El Caso Convenios estalló en junio de este año cuando la diputada Yovana Ahumada (ex PDG) ofició a la seremi de Vivienda de Antofagasta para reunir información sobre el convenio que mantenía con la Fundación Democracia Viva, luego de que un mensaje por Whatsapp de funcionarios de esa repartición le alertara de irregularidades y malos tratos.
Desde ahí, los convenios entre entidades públicas y fundaciones se transformaron en una bola de nieve que provocaron que Contraloría ordenara auditorías a 10 gobiernos regionales y 16 seremis que están prontas a ser liberadas. Sin embargo, en la Región de Magallanes ya había habido luces de alerta.
Esto, porque una auditoría que Contraloría hizo al Gore de Magallanes -emitida en octubre de 2022 y que se hizo en todo el país- detectó que la iniciativa “Puesta en valor del patrimonio cultural e identitario de Tierra del Fuego como estrategia de desarrollo”, de la fundación ProCultura, se aprobó “sin cumplir los requisitos establecidos para la asignación” de recursos. Fueron $28.795.000 otorgados el 20 de diciembre de 2021 para ejecutar el proyecto en 2022.
El Líbero revisó las auditorías que se hicieron en el resto de las regiones, sin hallar un caso similar de entrega de recursos sin pasar las barreras de entrada. El caso que sí pasó al Consejo de Defensa del Estado y a la justicia, fue el de posibles sobreprecios en servicios contratados por Santiago, denunciado por el propio gobernador metropolitano, Claudio Orrego, a fines de 2022.
Consejero: “Hubiésemos conocido el escándalo antes”
Lo que lamenta el consejero regional Alejandro Riquelme (Rep), es que, pese a los antecedentes, Contraloría no ordenó que se hiciera un sumario ni envió lo observado a tribunales o al Consejo de Defensa del Estado: “Si hubiese denunciado estos hechos el año pasado, hubiésemos conocido el escándalo de las fundaciones, pero en el Gobierno Regional de Magallanes”.
Conocedores del tema, explican que Contraloría detectó ese y otros problemas, pero no podía haber tomado otra acción, pues como no se detectó delito, no correspondía hacer llegar los antecedentes al Ministerio Público. ¿Y sumario? Como al momento de la auditoría ProCultura no tenía rendiciones pendientes, tampoco procedía. Sin embargo, terceros -o desde el mismo Gore- sí podrían haber levantado el caso, lo que ocurrió después.
El ex presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, coincide en que no había delito, «pero ciertamente es una falta grave, pues el Core infringió su propia resolución que busca dar garantías de imparcialidad a los postulantes y además, podría haber una falta a la probidad porque al asignar sin exigir el cumplimiento de los requisitos puede haber desechado otros proyectos que sí los cumplían. Esto se parece mucho a asignar recursos a dedo (sin requisitos) donde se favorece a un proyecto por consideraciones ajenas al mérito objetivo del proyecto, como amistad o cercanía ideológica». A su juicio, Contraloría sí podría «haber instruido un sumario para investigar y determinar responsabilidades».
Consultada la Contraloría, explican que actualmente se están revisando todos los traspasos de gores a fundaciones y que los resultados se conocerán en noviembre.
El Gobierno Regional de Magallanes confirma a El Líbero que tras la auditoría, respondió un informe de seguimiento y están a la espera del informe final. El Consejo aprobó que a raíz de la auditoría se realizara una de carácter interno por los problemas administrativos (ver abajo) y se dio curso a la solicitud de Riquelme para licitar una de carácter externo que “se encuentra en proceso de creación de términos de referencia”.
Gore de Magallanes justificó una “excepción”
Puntualmente, el proyecto de ProCultura no informó el detalle de los gastos en que se incurriría durante la realización de la iniciativa, no adjuntó cotizaciones de gastos operacionales ni los profesionales o técnicos que trabajarían en la iniciativa y /o su experiencia, todos requisitos fijados entonces en el “manual de procedimientos iniciativas de interés regional –no concursable- relacionadas con actividades Culturales Grandes eventos culturales con cargo al 6% FNDR”, del Gore en 2021.
Mediante una carta al gobernador, Jorge Flies, ProCultura pidió “presentar el proyecto sin individualizar los recursos humanos, a fin de realizar la selección de manera meticulosa y con el compromiso de recibir una respuesta positiva al financiamiento del proyecto, estos se definirán y se presentarán sus antecedentes para evaluación, previa a la firma del convenio”.
