Dedicada a la Comunidad Autónoma de Temucuicui fue la tesis de pregrado escrita en 2009 por Matías Meza-Lopehandía, el abogado de Derechos Humanos, experto en pueblos originarios, que se convertirá en el nuevo jefe de gabinete de Gabriel Boric.

La Operación Huracán que terminó con la muerte del comunero mapuche, Camilo Catrillanca y el asesinato del PDI Luis Morales durante un allanamiento son parte de los hechos que han marcado el conflicto en las más de 3 mil hectáreas que componen Temucuicui y que funcionan como territorio autónomo donde no rige el Estado de Derecho. 

“Este trabajo está dedicado a la Comunidad Autónoma de Temucuicui y en especial a sus niños, que padecen cotidianamente en forma de represión policial y discriminación, la violencia de la negación de los derechos de su Pueblo Mapuche”, dice Meza-Lopehandía en “Territorio y autonomía de los pueblos originarios en Chile”, su tesis de Derecho de la Universidad de Chile donde respalda la recuperación de territorios indígenas, incluso en zonas que han sido dominadas por la violencia como el caso de Temucuicui, emplazado en la comuna de Ercilla. 

El abogado milita en Convergencia Social y se desempeña como asesor en la Biblioteca del Congreso y consejero político de Boric. Adquirió un rol relevante dentro del círculo de confianza del presidente electo debido a su designación como secretario ejecutivo del equipo político para la segunda vuelta. Apoyó a Boric en la elaboración de su discurso tras el triunfo en el balotaje y fue parte de sus asesores en materias indígenas, uno de los temas protagonistas durante los últimos meses por la violencia reportada desde la Macrozona Sur y sobre el cual el próximo gobierno deberá definir sus lineamientos a seguir.

En su tesis, que fue publicada en 2012 por la Editorial Académica Española, Meza-Lopehandía concluye que es imprescindible para Chile “abrirse al acogimiento de las reivindicaciones indígenas” y asegura que “el territorio de un Estado pertenece a el o los pueblos que los constituyen y no puede ser enajenado”. Para validar esa idea el abogado cita a uno de los dirigentes mapuche de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Rodrigo Huenchullán, quien -en una entrevista desde la clandestinidad- defiende el uso que le dan al predio “recuperado” por su valor espiritual y cultural, por sobre la valoración económica que le hubiesen dado las autoridades. 

Sin embargo, Francisco Alanis, presidente de la Asociación para la Paz y Reconciliación en la Araucanía (APRA), asegura que la mayoría de la gente que vive en esa zona está «capturada por grupos menores que ejercen la violencia» y que en la mayoría de los casos «la gente que se dedica a la agricultura lo hace bastante bien con muy pocos recursos y tecnología».

El diputado del Distrito 23 Miguel Mellado (RN) critica la reivindicación de estos terrenos y asegura que la cantidad de hectáreas que tiene “está lograda exclusivamente por la fuerza y no por la ley”. “Las casi 3 mil hectáreas que Temucuicui tiene producto de un título de merced –que era de 250 hectáreas– y que fue tomado por la fuerza producto de años de hostigamiento, sabotaje a los agricultores y a los forestales que estaban ahí para poder lograr esos terrenos, ¿están validados por el jefe de gabinete? ¿Están validados por el presidente electo?”, cuestiona el parlamentario. 

Desde la Asociación de Víctimas de Violencia Rural en La Araucanía (Avvru), aseguran que no es un tema competente para ellos porque no poseen registros de víctimas en Temucuicui. Sin embargo, el presidente de la colectividad, Alejo Apraiz, asegura que la designación de Matías Meza-Lopehandía en el gobierno podría ser compleja, puesto que debiese mantener o tratar de mantener el Estado de Derecho. «Si él pretende tener negociaciones con los líderes de esta comunidad, que en todo el mundo sabemos que es violenta, no nos da mucha esperanza», dice.

El clan líder de Temucuicui

El clan familiar de los Huenchullán Cayul es uno de los más imponentes de Temucuicui. Entre los siete hermanos Jaime, Jorge y Rodrigo tienen una larga lista de entradas y salidas de prisión. Jorge está prófugo y es uno de los dirigentes más buscados de la Macrozona Sur por los delitos consumados de tráfico de drogas, tenencia ilegal de arma de fuego y municiones.

