La discusión que se avecina en el Congreso para definir al nuevo contralor tiene preocupado no sólo a los distintos sectores políticos, sino que también al propio Jorge Bermúdez, que el próximo 17 de diciembre dejará el cargo tras siete años.
El cese de sus funciones se dará en un momento en que se ha vuelto a poner en el debate la necesidad de reformar la Contraloría General de la República, especialmente tras lo sucedido con el Caso Convenios, que dejó al descubierto millonarios traspasos desde el Estado a fundaciones privadas, y reinstaló el debate sobre la capacidad y herramientas con que cuenta el entre contralor para fiscalizar y detectar a tiempo estas situaciones irregulares.
Acelerador en el Caso Convenios
A pocos más de dos meses de que se cumpla el fin de su periodo, Bermúdez ya se encuentra preparando su salida y lo que espera dejar como legado. Ahí uno de los focos principales, explican, será dejar concluidas las indagaciones del Caso Convenios.
Para eso desde Contraloría aseguran que han puesto el acelerador al tema y se espera que a mediados de octubre estén listos los informes de las investigaciones que se llevan adelante en todas las regiones y que incluye a 10 Gobernaciones Regionales, 16 Secretarías Regionales Ministeriales, además de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. ¿Los casos más emblemáticos? Los que involucran a Democracia Viva, ProCultura, Urbanismo Social, Arquiduc, Enlace Urbano y Kimün, entre otras fundaciones principalmente vinculadas al Frente Amplio.
No sólo regiones: Responsabilidades en el poder central
Pero en Contraloría no sólo quieren dar un golpe en las regiones, sino que la investigación también apuntará a esclarecer las responsabilidades del propio Ministerio de Vivienda y su ministro, Carlos Montes, u otras autoridades que puedan tener responsabilidad en el caso.
Y es que si bien el foco ha estado en las seremías, en Contraloría aclaran que también hay que ver cómo operó en esto el poder central y las autoridades involucradas. Es decir, explican en la entidad, revisar si hubo un control adecuado, con qué información se contaba, o si se dejó ejercer alguna responsabilidad que facilitara el fraude.
Este es un tema que toca el corazón del ministerio, pero también de La Moneda, debido a las diferentes versiones y dudas que existen respecto a si en el Ejecutivo estaban al tanto del caso. Las dudas se han acrecentado esta semana, luego de la declaración del secretario ejecutivo de RD, Edson Dettoni, ante fiscalía. De acuerdo a la carpeta de investigación, Dettoni declaró que en la reunión semanal del partido del 12 de junio, la directiva del partido acordó informar sobre los antecedentes a Carlos Durán, el jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric. “El presidente de RD, (Juan Ignacio) Latorre, se encargaría de hablar con Durán, cosa que finalmente entiendo que no sucedió, hasta que explotara la noticia”.
A esto se sumó que el lunes el jefe del segundo del piso de La Moneda y militante de RD, Miguel Crispi, optó por no presentarse a la comisión investigadora del caso que opera en la Cámara de Diputados.
Traspaso institucional
En la entidad, en todo caso, también esperan que el fin de la gestión de Bermúdez no quede circunscrita solo al Caso Convenios y los cuestionamientos que han surgido a raíz de él. Para esto, el contralor ha comunicado a su entorno que su intención es poder hacer un traspaso institucional del cargo, donde pueda dar cuenta del estado de situación de Contraloría, los avances y pendientes.
Esto, porque para Bermúdez uno de los sellos que busca dejar es la modernización de la entidad, pero al mismo tiempo dejar puesto sobre la mesa las medidas que cree se deben tomar para mejorar y actualizar la institución. Parte de estos pendientes, sería la necesidad de una nueva legislación, como la ley de transparencia 2.0, que entre otras cosas establece el derecho o facultad de Contraloría de acceder a las cuentas corrientes de los servicios públicos.
Parte del legado que busca dejar Bermúdez fue abordado en su última cuenta pública en marzo pasado, donde destacó el uso de la big data y otros servicios tecnológicos como la Inteligencia Artificial y algoritmos.
Por eso en la entidad dicen que para el contralor, más importante que el nombre que defina el Ejecutivo y el Legislativo, es que este proceso no se demore como en otras ocasiones. La última vez, de hecho, el Congreso y el gobierno tardaron cerca de ocho meses en dar luz verde a un nombre.
Que suceda algo así, dicen en el entorno del contralor, le preocupa. Entre otras cosas, porque perdería sentido todo el trabajo hecho hasta ahora y la posibilidad de poder realizar el traspaso que busca realizar y poder darle así una continuidad a su gestión.
Las polémicas y casos icónicos
Con todo, la gestión de Bermúdez también ha debido enfrentar algunas polémicas. Una de ellas se dio en el marco de la investigación que Bermúdez decidió abrir en 2020 contra siete generales del Alto de Mando de Carabineros por su presunta responsabilidad administrativa en torno a los procedimientos policiales que tuvieron lugar desde el 18 de octubre de 2019 en adelante.
La investigación que generó reparos desde el entonces oficialismo, tuvo un duro revés en septiembre pasado, cuando el 22 Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda de nulidad de derecho público presentada por los generales y dejó sin efecto la formulación realizada por Contraloría. Incluso, lo condenó en costas.
Por otro lado, Bermúdez también debió enfrentar conflictos internos, como el que tuvo con la subcontralora Dorothy Pérez, a quien intentó sacar en 2018, sin embargo la Corte Suprema determinó que él no podía removerla.
En el último tiempo, Contraloría ha tenido que hacerse cargo además de otros casos icónicos, y que han puesto en el debate la necesidad de fortalecer la entidad. Entre estos está el denominado «Caso Torrealba» en Vitacura, donde el organismo realizó una auditoría a los funcionarios de la Municipalidad.
También el caso de la fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella por parte del municipio de Santiago, acción que Contraloría objetó además de abrir un sumario para determinar responsabilidades administrativas.
Que llegue luego el 15 dic y se vaya lo más pronto posible el CGR más nefasto y desagradable en la historia de Chile