Contraloría le hizo ver esto al Gore, el que respondió que ellos podían disponer “excepcionalidades” a ese instructivo si existieran razones fundadas para ello y que ProCultura había cumplido con su palabra al adjuntar los datos posteriormente. Sin embargo, el ente controlador replicó que no hubo ningún “acto administrativo” donde se explicara a qué se debía la excepción. También concluyó que como se trataba de una “situación consolidada”, debían cumplir con el manual a futuro.
ProCultura es investigada por los convenios que hizo en las regiones de Antofagasta,Valparaíso, Biobío, Aysén y Magallanes. Se le critica haber postulado a proyectos desde pintura de fachadas patrimoniales a programas de prevención del suicidio. Además, su director ejecutivo, el psiquiatra Alberto Larraín, es cercano al Presidente Gabriel Boric, y su pareja, Irina Karamanos, trabajaba en esa fundación hasta el momento de convertirse en Primera Dama.
Las otras observaciones que hizo la auditoría fueron que no se pudo verificar las firmas electrónicas (debido a un cambio de sistema); con la “falta de procedimientos definidos para asignación directa” y la contratación por ese medio de un chárter para un vuelo local, además de algunas inconsistencias en documentaciones.
El proyecto ProCultura en Magallanes
El programa “Puesta en valor del patrimonio cultural e identitario de Tierra del Fuego como estrategia de desarrollo” consistió en la creación de un “Archivo Fotográfico de Timaukel y la ejecución de la segunda etapa de los archivos fotográficos de Primavera y Porvenir; la impresión de un set de postales y el montaje de las exposiciones correspondiente a los archivos fotográficos de las tres comunas; los servicios de producción fotográfica de Tierra del Fuego y sus atractivos patrimoniales”.
Esta iniciativa, según una declaración de la fundación, duró seis meses (es decir, hasta al menos junio de 2022), necesitó tres profesionales y ya fue rendida. Incluso Contraloría la cerró administrativamente el 5 de junio.
Según el consejero Riquelme, en mayo, cuando se desarrollaba la auditoría, esta fundación tenía rendiciones pendientes y pese a ello, el 6 de mayo, el Gore celebró un nuevo convenio con ProCultura. Esta vez, fue un proyecto de $23.690.000 para restaurar los murales urbanos ubicados en la costanera de Punta Arenas, entre las calles José Menéndez y Avenida Colón. Sin embargo, la fundación aseguró que en ese entonces, no tenían ninguna rendición pendiente con el Gore, pero el consejero sigue dudando, porque este no le ha facilitado las rendiciones, por lo que recurrió de amparo al Consejo para la Transparencia, que en septiembre del año pasado falló a su favor para la entrega de la información, lo que aún no se concreta, denuncia.
Riquelme también apuntó otra falta al manual tanto de 2021 como 2022: que ProCultura no tiene domicilio legal en Magallanes. Esto estaba identificado como una obligación. Actualmente la fundación informa una sede en la comuna de Porvenir, Tierra del Fuego.
A raíz de esto, denunció irregularidades en julio y en agosto el Ministerio Público comenzó a investigar los casos tras una denuncia del diputado James Matheson.
Denuncia de «triangulación»
El lunes 23 de octubre el consejero Riquelme expuso en la Comisión Investigadora del Caso Convenios en la Cámara de Diputados. Allí, a título personal, ahondó en otras denuncias que ha hecho sobre ProCultura.
La primera, es que para el proyecto de recuperación del mural, ProCultura “tercerizó” el servicio, contratando a la empresa Agencia de Turismo Patrimonial Spa (creada en 2021), “cuyo dueño es Francisco Fuentes Araya, director de Patrimonio Natural y Sustentabilidad en la Fundación ProCultura”, por lo que podría haber una “triangulación” en los recursos.
El presidente de la comisión, José Miguel Castro (RN), advirtió que es una arista nueva en la que no se habían detenido. “Pensé que las mismas fundaciones eran las que facturaban y ahora vemos triangulación de facturas, lo que es gravísimo. Algunas facturas son exentas de IVA y por lo tanto el perjuicio al fisco es tremendo”, dijo el diputado, que oficiará al SII para solicitar información sobre las fundaciones y entidades públicas indagadas.
Este medio consultó a ProCultura al respecto, sin obtener respuesta al cierre de esta edición.
Otro dato de Riquelme que provocó que la comisión oficiara a Contraloría, es que el jefe de la Unidad Jurídica de la Contraloría Regional de Magallanes, Cristián González, trabajó como profesor a honorarios en la Universidad de Magallanes entre agosto y diciembre de 2022, donde la secretaria general es la hermana del gobernador Flies. Este año ya no figura haciendo clases, según Transparencia, y Contraloría ya prepara su respuesta a la comisión.