En dos ocasiones las autoridades han intentado entrar a Temucuicui para detenerlo y en ambas veces han salido del lugar a tiros. En enero de 2021, un procedimiento antidrogas que, entre otras cosas, buscaba su captura terminó con la muerte del PDI, Luis Morales. En agosto nuevamente repelieron los esfuerzos de la policía a balazos.

En 2016, Gabriel Boric fue a Temucuicui, zona en la que desde hace años no hay libre tránsito, tanto que no se pudo hacer el censo en 2017, y en donde las fuerzas policiales tienen prohibición tácita de ingresar y son repelidos a disparos. El objetivo del viaje era recorrer la zona y allí se encontró con Jaime, que era vocero de la comunidad. 

Jaime Huenchullán fue uno de los capturados e imputados en la Operación Huracán de 2017, apenas un año después del encuentro con Boric, instancia donde también se detuvo a su hermano Rodrigo -citado por el abogado Meza-Lopehandía- y al vocero de la CAM Héctor Llaitul, operación en la que luego se comprobó se habían utilizado pruebas falsas. 

De acuerdo con Alanis de APRA, «citar a Temucuicui es una mala referencia. Yo le pediría a las autoridades de este nuevo gobierno que visiten la región y que tomen los referentes de las comunidades que realmente viven en torno a su cosmovisión, que viven como comunidades, que han logrado desarrollar toda su cultura y trabajo».

Ese mismo año la comunidad anunció que no iban a dejar pasar a nadie para realizar el censo, amenaza por la que el Gobierno decidió no enviar a ningún censista, aunque dispuso cuestionarios censales en las oficinas municipales de Ercilla. Se contabilizó a 271 personas y 83 viviendas en Temucuicui. 

Apenas un año después, en medio de un operativo del Comando Jungla, Catrillanca (24) -uno de los líderes de la comunidad y nieto de un lonko respetado en la zona- falleció de un tiro en la espalda. Su muerte marcó el inicio de la radicalización de la violencia en la zona y profundizó el quiebre con el Estado y las fuerzas policiales. 

Rol como investigador en Comisiones de DD.HH del Congreso

Meza-Lopehandía conoció a Boric el año 2004 cuando fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde el presidente electo estudió y ambos participaron en el colectivo Estudiantes Autónomos.

Desde enero de 2014, Meza-Lopehandía tiene decenas de publicaciones registradas en la Biblioteca del Congreso Nacional, donde se desempeñó realizando asesorías parlamentarias y análisis en la tramitación de proyectos de ley en las comisiones de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

Entre los documentos para asesorías de su autoría están “Panorama de la participación indígena en la institucionalidad chilena”, “Autonomía territorial indígena: Estándar internacional y ejemplos en la experiencia extranjera”, “La nacionalidad a la luz del principio constitucional de plurinacionalidad” y “La consulta previa indígena en la tramitación legislativa”. 

En uno de ellos, elaborado para la discusión de la ley que modifica el Código Penal para reconocer derechos penales y procesales en favor de las personas pertenecientes a pueblos indígenas, Meza-Lopehandía habla sobre el delito de asociación ilícita terrorista y si éste aplica o no para los grupos que están en una reivindicación territorial, sanción penal que buscaba excluir la moción parlamentaria abordada. Escrito en julio de 2021, el abogado plantea al respecto en “Pluralismo jurídico penal en materia indígena: Estándar nacional y normativa chilena”, que la recomendación de organismos internacionales ha sido evitar la aplicación de esa norma, sin embargo, asegura que “la exclusión propuesta se restringe a organizaciones cuya reivindicación califique como territorial, sin que se exija que se trate de organizaciones indígenas ni tampoco de territorios indígenas”.

Sobre la reivindicación, Meza-Lopehandía planteaba en su tesis que es necesario “modificar la Constitución para que pueda acoger un Nuevo Trato con los Pueblos Originarios que responda a las legítimas demandas de estos ya recogidas por el derecho internacional”. Aseveró en ella que “solo así podremos garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y avanzar hacia una sociedad verdaderamente reconciliada y respetuosa de la diversidad”.

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