todavía no haya logrado “el sueño” de la vivienda propia. En especial cuando vendió su casa en Venezuela para amoblar el departamento que se compraría en Chile. 

En el ínterin ha pedido dos créditos, que ha perdido, porque la aprobación dura 90 días. Relata que en la primera ocasión la cuota mensual que tendría que pagar iba a ser de $380.000, en octubre del año pasado, cuando creyó que le entregarían la recepción al edificio. Dice que entonces la municipalidad guardó silencio. En febrero nuevamente volvió a solicitar el crédito. El dividendo le subió a casi $600.000, pero la respuesta de la municipalidad fue que no les darían la recepción. 

“Estoy muy desesperado porque estoy pagando arriendo. Yo quisiera no estar pagando arriendo sino la cuota de mi departamento. Esto además afecta psicológicamente porque uno se deprime, se decepciona, no sabes qué hacer, a quién dirigirte. Además están metiendo a todos los edificios en la misma situación. Este problema que tengo yo lo tienen muchísimas personas, a nadie le agradaría querer hacer una inversión, querer intentarlo, y que la única respuesta sea ‘no’”, lamenta Román.

En su caso, había pactado la compra de un departamento de dos habitaciones, dos baños y un puesto de estacionamiento. Ahora, además del tiempo perdido, no sabe si su ingreso mensual le alcanzará siquiera para probar suerte en otro lugar.

“Ya, a estas alturas, creo que el sueldo no me da. A lo mejor me alcanzará para una habitación y un baño, y eso es un retroceso, una pérdida. No es lo que me propuse. La UF se ha disparado, y sigo sin tener algo propio, es desesperante”, dice.

Cambio de criterio en Estación Central

El director Ejecutivo de la ADI, Vicente Díaz, explica que lo que ha sucedido en Estación Central es que los edificios fueron construidos conforme a las disposiciones que estaban vigentes en el momento de obtener los permisos de edificación. “Por lo tanto, le corresponde a la Dirección de Obras, una vez que se construyen los proyectos conforme al permiso de edificación, aprobar su recepción”. 

Señala que la DOM actual no ha querido otorgar la recepción final pues estima que las condiciones de edificación y la normativa urbana de la comuna de Estación Central se modificó en el intertanto, “pero cuando ya los permisos estaban obtenidos. Por lo tanto, esa modificación conforme a las normas y a la tradición que hay es que no afectan a los permisos obtenidos con anterioridad. Rige a futuro, a los próximos proyectos que se presenten”. 

Esto ha causado que en estos momentos haya “por lo menos unos 5.000 departamentos que están ya listos y están desocupados, y no pueden ser enajenados, ni arrendados”.

Sobre la posibilidad de que la situación llegue a tribunales y pueda ocurrir en Estación Central algo similar a lo que pasó en Recoleta, Díaz argumenta: “Las inmobiliarias me parece que no están dispuestas a algo así, porque la cantidad de recursos que ha presentado el alcalde de Recoleta para impedir que se reciba ese edificio son actuaciones que a mi modo de ver son ilegales, pero si los tribunales de justicia no ponen coto al tema no hay mucho que hacer”.

Agrega que en el caso de Recoleta ha visto el edificio “y en el barrio que está instalado no desentona en absoluto con el entorno, y allí está afectada mucha gente que comprometió comprar. Me parece una cosa bastante antojadiza del alcalde de Recoleta, pero lamentablemente los tribunales de justicia no le han puesto coto al tema y allí está. Entonces, claro que los desarrolladores de Estación Central miran con pavor que ellos entren en un mismo saco y estén allí diez años, con edificios parados, manteniéndolos y es una pérdida brutal”.

Todos en el mismo saco

El director Ejecutivo de la ADI además sostiene que están afectando en forma “genérica” a todos los edificios. “Hay edificios que son bastante normales o corrientes, y hay otros que son lo que se ha denominado ‘guetos verticales’, que es el nombre que se les acuñó, que son edificios muy grandes, con pocos servicios urbanos tal vez que, a mí personalmente, me parecen inconvenientes para la ciudad, pero eso no es lo que está en juego lamentablemente. Porque si fuese así, los edificios que son corrientes, deberían haber sido recibidos”.

Señala que la Dirección de Obras “no se hace cargo” de que les está aplicando a los edificios una norma que fue posterior a los permisos de edificación.

Otra de las personas involucradas en la compra de seis locales comerciales en la plata baja de uno de estos edificios más pequeños cuestiona que “muchas veces termina siendo un tema político más que práctico y tiene perjuicio para todas las personas que han invertido en Estación Central, que al final no son grandes empresarios los que invierten en departamentos en esa zona, sino que son pequeños inversionistas que compran el departamento para que el arriendo le pague el dividendo y complementar su renta el día de mañana… se traba todo ese proceso por un tema más que nada político”.

Sobre si avizora una solución responde que “depende mucho de cuánta presión se le ponga a las autoridades para resolver esto, porque parece que reciben la presión de parte de quienes no quieren que se desarrollen estos proyectos. Obviamente que cuando se hacen proyectos de alta densidad con edificios muy grandes tampoco es bueno, pero entonces que no den los permisos para hacerlos. En el caso de los locales que compramos nosotros están en un edificio de 12 pisos, absolutamente razonables, terminan metiendo a todos en el mismo saco y perjudicando a todas las partes, y como a las autoridades políticas no les afecta de manera negativa lo dejan pasar. Y así es como ha pasado un año sin la recepción final”.

Otro punto en el que hay coincidencia desde distintas voces es que es inviable demolerlos por los costos asociados y por el impacto ambiental que esto tendría. 

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